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En enero de este año ingresaron a tramitación cuatro proyectos de ley y de reforma constitucional que buscan establecer la gratuidad del transporte público para el plebiscito del 25 de octubre. Mientras algunos pretenden que sea una garantía para todos los procesos electorales, otros apuntan a que sólo esté disponible para las votaciones del proceso constituyente o que sólo sea un beneficio para grupos específicos de la población. Todos apuntan a un objetivo común: facilitar y promover la participación ciudadana. Sin embargo, han pasado nueve meses y la discusión de las cuatro iniciativas sigue en el mismo punto que a comienzos de 2020, en nada.

Cuando los senadores Alejandro Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC) convocaron la semana pasada a una reunión virtual con alcaldes de distintas comunas del país, ya habían pasado nueve meses desde que ambos presentaron un proyecto para reformar la Constitución y establecer ahí una medida que podría ampliar la participación ciudadana en el plebiscito y otros procesos electorales: la gratuidad del transporte público.
Su propuesta, ingresada a tramitación el 6 de enero de 2020 al Senado, pretende modificar el artículo 5 de la Carta Fundamental para incluir un nuevo inciso donde se establezca la obligatoriedad para el Estado de asegurar “el transporte público gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas los días en que se realicen plebiscitos y elecciones populares a nivel nacional, regional y comunal”.
Dos fundamentos principales sustentarían la medida: por un lado, señalan los parlamentarios en su moción, que “el voto, al ser el fundamento de la expresión soberana, no sólo debe ser facilitado por el Estado, sino además promovido, como una forma de fortalecimiento institucional y robustecimiento democrático, toda vez que es el funcionamiento mismo del Estado el que requiere de la participación política para fundar su soberanía”.
Por el otro, se refieren a la creciente expansión urbana, la necesidad del transporte público para la movilidad de las personas y el creciente costo de los pasajes, lo que, a su juicio “merma el derecho a ejercer el voto consagrado en el artículo décimo tercero de la Constitución, ya que el traslado es un costo para las familias que muchas preferirían evitar. Pero que, por sobre todo, esa merma en el derecho a votar es una merma al principio de soberanía popular y expresión de ésta, lo que socava las bases mismas de la democracia”.
Nueve meses han pasado, quedan menos de dos semanas para el plebiscito, y la iniciativa sigue en los registros del Congreso sin movimiento alguno. Lo mismo ha pasado con otros tres proyectos similares ingresados a trámite durante enero de este año por parlamentarios de todos los sectores políticos. Algunos, como Navarro y Provoste, apuestan por incluirlo en la Constitución como una obligación del Estado para todos los procesos electorales, mientras que otros proponen que sólo sea para las elecciones relacionadas al proceso constituyente y están también los que creen que sólo debe beneficiar a grupos específicos de la población.
En lo que sí están todos de acuerdo, es que la medida, en caso de implementarse, podría facilitar y promover la participación ciudadana en instancias clave para el ejercicio democrático del país.
“Es vital el transporte público gratuito para el plebiscito si el gobierno quiere dar una señal. Si el Presidente Sebastián Piñera se ha comprometido con esta gesta histórica, que va a cambiar la historia institucional de Chile, el transporte gratuito para el día de la elección es el único gesto concreto que el gobierno y el Estado de Chile pueden hacer para dar una señal de participación”, dijo Navarro en la reunión que sostuvo junto a Provoste el jueves 7 de octubre con los alcaldes de Arica, Vallenar, Huasco, Freirina, Independencia, Peñalolén, Renca, Purranque y Talcahuano.

