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Este jueves por la tarde comenzarán las votaciones en particular de las disposiciones temporales en la instancia liderada por Elisa Giustinianovich y Eduardo Castillo. Son 239 enmiendas que buscan regular de mejor manera lo aprobado en general, la puesta en marcha de la nueva Constitución. Serán dos horas de votación, que continuarán el viernes.

Hasta las 23:59 del martes 24 de mayo tenían los constituyentes para presentar indicaciones a las 302 normas transitorias provenientes de las siete comisiones temáticas.

Estas se comenzarán a votar la tarde de este jueves, tras un espacio de deliberación sobre las múltiples propuestas recibidas.

Tras intensos trabajos de los últimos días, se lograron ingresar propuestas transversales, que incluyeron a Independientes No Neutrales, Escaños Reservados, Frente Amplio, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Partido Socialista, Colectivo del Apruebo y Pueblo Constituyente.

En total se presentaron 239 indicaciones provenientes de siete grupos distintos compuestos por mezclas de representación de los colectivos mencionados anteriormente y de forma individual, Vamos por Chile.

¿Qué proponen y qué comenzará a votar la Comisión, con un quórum de ⅗ de los votos para su aprobación, este jueves desde las 18:00?

Indicaciones generales

Sobre el texto completo se propuso que hasta que no haya una modificación, derogación, sustitución o declaración de inconstitucionalidad, toda norma dictada antes de la aprobación de la Constitución seguirá vigente. Junto a ello, que los órganos del Estado deberán adecuar su normativa según lo señalado en la Carta Magna no más de cinco años desde que entre en vigencia.

Otro artículo señala que los órganos del Estado deberán comenzar su transición tres meses luego de la aprobación de la Constitución, es decir, fecha de inicio pero no de término.

Poder Ejecutivo y Legislativo

Otra norma general propone que los nombramientos relativos a los órganos creados por esta Constitución que se realizarán antes de la instalación del Poder Legislativo, los hará el Congreso Nacional en sesión conjunta.

Asimismo “en los demás casos, se mantendrán en vigor los procedimientos, quórums, requisitos y los órganos que intervienen en la designación de las autoridades previstas en la Constitución anterior”.

Además, se propone que las autoridades electas por votación popular que se encuentren en ejercicio, se sujetarán a las reglas de reelección vigentes con anterioridad. Es decir, el Presidente actual no podrá presentarse a la reelección en el periodo siguiente.

También se indica que las normas de reforma a la Constitución en cuestión entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Cualquier reforma constitucional que se lleve a cabo en la legislatura actual, deberá ser aprobada con el voto de ⅔ de los diputados y senadores en ejercicio. 

Derechos Fundamentales

Una de las indicaciones aprobadas propone que Presidencia presente proyectos para implementar el Sistema Nacional de Seguridad Social y el de Cuidados en 12 meses; el de Salud en 18 meses; y el de Educación, Educación Pública y el Integrado de Suelos Públicos en 24 meses, con la condición de que el parlamento concluya su tramitación no más de dos años después desde su presentación.

Sin embargo, otras propuestas cambian las delimitaciones temporales. Por ejemplo, de Seguridad Social piden que en un plazo de seis meses se someta a tramitación legislativa, a través de un mensaje presidencial todos los proyectos necesarios para adecuar la legislación vigente a los principios y normas de esta materia.

Desde que se reciba el proyecto, transcurrido un año, la gestión de las AFP será asumida por el organismo administrador del Sistema Público de Seguridad Social, y de no haberlo, lo hará del Instituto de Previsión Social. El régimen de inversiones estaría a cargo del Banco Central. Si a los dos años no hay ley, se propone que se haga un Decreto con Fuerza de Ley para dar cumplimiento a la norma.

Además, se pone un plazo de un año para la creación de la Comisión Territorial Indígena, 180 días para crear mediante decreto, una instancia de resolución alternativa de conflictos en relación con las denuncias de violación de Derechos Humanos de la Niñez; 18 meses para ingresar un proyecto de ley integral sobre vivienda y urbanismo; también 18 meses para presentar un proyecto de ley que adecúe la legislación laboral, entre otros.

