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Un nuevo Sistema Nacional de Educación, el establecimiento de principios como la conciencia ecológica o el enfoque de género, el financiamiento basal de la educación pública y la inédita inclusión de la educación superior gratuita en la Constitución, son algunas de las normas aprobadas por el Pleno de la Constitución con respecto a este derecho fundamental. ¿Qué más se incluye y cuáles son sus alcances? Te lo contamos a continuación.

El día en que el derecho a la Educación fue incluido en el borrador constitucional, fue considerado por muchos convencionales como un hecho histórico. Desde el: “Me gustaría volver a una marcha del 2011 y poder decirle a todas mis compañeras y compañeros que 11 años después nuestra demanda es parte de la nueva Constitución”, de la convencional Giovanna Roa, hasta el “por tí hoy, papá querido”, del convencional Christian Viera, la inclusión de este derecho fue celebrada ampliamente por los convencionales.

Si bien el derecho a la educación se encuentra en la Constitución vigente, ahora se contemplan muchas más normativas y principios. ¿Qué novedades trae lo incluido en esta nueva Constitución? Veamos.

Ampliación de los principios

Los cambios con respecto a cómo se incluye el derecho en la Constitución se pueden ver desde el comienzo.

En el artículo 16 se establece que “todas las personas tienen derecho a la educación” y que esta es “un deber primordial e ineludible del Estado”. En la norma, se describe a la educación como “un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país”, que entre sus fines tiene desde la construcción del bien común o2 la conciencia ecológica, hasta el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de conocimientos.Una considerable ampliación, teniendo en cuenta que la Constitución actual sólo indica que “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”

El artículo se completa con la enumeración de los principios por los que se pretende se regirá la educación: “cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución”, agregando además que tendrá un carácter no sexista.

Esta fue la primera polémica dentro de la discusión de este derecho. Desde la derecha, argumentaron que la amplia cantidad de principios significaba la “politización” y la “restricción a la libertad de enseñanza”  (mira algunos ejemplos acá 1,2,3,4), poniendo principal atención en la inclusión del “enfoque de género”.

Para Gilda Bilbao, investigadora y Máster en Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona, “es difícil pensar” que esto sea una amenaza real a la libertad de enseñanza y que los principios tienen que ver más bien con “ponerse en sintonía de lo que ocurre en los países donde la educación realmente es un derecho”, afirma la experta. 

“Pienso que en la medida que tu puedas garantizar un desde, de calidad o que se oriente a la calidad, con un currículum de contenidos que esté basado en lo que culturalmente los chilenos decidamos que los niños, niñas y adolescentes deben aprender, te da un amplia posibilidad de decidir sobre esos contenidos”, afirma Bilbao.

En cuanto al enfoque de género, el docente e investigador de la Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Ernesto Treviño, afirma que “el enfoque de género es muy necesario” ya que Chile es uno de los países con mayores brechas de género en América Latina. 

Según el reporte sobre brecha de género a nivel global del Foro Económico Mundial, Chile es el 70º país más desigual en esta materia en el mundo, estando por debajo de Perú (62), Bolivia (61), Colombia (59), Ecuador (42), Argentina (35) y México (34).

Para Treviño, esta brecha puede ser observada desde las interacciones en aula, hasta el nivel de ingreso a las carreras científicas. “Me parece que el reconocimiento constitucional es indispensable para hacernos cargo como sociedad de este flagelo que para algunos parecía invisible pero que es una pesada carga para las mujeres, que son jefas de hogar en la inmensa mayoría de los hogares monoparentales” agrega el académico.

Claudia Matus, Directora del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, concuerda con Treviño en la necesidad urgente de implementar este cambio y agrega que para que esto ocurra en la sala de clases “debemos partir por una formación seria y rigurosa en género en los espacios de formación de profesoras y profesores”, además de capacitar a  los que están hoy en ejercicio. “Debemos expandir nuestras formas de entender género como una norma binaria”, afirma Matus, ya que sostener esta norma como la única forma de hablar de género “sólo agudiza las brechas tanto económicas, de salud, educación y políticas”. 

Financiamiento del Sistema Nacional de Educación: ¿el fin de los subvencionados? 

La gran novedad se instaura en el artículo 17, que indica que “la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”, estableciendo el Sistema Nacional de Educación, que será de carácter laico y gratuito y estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas (según citerios fijados por la ley) por el Estado, las cuales tendrán prohibida toda forma de lucro. 

Lo nuevo, es que se indica que el Estado deberá financiar este Sistema, “compuesto por establecimientos e instituciones estatales”, a través de aportes basales. 

Para Treviño, esto “es interesante”, ya que hay evidencia de que este tipo de financiamiento “puede tener relación con la matrícula atendida, como es el caso de los establecimientos de Administración Delegada”, en donde se dan aportes basales por un número de cupos de matrícula convenidos, y aportes extraordinarios en forma de subvención si se atienden más estudiantes, generando “mayores capacidades de gestión educativa a los establecimientos”. Recordemos que actualmente, la subvención está vinculada tanto a la matrícula cómo la asistencia de los alumnos.