El proyecto de RN

El proyecto más parecido al de los senadores Navarro y Provoste es el que presentó un grupo de cinco diputados de Renovación Nacional (RN) una semana después. Argumentando la baja participación ciudadana en procesos electorales previos -en las parlamentarias de 2017 votó apenas el 46,6% del padrón-, en la presentación que lleva las firmas de Erika Olivera, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb, se da cuenta de que la discusión no es nueva y que ya se ha puesto en marcha de forma parcial y focalizada en otras oportunidades.
Los parlamentarios de Chile Vamos señalan que la propuesta de establecer la gratuidad del transporte público se abordó cuando en 2013 se aprobó la ley que perfeccionó la normativa sobre inscripción automática y modernización del sistema electoral, pero que se descartó por ser inconstitucional, al involucrar gasto público y ser materia de ley exclusiva del Presidente. Sin embargo, en las elecciones de 2017 se implementó, aunque sólo focalizado en zonas rurales y aisladas del país, lo que se tradujo en más de 2.300 servicios gratuitos de 1.589 recorridos distribuidos en 285 comunas, y que implicó una inversión superior a los $315 millones.
En ese contexto, su iniciativa también apunta a reformar el artículo 5 de la Constitución e incluir el siguiente enunciado: “El Estado asegurará el transporte público gratuito para todos los ciudadanos, el día que se realicen plebiscitos y elecciones populares a nivel nacional“. La iniciativa tampoco ha sido discutida desde que ingresó a trámite en enero de este año a la Cámara de Diputados y Diputadas.

Sólo para el proceso constituyente

Lo que propone un grupo de diputados de oposición es distinto: no modificar la Constitución, sino que por ley establecer la gratuidad del transporte público sólo para las votaciones vinculadas al proceso constituyente.
Nos encontramos ante el desafío urgente de promover la participación de la ciudadanía en los actos
eleccionarios previstos en ese proceso. Esta vez no se trata solamente de la confrontación de dos posiciones electorales, sino que la propia legitimidad del sistema político depende de la participación masiva, informada y activa de la ciudadanía en el proceso constituyente que se inicia”, señalan en la moción que dio origen al proyecto de ley.
Con ese contexto como trasfondo, el grupo de parlamentarios encabezado por los diputados socialistas Jenny Álvarez y Marcos Ilabaca, considera no se puede permitir que que “problemas pedestres”, como la lejanía de los centros de votación y la necesidad de transporte para ir a votar, sean obstáculos que dificulten la participación electoral. Por eso, buscan que para el plebiscito del 25 de octubre, la elección de convencionales del 11 de abril de 2021 y el plebiscito de salida donde la ciudadanía tenga que aprobar o rechazar un eventual nuevo texto constitucional, “el Sistema de Transporte Público de la
provincia de Santiago y, en general, el transporte público mayor a que se refiere el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N° 20.378” sea gratuito en todo el territorio nacional.

Tercera edad y personas en situación de discapacidad

Son varios los estudios que se citan en la moción que el 29 de enero presentaron los diputados de RN Eduardo Durán, Paulina Núñez, Leonidas Romero, el independiente Pablo Prieto y el demócrata cristiano Jorge Sabag, todos relacionados a la baja participación de la ciudadanía en las últimas elecciones. Uno de ellos, un informe de Etnográfica Research que compara las municipales de 2012 y 2016, señala que los “adultos” (45 a 59 años de edad) y los “adultos mayores” (60 años y más) disminuyeron su participación en 16,5 y 11,9 puntos, respectivamente.
Es menester recordar que la democracia tiene dentro de sus pilares el principio de igualdad efectiva, encontrando especial relevancia a este respecto las elecciones y la participación electoral de todos los ciudadanos sin exclusión. Respecto de estos grupos desventajados de nuestra sociedad vale señalar a las personas con discapacidad y personas mayores, ambos grupos que a nuestro juicio requieren de mayor reconocimiento por parte del Estado para facilitar el ejercicio del sufragio (…) Se debe pasar de considerarlos como un mero mercado electoral relevante a reconocerlos como actores políticos de relevancia en todas las esferas de toma de decisión, siendo un primer paso esta reforma.”, dice el texto del proyecto.
En ese sentido, su propuesta se diferencia de las otras en que el beneficio de la gratuidad para el transporte público no sería extensivo a todo el electorado, sino que sólo a esos grupos específicos. Para ello, también buscan establecerlo en la Constitución, tanto para el plebiscito del 25 de octubre como para cualquier otra elección futura.
Al igual que los otros proyectos, su tramitación no presenta avances desde el día de su ingreso.
Por Juan Pablo Figueroa
Fecha 14 Oct 2020