Respecto a la propiedad, Vamos por Chile propuso que toda la que se haya adquirida bajo la legislación anterior no podrá ser afectada por las leyes y normas dictadas con posterioridad, al igual que con normas relativas al financiamiento de los establecimientos educacionales particulares subvencionados, concesiones sobre los recursos naturales y las concesiones mineras.

De salud, el conglomerado de derecha pide que la ley que establezca las cotizaciones obligatorias en un sistema único no entre en vigencia hasta 20 años después de la promulgación de la nueva Constitución. Además, de agua piden que los dueños de derechos de aprovechamiento mantengan su propiedad.

Medio ambiente y derechos de la naturaleza

Se proponen muchos plazos para implementar estatutos de humedales, bosques glaciares y criosfera y otros. Dentro de ellos se estipula una suspensión de dos años desde la entrada en vigencia de la Constitución para la tramitación de cualquier proyecto de ley, acuerdo o tratado internacional relacionado con semillas.

Seis meses es el plazo que proponen para enviar un proyecto que contemple la instalación de la Agencia Nacional de Aguas y consejos de cuenca. En su tramitación, se hará cargo de las funciones la Dirección General de Aguas.

Respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, se propone que transitarán a ser autorizaciones de uso de agua y en un plazo de cinco años los titulares deberán regularizar la autorización de su uso.

De Minería se propone que Codelco continúe ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre el cobre por la nacionalización vigente en la disposición transitoria tercera actual.

También se da un plazo de dos años para que Presidencia ingrese un proyecto de regulación de impactos y efectos sinérgicos de la actividad minera.

Materias regionales

Se propone que la Región Autónoma y la Comuna Autónoma será la continuadora y sucesora legal del Gobierno Regional y de la Municipalidad, respectivamente, pasando sus funcionarios a desempeñarse en aquellas. Sus autoridades seguirán como continuadores funcionales.

Se fijan plazos de dos años para dictar normas de territorios especiales y un año para realizar una consulta en Rapa Nui para crear su Asamblea Territorial y elaborar su Estatuto de Autonomía.

Otro plazo que incluyen es el de dos años para que el Poder Legislativo apruebe progresivamente las normas legales que regulen los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales, con la condición de que “si al 31 de marzo de 2024 no se hubiere expedido las normas legales, el Gobierno procederá a hacer presente la urgencia para la tramitación y despacho del proyecto de ley”.

Sistemas de Justicia

Respecto a la cesación de los jueces se propone que los integrantes de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones terminarán el período para el cual fueron nombrados, además de no realizarse nuevos nombramientos desde que entre en vigencia la Constitución.

Sobre establecimientos penitenciarios concesionados buscan que se mantenga el régimen hasta que termine la concesión otorgada, sin abrir nuevas licitaciones.

Además, se propone que desde que entre en vigencia la nueva Constitución, el Tribunal Constitucional no pueda conocer nuevas causas y la Corte Constitucional deberá instalarse dentro de los seis meses posteriores.

Del Consejo de Justicia buscan que el Ejecutivo debe presentar un proyecto que lo regule hasta un año entrada en vigencia el texto, que de no ser despachado en dos años siguientes, se tendrá por aprobado.

Sistemas de Conocimiento

Durante el primer año desde la entrada en vigencia de está Constitución, se deberá implementar un Observatorio Digital que tendrá como objetivo monitorear, registrar y analizar las dinámicas digitales, así como establecer indicadores para medir su desarrollo”, es una de las normas propuestas a continuación de la regulación de derechos digitales.

Además, buscan que se realice un Catastro Nacional de Conectividad no más de un año luego de la promulgación. Además, en dos años deberá dictarse la ley de Protección de Datos y deberá crearse la Agencia Nacional de Protección de Datos.

Revisa el comparado con todas las normas aprobadas en general y sus indicaciones respectivas en el siguiente documento:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 26 May 2022
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