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En los últimos días se identificó una redacción errónea en uno de los artículos de la propuesta constitucional, específicamente sobre la cancelación de la carta de nacionalidad. Expertos e incluso algunos convencionales señalaron que efectivamente hubo un error, pero las lecturas de cómo debe aplicarse el artículo en caso de aprobar el texto varían. Conoce las perspectivas a continuación.

“Tan mal quedó el texto de la Convención que si usted lee bien este artículo, la nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, SALVO QUE LA CARTA SE HAYA OBTENIDO CON DECLARACIÓN FALSA O FRAUDE”, decía un tuit publicado por el exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavéz la tarde del lunes.

Esa misma noche, el periodista Juan Vallejos publicó a través de su Instagram y TikTok un video con el mismo contenido: La propuesta constitucional dice que la nacionalidad se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude.

Y efectivamente, es lo que dice el artículo 161 del texto:

La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales, y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida:

a) Renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente.

b) Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes.

c) Revocación por ley de la nacionalización concedida por gracia.

¿Qué pasó?

En su Armonización, cambió la redacción del texto. La versión original aprobada en el Pleno fue la siguiente:

131.- Artículo 22.- La nacionalidad chilena se pierde, exclusivamente:

Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;

Por cancelación de la carta de nacionalización, siempre que la persona no se convirtiera en apátrida, salvo que se hubiera obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes;

Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.

En el caso del número 1, la nacionalidad podrá recuperarse en conformidad al número 3 del artículo 1. En los restantes casos, sólo podrán ser rehabilitados por ley.

En su versión original se entiende que, si se falsifica o se realiza un fraude con la carta de nacionalización, la persona sí podría quedar apátrida (excepto en NNA). Ahora, se entiende que, si se obtuvo la carta por declaración falsa o fraude, no se cancelaría la carta.

Las autocríticas y proyección

La abogada, exconvencional de Independientes No Neutrales y excoordinadora de la Comisión de Armonización, Tammy Pustilnick fue enfática en su análisis: “Creo que el artículo quedó mal redactado. Genera una interpretación que puede ser confusa pero en ningún caso se puede llegar al absurdo de pensar que si obtuviste tu carta de nacionalización por fraude o falsificación no te la van a poder revocar, es un absurdo interpretarlo de esa forma porque hay que verlo conforme al inciso primero”.

Y no fue la única en reconocer el error. También lo hizo el exconvencional Fernando Atria a través de su cuenta de Twitter:

El también abogado y el coordinador de la Comisión, Daniel Bravo (Pueblo Constituyente) señaló que “se está omitiendo considerar (en la interpretación absurda) la  frase “solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida” (art. 116.1), y se lee aisladamente la letra b) “Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Si se leen juntas, se aclara el sentido: La nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, siempre que la persona no quede en condición de apátrida salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude”.

El abogado y académico de derecho constitucional de la Universidad de Chile y San Sebastián, Jorge Barrera, también compartió que la norma quedó mal redactada: “Entiendo cuál fue la intención que tuvo en definitiva la Convención: fue en el caso de los apátridas, fue proteger a NNA porque por tratados internacionales no pueden quedar apátridas. Pero está mal redactado y lo que da a entender al final, independiente de todos los criterios interpretativos que quieran usar para mejorarla, es que las personas que hayan obtenido la carta de nacionalización con declaración falsa o falsedad en la declaración, no se les a a poder cancelar. Ese es el tenor literal de la norma”.

En la misma línea responde la académica de la Facultad de Derecho y miembro de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, Marcela Peredo: “Creo que la expresión es muy poco afortunada porque, más allá de la interpretación global del artículo, porque el artículo es bueno, porque incorpora la idea de que las personas no pueden ser apátridas y me parece muy interesante que se haya constatado eso dentro de la propuesta”.

“Creo que en lugar de esa expresión tendría que haber habido una idea que a estas personas obviamente se les retira la carta o se les aplicará las penas que señale la ley”, agregó la abogada.

Los exconvencionales insisten en que debe aplicarse la comprensión global pero que la norma podría estar sujeta a modificaciones.

“Podría reformarse. En todo caso, si no se reforma el artículo no pasa nada, en el sentido que yo creo que la interpretación que se le quiere dar es absurda. Se tiene que interpretar de forma armónica con el inciso primero y no aislada. Ahora, si me preguntan ¿qué reformarías tú si es que hay algo que reformar de la propuesta constitucional? Bueno, este sería un artículo que yo reformaría para que quede más clara la redacción”, señaló Pustilnick.

No obstante, el abogado Barrera argumenta que “no es una interpretación absurda, discrepo de esa idea, es lo que dice el texto. Uno no puede pretender tener interpretaciones laxas para ciertas cosas y para otras no. Si es que quieren darle el sentido y alcance que ellos señalan en la discusión, se necesita una reforma constitucional”.

A esto el docente suma que “la nacionalidad es un derecho fundamental, por lo tanto la interpretación siempre debe ser pro derecho, pro persona, por lo que tengo que buscar la interpretación que sea menos lesiva para la nacionalidad. Si no lo cambian, va a tener efectos nocivos aunque no lo quieran”.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 20 Jul 2022
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