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Sin mucho ruido, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile firmó un convenio con la Sofofa “para aportar con actividades que aborden la dimensión regulatoria y empresarial del Estado en una eventual nueva Carta Magna”. Sin embargo, una vez que se dio a conocer, rápidamente llegaron las críticas. Con acusaciones sobre el rol que debe tener una institución de educación superior y cuáles son las organizaciones a las que debe apoyar, una serie de abogados, académicos y candidatos a la Convención Constitucional, cuestionaron el acuerdo, señalando que “la Facultad se juega en parte su prestigio social”.

Con un anuncio escueto y tradicional, de no más de 240 caracteres por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ningún mensaje de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), se dio a conocer que las entidades firmaron un acuerdo el pasado 28 de enero, con el objetivo de desarrollar un eje de trabajo conjunto en materia constitucional para aportar con actividades que aborden la dimensión regulatoria y empresarial del Estado en una eventual nueva Carta Magna.
El convenio firmado entre el decano de la Facultad, Pablo Ruiz Tagle, y el presidente de la entidad empresarial, Bernardo Larraín, se enmarca en las actividades de Extensión y Vinculación con el medio ambiente que la casa de estudios ha comprometido en el proceso constituyente.
Desde la Universidad de Chile indicaron que la institución educacional “contribuirá con su conocimiento y expertise para abrir la discusión con amplitud de miras, a través de la realización de cursos de capacitación, actualización, diplomados, seminarios, coloquios, conversatorios, mesas de discusión y cualquiera otra actividad de extensión académica” y las representantes y coordinadoras de la instancia serán la profesora instructora del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, y desde Sofofa, la abogada Muriel Sciaraffia.
Es la información oficial, difundida por redes sociales el lunes 1 de febrero, sin dar más detalles de los puntos de acuerdo del convenio. Sin embargo, rápidamente se comenzó a difundir y con ello, una serie de reacciones.

Las dudas del convenio

Comentarios cuestionando el rol de la sociedad empresarial en el proceso constituyente, críticas por su rol en las prácticas laborales y sindicales e incluso apelaciones al trabajo del decano Ruiz Tagle y la temporalidad del anuncio luego del inicio del receso académico, surgieron en Twitter luego de la publicación.
Asimismo, diferentes académicos y abogados manifestaron su molestia con el acuerdo entre el establecimiento universitario y la Sofofa.

Asimismo, el candidato a convencional constituyente por el distrito 14, Sebastián Aylwin cuestionó la intervención de la Universidad de Chile respecto a otras entidades sociales.
El abogado señaló a Contexto Factual que “el proceso constituyente descansa su legitimidad en poder reunir a la ciudadanía en un debate donde solo la democracia zanja las diferencias, no la facticidad del poder económico. La señal que da la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile va en la dirección contraria, que los que siempre han tenido un acceso privilegiado al poder, van a seguir teniendo mejores condiciones para debatir, más aún considerando que se trata de una institución pública”.
“¿Podrán las asociaciones de juntas de vecinos, federaciones sindicales o asociaciones municipales firmar un convenio similar? La Facultad se juega en parte su prestigio social con esta pregunta”, agregó Aylwin.
Asimismo, la candidata a la Convención por el distrito 10, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y estudiante de la Facultad en cuestión, Emilia Schneider dio a conocer estar en contra del acuerdo. 
“Me parece un desacierto, un error lo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, porque me parece que no es lo que debería estar haciendo y no es lo que se espera de la educación pública, menos de una universidad como la Universidad de Chile. Que hoy día se priorice hacer alianzas con la Sofofa, que es un gremio de empresarios y que históricamente ha estado en contra de las demandas de la mayoría en pos de cuidar los intereses de la minoría que hoy día concentran los recursos y riqueza de nuestro país, y también han tenido posiciones anti derechos, especialmente de las y los trabajadoras en pos de una idea de crecimiento desmedido que solo beneficia a unos pocos”, argumentó Schneider a Contexto Factual.
La dirigenta social enfatizó en que “lo que deberían estar haciendo hoy las instituciones de educación superior públicas que quieren aportar con la producción de conocimientos, es vincularse a las organizaciones territoriales, organizaciones sociales que han estado luchando por estos cambios. Ponerse a disposición de la misma Convención Constitucional o incluso de las, los y les candidates (sic) que estamos participando de este proceso. Creo que la Universidad de Chile, la Facultad de de Derecho en particular, tiene una voz importante en este debate y hasta el momento ha estado bastante ausente, y es una lástima que sea hoy día para generar una alianza con esos sectores que han buscado cerrar la puerta de este proceso y hoy día quieren sobredeterminar la discusión”.

A la espera de los resultados

No obstante, no todas las reacciones fueron negativas. Entre los usuarios que comentaron a favor de la firma del convenio, se hizo un llamado a no cuestionar la legitimidad de las intenciones, además de esperar ver los marcos y contenido del acuerdo, antes de emitir juicios.

Hasta el momento ni desde el gremio industrial, ni desde la Universidad de Chile, se han entregado más detalles sobre el acuerdo, sus actividades y funcionamiento, y su eventual incidencia en el proceso constituyente.
Fecha 02 Feb 2021