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La Comisión aprobó 41 disposiciones que podrían sumarse a las 20 que ya forman parte del borrador. Se redujo el quórum para reformas constitucionales hasta el año 2026, se insiste con la Comisión de Implementación y la consulta para crear las regiones de Chiloé y Aconcagua. ¿Qué más proponen? Revísalo a continuación.

El jueves 2 de junio la Convención se volvió a reunir en un Pleno después de semanas, con el objetivo de votar el primer informe de normas transitorias (ver nota aquí).

El próximo martes 14 de junio se presentará ante el Pleno el segundo y último informe de 41 propuestas de normas transitorias. Con la votación quedarán definidas cuáles serán las disposiciones temporales creadas para la implementación de la nueva Constitución y las que sean rechazadas quedarán definitivamente fuera de la propuesta constitucional.

¿Qué llegará al Pleno?

Regla general

A modo general, se propone que toda normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional.

Elecciones

En el caso que un año antes de las elecciones no haya una legislación nueva que defina el funcionamiento de los organismos, se propone:

  • – El Congreso de Diputadas y Diputados estará compuesto por 155 representantes, más los representantes de escaños reservados para pueblos y naciones indígenas;
  • – Cada Asamblea Regional tendrá entre 14 y 34 representantes según el número de habitantes de la región;
  • – La Cámara de las Regiones se integrará por 3 representantes por región, elegidos según las circunscripciones vigentes

Las autoridades electas por votación popular que se encuentren en ejercicio, estarán sujetos a las reglas de reelección vigentes con anterioridad a la nueva Constitución. Sin embargo, esto no regirá para los actuales senadores, que de ser electos como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se contará esa legislatura como su primer periodo en el cargo.

La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022, terminará el 11 de marzo de 2026, por lo que habrán senadores que sólo estarán cuatro años en el cargo y no los ocho que regían hasta el momento.

Los representantes regionales ejercerán su cargo, por esa única vez, tres años.

Reforma constitucional

Fue una de las normas polémicas del informe anterior, donde se proponía que hasta marzo de 2026, la Constitución sólo se podría reformar con ⅔.

Ahora la propuesta se redujo a 4/7, a excepción de los proyectos que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución; o los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias.

En el caso que se le hagan modificaciones a aquellas temáticas se deberá someter a un referéndum ratificatorio, a menos que haya sido aprobado por ⅔ de los integrantes de ambas cámaras.

Comisión de Implementación

Se revivió la comisión de implementación a cargo de presentar informes de avance y realizar recomendaciones sobre adecuaciones normativas y políticas públicas necesarias para el proceso de implementación de esta Constitución.

Esta vez se sumó que se mantendrá en funcionamiento por un plazo de 3 años, que podrá ser prorrogado para el cumplimiento de las funciones.

Órganos autónomos

Las autoridades en ejercicio de los órganos autónomos o tribunales especiales seguirán en sus funciones por el período que les corresponda de acuerdo a las normas vigentes al momento de su nombramiento, a excepción de las que la Constitución diga lo contrario.

Territorios

Se propone que en un plazo de dos años, previo un proceso de consulta indígena, el Presidente envíe un proyecto que regule los procedimientos de creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a las Autonomías Territoriales Indígenas, donde el Poder Legislativo tendrá tres años para tramitarlo.

En un año se deberá iniciar un proceso de consulta y participación indígena con el pueblo Rapanui para determinar el procedimiento, integración y plazo de creación de su Asamblea Territorial.

Además, en un año se deberá realizar una consulta en Chiloé y otra en las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, para ratificar la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua.

Dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, la o el Presidente deberá presentar un proyecto de ley marco de ordenamiento territorial, que deberá ser tramitado en los siguientes dos años.

Medio Ambiente

En el plazo máximo de tres años, el Presidente deberá implementar la Política para Restauración de Suelos y Bosque Nativo, que debe ser realizada  mediante un proceso de participación y deliberación ampliado a nivel regional y local.

En un plazo de 12 meses, el Presidente deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas, además de la creación de los Consejos de Cuenca.

La Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, deberá realizar el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución.

También, en el plazo de un año, el Presidente de la República convocará a la constitución de una Comisión de transición ecológica, encargada de diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales del acápite de naturaleza y medioambiente. Estaría integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y por los organismos públicos pertinentes.

Cese de funciones en el Poder Judicial

A pesar que originalmente no había reglas para el cese de funciones de los jueces, por lo que muchos habrían salido de sus cargos de forma automática con la nueva Constitución, ahora fueron incorporados.

La norma propuesta señala que el cese de funciones a los 70 años de edad, no será aplicable a los jueces y las juezas que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial, quienes cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad.

Además, el procedimiento de designación de abogados y abogadas integrantes así como su incorporación a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema seguirá vigente hasta que se disponga la nueva normativa, que deberá dictarse en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigencia.

Corte Constitucional

Una vez promulgada la nueva Constitución, el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas y los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en él, deberán ser conocidos, tramitados y fallados por este órgano dentro de los seis meses siguientes.

Al término de ese plazo o terminada la tramitación de dichas causas, cesará en sus funciones y se disolverá traspasándose a la Corte Constitucional, sin solución de continuidad, los bienes, derechos y obligaciones del Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley que regule la Corte Constitucional y sus procedimientos deberá ser remitido por el Presidente de la República al Poder Legislativo dentro de los sesenta días siguientes desde la entrada en vigencia de la Constitución. Mientras no sea promulgada, su organización y funcionamiento se sujetarán a las disposiciones de esta Constitución y de forma supletoria por la Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

Órganos de justicia

El Presidente deberá presentar, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución, un proyecto de ley relativo al Consejo de Justicia

Mientras no se dicte la ley que incorpore las nuevas competencias del Fiscal Nacional y cree el Comité del Ministerio Público con sus nuevas competencias, el Fiscal Nacional y el Consejo General del Ministerio Público seguirá ejerciendo las atribuciones y competencias vigentes a la entrada en vigor de la Constitución.

Además, mientras no se dicten las disposiciones legales sobre las Contralorías Regionales, seguirá en vigencia la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría y las reglas sobre organización y atribuciones de las contralorías regionales establecidas en las resoluciones pertinentes del Contralor General de la República.

En un plazo de dos años, el Presidente deberá presentar el proyecto de ley que regule la organización, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. Desde su ingreso, el Poder Legislativo tendrá un plazo de 18 meses para la tramitación y despacho a promulgación. La Defensoría del Pueblo será la continuadora legal y sucesora en todos los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 09 Jun 2022
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