Pero lo que más llamó la atención, fue el hecho de haber incluído sólo a los “estatales” dentro del texto, lo ha generado polémica por no quedar claro si esto terminaría con los subvencionados.

Según Treviño, lo aprobado por el Pleno “de ninguna manera significa el fin de los colegios particulares subvencionados”, ya que “en ninguna parte de la propuesta se indica que el Estado esté impedido de financiar a estos establecimientos, de lo que se interpreta que estos seguirán existiendo bajo los esquemas actuales de subvención”.

En otras palabras, lo incluido en el borrador constitucional, asegura los aportes basales para los estatales, pero no termina con los subvencionados, dejando abierta la forma en que estos se financiarán, que podrá ser la misma u otra. 

“Hay un punto interesante en que se hable de sistema, porque eso implica una estructura coherente, que está alineada”, afirma Gilda Bilbao, quien no cree que esto homogenice los proyectos necesariamente. 

“Que el Estado pueda organizar y articular no se contrapone con la libertad de ciertos modelos educativos, siempre que esos modelos educativos estén alineados con lo que el Estado chileno considera que son esos elementos fundamentales para cumplir con ciertos principios. No es un no a la educación privada, es un sí a la educación pública”, cierra la investigadora.

Libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres

En el artículo 19, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, agregando que “ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”. 

Además se protege constitucionalmente “la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación”.

Un cambio con respecto a la Constitución actual, el cual fue resistido por por los convencionales de derecha, fue el cambio del “derecho preferente de los padres”, manteniendo sólo “la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”.

Según Treviño esta es una diferencia importante, “que pone el énfasis en el derecho de los niños, niñas y adolescentes en vez de los adultos, es muy importante para un sistema de protección y cuidados de la infancia y la juventud” y que responde a que “en Chile 70% de los hogares usa la violencia como método educativo, y 38% usa la violencia física para educar a los menores”. La nueva norma, viene reconfigurar este derecho para priorizar el derecho de niños, niñas y adolescentes que, según el docente “en Chile entra en contradicción con las formas de socialización de muchos hogares”.

Para Bilbao, la idea viene deriva del mismo hecho de  garantizar un acceso universal  a la educación. “Como tenemos un sistema desigual, la escuela debería ser el lugar donde puedas desarrollar lo que desde tu contexto, te podría ser más difícil”, afirma.

Sistema de Educación Superior

La educación superior se incluye por primera vez en la historia constitucional de Chile y se hace estableciendo un Sistema de Educación Superior y asegurando la “gratuidad en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley”, con el fin de fortalecer la educación pública y las universidades estatales, que mayoritariamente se encuentran en regiones.

En este caso, nuevamente se abre el debate sobre el financiamiento, en este caso de instituciones públicas no estatales, tales como la Universidad de Chile o la Universidad de Concepción, quedando abierto si se hará alguna diferencia entre estas y las estatales.

Treviño afirma que “para un país es bueno tener un sistema de educación superior estatal conectado y fortalecido”, pero sin embargo, advierte que “estatal no es sinónimo de calidad, cuidado de los recursos o equidad”, por lo que será necesario que el Sistema de Educación Superior “modele buenas prácticas, que genere mayores oportunidades para los estudiantes de traslado entre instituciones y que sea punta de lanza para tener un sistema de educación superior integrado, donde participen aquellas instituciones que están adheridas actualmente a la gratuidad”.

Actualmente existen 36 universidades, ocho institutos profesionales y 22 centros de formación técnica que cuentan con acceso a la educación gratuita, entre los que se encuentran establecimientos públicos y privados.

En el artículo 20 bis del borrador constitucional, se establece que “el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria”. En este sentido y con respecto al ingreso, ha surgido la duda sobre que pasará con, por ejemplo, la Prueba de Selección Universitaria, ya que podría considerarse a este instrumento como la como una forma de discriminación arbitraria. 

Para Gilda Bilbao, en el contexto educacional actual y producto de las diferentes condiciones de base de los alumnos la prueba “sí podría ser discriminatoria”, y que “por eso hay un llamado a las universidades a tener sistemas de admisión que se enfoquen más en otras cosas”, como por ejemplo, la ponderación de las notas.

Claudia Matus, va más allá de la admisión y afirma que también hay que poner atención también “a qué es lo que ocurre al interior de las instituciones una vez que todos y todas están dentro y como se producen otras prácticas de discriminación”. 

Hablando de la permanencia en los establecimientos de la educación, la directora del Centro de Justicia Educacional, afirma que el exponer a estudiantes que han sido “históricamente marginados a acceder a espacios de educación superior sin calibrar ni anticipar las múltiples situaciones de discriminación a las que se verán expuestos”, puede “sin duda afectar sus rendimientos, posibilidades de éxito”, por lo que “son elementos que se deben cuidar por sobre todo para hablar de instituciones de educación superior que hagan honor a espacios justos para educarse”, agrega Matus.