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Tras el éxito de la “Marea Verde” en Argentina –que hace poco aprobó la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas–, parlamentarias de oposición buscan seguir el ejemplo. Este miércoles, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados discutirá la posibilidad de legislar un proyecto que ingresó en 2018 y que es muy similar al del país vecino. La iniciativa busca despenalizar el aborto libre, también hasta las 14 semanas de gestación. No obstante, la historia ha demostrado que podría ser una iniciativa de tramitación cuesta arriba. Más de 20 proyectos que regulan el aborto en diferentes causales han sido rechazados o archivados en Chile y, el único que logró ser promulgado, tuvo que pasar por una delicada revisión en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la redacción de una nueva Constitución abre la posibilidad de que una ley como esa avance en el Congreso.

“La marea verde avanza y a las 15:00 de este miércoles iniciamos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género la discusión del proyecto que despenaliza el aborto, porque #NoBastanTresCausales vamos por el #AbortoLegalYa!”

Eso dice el tuit en que la diputada de Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, Maite Orsini, anunciaba el inicio de la discusión del proyecto que permite el aborto libre, sin condiciones ni causales, hasta las 14 semanas de embarazo.

La iniciativa –que se ha mantenido sin movimientos desde su ingreso en agosto de 2018– fue presentada por las diputadas de oposición Karol Cariola (PC), Natalia Castillo (IND), Daniella Cicardini (PS) Cristina Girardi (PPD), Claudia Mix (COMUNES) Emilia Nuyado (PS),  Maite Orsini (RD) Camila Rojas (COMUNES) Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (CS), y propone modificaciones al Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

Si bien la revisión de la comisión –que cuenta con siete diputadas de oposición, incluyendo a la demócrata cristiana Joanna Pérez, y seis del oficialismo– recién comienza y podría decidir no legislarse al respecto, rápidamente comenzaron a surgir reacciones acerca de la posibilidad de avanzar en el proyecto.

La diputada Maya Fernández (PS) se mostró a favor de la discusión señalando que “mujeres que no tienen recursos finalmente tienen que recurrir al aborto clandestino, cuando hay muchas otras mujeres que viajan a países donde es legal el aborto. Entonces, nuevamente esto fomenta el aborto clandestino, la penalización y el castigo hacia las muejres y no estamos de acuerdo con eso. Creo que hay que debatir todos los temas, así como también lo estamos haciendo con la eutanasia. La sociedad, a partir de los cambios que ha implementado nuestro país, ya no quiere temas tabú y lo que espera del Congreso es un debate respecto a todos los temas”.

Por otro lado, la parlamentaria del partido Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, muestra una posición contraria, haciendo énfasis en la dificultad que presentó para algunos legisladores votar a favor del proyecto de despenalización del aborto en tres causales: “Lo que se produzca en otros países tienen que ver con su propia realidad, su propio contexto que están viviendo. Pero yo creo que nosotros el contexto ya lo vivimos, ya lo pasamos, tuvimos las complicaciones que sostuvimos pero la ley está ahí, se está aplicando y yo espero que no se vuelva a abrir algo que se zanjó hace tan poco tiempo en el país”.

La primera reunión sobre el proyecto contará con la participación de Gloria Maira, de la Mesa por el Aborto; Camila Maturana, encargada del Programa Seguimiento Legislativo de la Corporación Humanas y las diputadas autoras de la iniciativa. Además, se invitó a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, quien previamente ha estado en el ojo de la crítica por señalar que en Europa “se aborta por el simple hecho de tener Síndrome de Down” y calificar como “valiente” a la niña de 11 años que tuvo un hijo fruto de la violación de su padrastro. El equipo de Zalaquett confirmó su participación a Contexto Factual. 

Historia de la legislación

La discusión por la interrupción del embarazo ha sido parte de los más álgidos debates en la historia legislativa del país, pasando por diferentes etapas y posibilidades que se explican a continuación.

