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El Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, llegó a Antofagasta para dar cuenta del informe de recomendaciones de normas transitorias a la Comisión que trata la temática. En la instancia, se le hicieron preguntas sobre la Comisión de Implementación, el Estado de Emergencia y la posibilidad de tener normas que se transformen en letra muerta. ¿Qué señaló al respecto? Léelo a continuación.

A la Biblioteca Regional de Antofagasta llegó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el fin de presentar el informe con recomendaciones sobre normas transitorias (ver nota sobre el contenido del documento aquí) y responder las preguntas que pudiesen surgir al respecto.

“Lo que nosotros creemos con énfasis para que sea exitoso es que pueda entregar, el nuevo orden constitucional y su transición, certeza jurídica y garantía de los derechos de las personas”, señaló Jackson respecto a las prioridades que buscan que entreguen las disposiciones temporales.

A la reunión se sumó de manera telemática el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi, quien se refirió a las materias de su competencia.

“Lo que vamos a necesitar es un mandato lo más nítido y claro posible (…) Actorías claras, plazos concretos, mecanismos para que la ciudadanía pueda saber en qué estado va cada una de las cosas. Lo que más creemos le permite dar sostenibilidad, claridad y reducción de incertidumbre a la población es que al momento de  tomar la decisión plebiscitaria, las personas sepan quiénes van a estar a cargo de la implementación”, señaló el ministro sobre el proceso.

A continuación, las miradas ofrecidas por los representantes del Gobierno respecto a algunas de las temáticas del borrador constitucional.

Comisión de Implementación

La convencional Constanza Hube (Unidos por Chile) señaló que el documento le parecía político “respecto a lo que al Ejecutivo le conviene”, para luego preguntar porqué los nombramientos de la comisión de implementación recaería efectivamente en ese Poder.

El ministro señaló que en el Congreso debe enfocarse en hacer las leyes y que elaborar un lineamiento para alguien que ejecute el proceso es una responsabilidad que “debiese estar en manos y responsabilidad del Ejecutivo, sin perjuicio de que ustedes como órgano constituyente mandate que tenga que tener la pluralidad, diversidad que sea necesaria, que tenga que haber gente de los distintos poderes del Estado para que tengan distintas miradas”.

Traspaso de competencias a nivel regional y local

La constituyente Adriana Ampuero (independiente) habló sobre la transferencia de competencias y por qué se recomendaba no poner transitorias sobre el traspaso de competencias regionales.

“Nos parece de especial relevancia, yo sé que ya lo han hecho, pero ponerse en los zapatos de quienes hoy día administran el poder local y regional, que es tremendamente reducido, tiene tremendas limitaciones y que necesita un proceso de transición que se ajuste a esa realidad. De modo contrario podríamos, por avanzar demasiado rápido, generar una incapacidad casi administrativa de poder asumir las nuevas responsabilidades”, señaló Crispi sobre la cantidad de cambios que implica esto.

Además, agregó que “poner un transitorio que genere un plazo de término del traspaso de competencias, de alguna manera, podría eventualmente, estrechar la discusión en un proceso que es muy dinámico respecto a cómo se generan los plazos para traspasar el poder a las regiones”.

El ministro agregó que también debe evaluarse el traspaso de financiamiento, porque de eso dependerá la aplicación.

Estado de emergencia

Roberto Vega (Somos Región) planteó un cuestionamiento sobre qué pasa con el Estado de Emergencia, debido a que actualmente hay zonas en esa situación y la Constitución no incluye esa categoría.

“Lo importante es que las políticas de largo plazo, que permitan salir de la situación de fondo, tengan que avanzar durante estos meses y en función de eso, si es que se requieren reformas, se tendrán que hacer reformas para garantizar que las personas puedan vivir en un ambiente seguro”, señaló el jefe de cartera.

¿Implica eso que están a favor de reformar la Constitución para agregar ese estado? Tras el fin de su participación, el ministro indicó que “en caso que se requiera una herramienta de esa naturaleza va a ser competencia tanto de las herramientas vigentes que se tengan a norma constitucional a la fecha, pero también eventualmente a disposiciones que tengan que ver a través de las modificaciones legales, no necesariamente constitucionales”.

Cómo evitar que haya normas que se transformen en letra muerta

Lo que queremos evitar en este proceso es que en cualquiera de las fases de desarrollo e implementación de la nueva Constitución haya un momento en que algún derecho parezca como que es exigible, pero en la práctica no lo es. Eso puede llevar al choque entre expectativa y realidad”, señaló el secretario de Estado luego de múltiples preguntas sobre cómo llevarán a cabo el proceso y que todos los contenidos se puedan cumplir.

También señaló que el proceso no debe depender sólo del Ejecutivo, sino que el Legislativo, que debe llegar a acuerdo en las materias que corresponda implementar. “De lo contrario, alguien tiene que hacerse responsable. Creemos que ahí también puede ocuparse una forma similar a la que recomienda el contralor en materia adecuatoria (ver nota aquí) para en última ratio, en el caso que el Congreso no se ponga de acuerdo en términos legislativos regulares”.

Los plazos para hacer reformas constitucionales

Cuándo se pueden comenzar a hacer las reformas constitucionales al texto en caso de ser aprobado ha sido uno de los temas que ha circulado en las últimas semanas. Algunos sectores consideran que se debe esperar un plazo, que incluso llegaría a la instalación del Congreso de Diputadas y Diputados en 2026, mientras que otros señalan que sea in actum.

El ministro se inclinó por esta última opción: “Si es que hay consenso respecto a una modificación constitucional recién plebiscitada, es porque debe ser algo más o menos urgente. Si es que quedó un vacío, quedó un problema, que se pueda modificar. Por lo tanto nosotros no vemos ningún problema en que eso pueda ocurrir porque tiene que basarse en aquellas cosas que no son sustantivas porque esas ya van a haber sido resueltas por votación popular en un plebiscito”.

“La flexibilidad debiese ayudar a que personas que tienen cierta incertidumbre sobre el proceso sepan que, si es que hay algo que se puede modificar y quedó con algún nivel de mejora, que eso pueda tener un consenso y sea mejorado”, agregó.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 19 May 2022
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