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A través de un informe de 55 páginas, la Secretaría General de la Presidencia entregó una serie de recomendaciones sobre las disposiciones temporales de la nueva Constitución. En ella se pide gradualidad en la transición, recomiendan la creación de una Comisión de Implementación y hacen un repaso por las siete comisiones temáticas y las materias que podrían ser susceptibles de transitoriedad. 

Ya hay cronograma y también invitados en la Comisión de Normas Transitorias. Este martes 17 de mayo comenzará de forma oficial el trabajo de recepción de propuestas para las disposiciones temporales y el día se viene intenso.

Durante estos días los coordinadores de las comisiones temáticas presentarán las normas propuestas, además de recibir a diferentes asociaciones para abordar cómo funcionará la transición en sus material. Este martes, habrán representantes de la Gbernaciones, municipalidades y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Sin embargo, durante la tarde de este lunes se compartió un documento importante para el desarrollo de la Comisión que tendrán en carpeta.

El informe del Gobierno

El domingo 15 de mayo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, le entregó a la Mesa Directiva un informe elaborado por la cartera titulado “Aportes al debate de las normas transitorias”, tras el oficio de la presidenta María Elisa Quinteros invitando a presentar insumos.

En él proponen siete principios rectores para la elaboración de las normas que a modo general, se enfocan en la gradualidad de los cambios y transiciones para que la Constitución no se transforme en letra muerta, además de no comprometer gastos inmediatos para tener espacio para planificación y actuar con responsabilidad fiscal.

Asimismo, piden normar el reemplazo de nuevas autoridades y órganos “para evitar incertezas jurídicas, o generar que los cargos sean ejercidos a través de suplencias o subrogancias prolongadas” además de “otorgar certezas y prevenir la afectación de sus derechos fundamentales” para los funcionarios públicos.

Además, proponen la creación de la Comisión de Implementación de la Nueva Constitución, órgano que elabore una hoja de ruta que identifique las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que deberá desarrollar el Estado en los próximos años.

Asimismo, hace un repaso por comisión con recomendaciones sobre materias susceptibles a transitoriedad.

Entre ellas están que el mandatario actual no esté contemplado en la posibilidad de reelección, sino que se empiece a ejercer desde 2025; sugerencias sobre los plazos en que se deben aplicar reformas como la creación de un distrito exterior o el voto voluntario para personas de 16 y 17 años; gradualidad para la creación de autonomías territoriales, difiriendo las normas “hasta la dictación de las leyes marco que proporcionen las bases para la nueva organización política-administrativa del país”.

Respecto a los quórum, sí recomiendan que comiencen a regir de forma automática debido a que “un número importante de leyes podría requerir un quórum supra mayoritario para su reforma por parte del Congreso Nacional en funciones. En efecto, la tramitación de leyes adecuatorias, necesarias para la implementación de la nueva Constitución, será de vital importancia para garantizar una adecuada transición de régimen normativo”.

Respecto a Derechos Fundamentales hacen una recomendación puntual sobre la expropiación –tema altamente discutido por algunos sectores de la Convención, en la que se busca “mantener la regulación legal sobre el concepto de “justo precio”, lo que contribuye a dar certeza a propietarios que la legislación actual seguirá vigente, compensando a valor mercado por el bien expropiado”.

Además, piden fijar la gradualidad en la que se implementará la gratuidad en instituciones de Educación Superior al igual que la creación del Sistema Nacional de Salud, que no sólo irroga gasto fiscal, sino que también implica un rediseño del modelo. Sobre derecho a las tierras proponen que se suspenda su entrada en vigencia hasta que haya una ley que la regule.

Asimismo, señalan sobre los cambios relativos al agua que “se debe tener presente que la falta de certeza respecto a si los titulares de derechos de aprovechamiento podrán continuar usando agua podría afectar seriamente a la economía y respecto a minería “no se estima conveniente paralizar el otorgamiento de nuevas concesiones durante el periodo de transición ya que puede producir un estancamiento de la actividad minera mientras no se dicte la nueva ley”.

Sobre pluralismo jurídico se “requiere implementación mediante normativa de inferior jerarquía (ley/reglamento), porque supone necesariamente una innovación normativa”. Además, se refiere al fin de las cárceles concesionadas, la creación de órganos nuevos, la Corte Constitucional y los nuevos tribunales.

Revisa el documento completo de la propuesta gubernamental a continuación:

Las normas transitorias presentadas por cada Comisión

Sistema Político presentó 10 disposiciones que incluyen que los artículos referentes al Poder Legislativo entrarán en vigencia en 2026 y que la reelección presidencial no aplica para el mandatario actual, Gabriel Boric. 

Principios constitucionales incluye regulaciones sobre la iniciativa popular de ley, cuya tramitación por el Congreso no podrá exceder un año. Forma de Estado reguló sobre entidades territoriales, administración financiera y transferencia de competencias.

Derechos Fundamentales promueve la creación de los diferentes Sistemas como Cuidados, Educación y Salud, al igual que una norma que crea una Comisión de verdad para la comunidad trans, una Comisión Territorial Indígena y el levantamiento del secreto del Informe Valech sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

Medio Ambiente busca actualizar los delitos sobre la naturaleza, el reemplazo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la creación de la Institucionalidad Espacial de Chile y la creación de una Comisión de Transición Minera integrada por instituciones con competencias sectoriales para evaluar y monitorear el proceso de adecuación regulatoria.

Sistemas de Justicia propone un plazo de seis meses para trabajar en la Ley del Defensor del Pueblo al igual que para instalar la Corte Constitucional –aunque también hay propuestas que delimitan 90 días y  cuatro meses para aquella tarea–, el reemplazo del Servicio Nacional del Consumidor, y que el límite de 70 años como cese de funciones de los jueces no será aplicable para quienes a la fecha de entrada en vigencia formen parte del primer escalafón del Poder Judicial ni jueces de policía local en ejercicio.

Sistemas de Conocimiento busca instalar una mesa nacional de las comunicaciones, un plazo de dos meses para que la Presidencia presente un proyecto de ley que termine con la deuda histórica con los profesores y un plazo de dos años para crear una ley que regule el Consejo Nacional de Bioética.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 16 May 2022
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