El Código Penal de 1874 penalizaba a quien causara un aborto “maliciosamente”, por lo que se presentaban disyuntivas respecto a quienes lo realizaran “de buena fe”, según explica un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional. No obstante, la situación llegó a su fin cuando en en 1931, con la creación del Código Sanitario, se estableció que, por razones terapéuticas, se podía interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, procedimientos que requerían de la opinión documentada de tres facultativos.

Luego, en 1968 con la entrada en vigencia de un nuevo Código Sanitario, se estableció que se podría interrumpir un embarazo con fines terapéuticos bajo la opinión documentada de dos médicos-cirujanos.

El aborto terapéutico fue permitido hasta 1989, cuando la promulgación de la Ley Nº 18.826, de artículo único, aprobado por la Junta de Gobierno en las postrimerías de la dictadura, dispuso que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”, argumentando que la interrupción del embarazo iba en contra del artículo 19, nº 1, inciso segundo de la Constitución Política de la República:

     La ley protege la vida del que está por nacer

Inicialmente, aquel proyecto proponía equiparar “las penas del delito de aborto con las del homicidio y el infanticidio, al estimarse que la vida intrauterina tiene el mismo rango y jerarquía que la vida del ya nacido”, y regular de manera específica el caso de muerte no deseada del feto, causada indirectamente por una acción médica en la gestante enferma, que igualmente tendría consideraciones legales, pero fue desestimado.

Así, por 28 años –dentro de los cuales, según un informe de Miles Chile, el aborto se posicionaba como la cuarta causa de muerte materna– cualquier tipo de interrupción de embarazo era penada por ley con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, cincó años de cárcel. Fue durante ese mismo periodo en que se ingresaron al menos 20 proyectos de ley relativos a la despenalización del término del embarazo, ya sea por motivos terapéuticos o voluntarios, que fueron rechazados o archivados, hasta el 31 de enero de 2015.

Fue en aquella fecha que la entonces Presidenta Michelle Bachelet ingresó el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres casuales (violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre) que fue aprobada más de dos años después, el 23 de septiembre de 2017, no sin antes una ardua revisión constitucional.

El choque constitucional

Tal como se indicó previamente, la discusión sobre el derecho a la vida del que está por nacer es una de las temáticas que podrían ser revisadas por el Tribunal Constitucional (TC) si llegara a avanzar el proyecto que hoy se busca reponer. Fue, en efecto, el primer derecho invocado por el grupo de senadores de Chile Vamos cuando se tramitaba el proyecto de aborto en tres causales en el requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron cuando aún se tramitaba. Los parlamentarios acusaban que, al no respetar aquel derecho, se iba en contra de los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, sobre el actuar de los órganos del Estado. Además, argumentaron que se vulneraba la igualdad ante la ley.

Sin embargo, el requerimiento fue rechazado, con los votos de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández, María Luisa Brahm, Nelson Pozo y José Ignacio Vásquez. En tanto los que estuvieron a favor de declarar la inconstitucionalidad y en contra del proyecto fueron Marisol Peña, Iván Aróstica, Juan José Romero y Cristián Letelier.

Asimismo, y tal como fue objeto en la tramitación de la ley de tres causales, se aprobó que médicos e instituciones de salud podrían acogerse a la objeción de conciencia, que se manifesta como una forma de derecho a la libertad de expresión y libertad de conciencia para no ejercer la interrupción del embarazo por ir en contra de sus pensamientos y creencias.

En caso que el proyecto avanzara, todo indica que sería nuevamente sometido a revisión del TC. Sin embargo y, a diferencia de la tramitación del proyecto previamente mencionado, la propuesta de Carta Fundamental que redacte la Convención Constitucional podría cambiar el escenario por distintas vías.

Si decidiera hacer revisión de los derechos hoy consagrados, de las atribuciones del Tribunal Constitucional o directamente incorporar en un nuevo pacto social la interrupción del embarazo como derecho sanitario –tal como lo han propuesto personajes como la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, o la candidata al órgano y presidenta de Abofem, Bárbara Sepúlveda–, Chile podría sumarse a los tres países de América del Sur que permitan el aborto libre.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 13 Ene 2021
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