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En la campaña por el plebiscito de salida se han realizado diversas afirmaciones sobre los alcances de los artículos del texto propuesto. Sin embargo, muchas de ellas son cosas que no se sabe si van a ocurrir o no, porque su aplicación depende de la ley y, en reiterados casos, leyes que deberán ser creadas o sustancialmente modificadas. A continuación te explicamos cuáles son los derechos sociales, órganos autónomos y otras políticas sujetas a la legislación.

¿Vamos a tener que cotizar el doble para tener un seguro privado de salud? ¿Cómo va a funcionar el sistema jurídico indígena? ¿Vamos a poder o no heredar los fondos de pensiones?

Son muchas de las preguntas que han circulado en los últimos meses y se han reforzado en la campaña por el plebiscito de salida. En algunos casos incluso se han realizado afirmaciones al respecto, como que no habrán viviendas propias o que se pondrá fin a las zonas de sacrificio, ambas señaladas en la franja electoral del Rechazo o el Apruebo, respectivamente.

Sin embargo, son preguntas para las que la propuesta constitucional no tiene respuesta y afirmaciones cuya certeza no está definida. ¿Por qué? Porque el funcionamiento, implementación y alcance de estas y otras normas queda derivado a la ley.

Más de 200 aspectos de la propuesta constitucional deberán ser definidos por la legislación actual con las modificaciones correspondientes que se les puedan hacer o bien, a partir de la creación de nuevas leyes. Todos los ajustes e implementaciones surgirán a partir de proyectos de ley ingresados por la Presidencia o el Congreso Nacional.

“Hay reglas que controlan el poder, limitan el poder, y reglas que habilitan. Habilitan para regular cuestiones que están asociadas al sistema de derechos, políticas públicas, etc. Siempre que yo tengo derechos y estos suponen actividades prestacionales, la implementación de esa política pública es regularmente definida por la ley, no por la Constitución”, señala el abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero.

“En general se debiera mirar con cierta distancia cualquier interpretación que suponga una implementación de una política pública que debe ser mediada por la ley. Esencialmente porque uno solo puede arribar a la conclusión una vez que yo tenga la ley que lo implemente”, suma el también director de Espacio Público.

¿Qué pasa con la propuesta constitucional? En Contexto Factual revisamos los artículos que derivan su aplicación en la ley, que puedes encontrar pinchando aquí. A continuación te contamos algunos.

Derechos sociales

Respecto a educación, la propuesta señala que será la ley la que defina los mecanismos para implementar los principios –como i​​nclusión, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, etc.– y fines –que incluye construcción del bien común, justicia social, el respeto de conciencia ecológica, prevención de la violencia, entre otros–.

Asimismo, cómo se reconocerán establecimientos en el Sistema Nacional de Educación, qué instituciones de educación superior estarán sujetas a la gratuidad y cómo participarán las comunidades en el proyecto educativo, también deberá ser algo establecido en la legislación.

¿Cómo va a funcionar el Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál va a ser el rol de los privados en él? ¿Cuáles serán las cotizaciones que tendrá que pagar la ciudadanía? Serán respuestas que sólo podrán contestarse una vez que se regule, mediante leyes, la operación del sistema propuesto.

Asimismo, cómo se va a materializar el derecho a la vivienda digna y si ello incluye la entrega, arriendo o préstamo de propiedades tampoco está resuelto en el texto constitucional. La ley también tendrá que definir la creación de viviendas para proteger a personas en casos de vulneración de sus derechos.

El modelo de sistema de seguridad social tampoco está definido, ya que sólo se indica que deberá respetar ciertos principios, que debe otorgar protección en casos específicos, que se financiará a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación y que aquellos fondos no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.

¿Se podrá abortar hasta los nueve meses de gestación? Esa es una afirmación que ha circulado en reiteradas ocasiones. La propuesta constitucional no define cuáles son los límites para la interrupción voluntaria del embarazo.  Este y otros derechos asociados a la sexualidad y reproducción estarán regulados por ley.

Lo mismo ocurre con cómo se materializará la muerte digna, cómo se podrá solicitar refugio, cómo se adquiere la propiedad y cómo funciona la expropiación, entre diversos otros temas.

Políticas relacionadas a pueblos indígenas

Dentro de las novedades de la propuesta se incorporan distintas consideraciones con los pueblos indígenas que actualmente no existen.

Por ejemplo, se definen las autonomías territoriales indígenas, es decir, una entidad territorial dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales.

Sin embargo, esa definición es lo único que se sabe de ellas hasta el momento, pues su procedimiento de creación, el formato de participación y consulta previa para crearlas, y sus competencias exclusivas y compartidas deberán definirse por ley.

Lo mismo ocurre con los requisitos, los procedimientos y la distribución de escaños reservados en el Congreso y  órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal cuando corresponda.

En tanto cómo funcionará el pluralismo jurídico, qué alcance tendrá y cuáles los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, también deberán definirse mediante legislación.

Órganos autónomos e instituciones estatales

La propuesta entrega bases y un listado de atribuciones para diferentes instituciones del Estado y órganos autónomos. Sin embargo, todos derivan a la ley cómo será su funcionamiento, composición y otras formas de administración.

Dentro de ellos están la Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Naturaleza, Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Servicio Electoral, la Agencia Nacional del Agua, los Consejos de Cuencas, la Agencia Nacional de Protección de Datos, el Consejo para la Transparencia, entre otros.

¿Es una novedad?

No. El texto constitucional actual también deriva una serie de normativas a la ley, muchas de ellas, leyes orgánicas constitucionales.

Cordero ejemplifica: “La Constitución del 80, en estricto rigor no define el modelo de seguridad social. Dice que van a haber cotizaciones obligatorias, prestaciones básicas uniformes, etc. ¿Dónde está anclado el modelo de AFP? El modelo de AFP, en estricto rigor, está anclado en el Decreto Ley 3500”.

“Lo mismo pasa con la propiedad. No es que exista en la Constitución un tipo de propiedad. La propiedad siempre está regulada por ley porque en rigor hay distintos estatutos. No es lo mismo la propiedad inmueble que la propiedad mueble y ese tipo de cosas están reguladas por la ley”.

El rol de la legislación vigente

Si bien la propuesta entrega novedades, también hay diversos elementos que se mantienen de forma similar o idéntica a lo que existe actualmente.

Esto implica que no tendrán que crearse leyes nuevas para todo, si no que podrán ajustarse algunas vigentes y en algunos casos puede que no hayan modificaciones.

En este escenario toma relevancia la segunda disposición transitoria de la propuesta:

Toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución. A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional. Dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo 158 también procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad a esta.

Es decir, hasta que no se derogue, cambie o sustituya una ley, seguirá vigente la legislación actual. 

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 09 Ago 2022
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