Con el objetivo de analizar de manera permanente y profunda el proceso constituyente – específicamente los acuerdos constitucionales y la legitimidad democrática de ellos–, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en alianza con la Universidad de Santiago (USACH), Alberto Hurtado (UAH), Central (UCEN) y Austral (UACH) lanzaron el Observatorio Nueva Constitución. La iniciativa busca “verificar el cumplimiento de estándares internacionales asociados a este tipo de procesos” y está antecedida por la publicación del libro “7 propuestas para la Nueva Constitución de Chile”, que hace una revisión de siete temáticas que sus autores creen que deben discutirse en la Convención Constitucional. ¿Cuáles son? Revísalas a continuación.
Académicos, expertos en políticas públicas, miembros de universidades e instituciones internacionales se unieron para crear el Observatorio Nueva Constitución, institución que no solo tiene como objetivo seguir el proceso constituyente, sino que también fiscalizar el respeto de los lineamientos establecidos en los artículos transitorios de la Carta Magna e influir en el debate a través de actividades académicas: conversatorios online, pautas de observación, textos explicativos, publicación de datos estadísticos, talleres de formación y columnas de opinión.
El Observatorio Nueva Constitución, formado por casi 20 profesionales múltiples expertises, pertenece al grupo de organizaciones que no participarán directamente en el proceso constituyente, pero que también quieren hacerse parte del momento histórico por el que atraviesa el país a través de la realización de observaciones, documentos que proveerán al público de información sobre cómo se lleva el proceso de redacción desde la elección de candidatos.
A la fecha ya publicaron su primera observación, un documento de 12 páginas en el que hacen un recorrido por la experiencia constituyente del país pasando por el Proceso Constituyente Abierto liderado por la presidenta Michelle Bachelet en 2016, el estallido social y el plebiscito del 25 de octubre de 2020, junto al análisis de la declaración de candidaturas a la Convención Constitucional – culminada el pasado 11 de enero– con principales estadísticas como número por género, distrito y partidos políticos, entre otros.
Sin embargo, el primer gran aporte del Observatorio fue la publicación del libro “Siete propuestas para la Nueva Constitución de Chile”, en el que bajo el alero de la editorial USACH y la edición de la politóloga Pamela Figueroa y el abogado Tomás Jordán, se cuestionan los principales pilares de la Constitución, se enumeran razones de por qué debiera cambiarse la Carta Magna actual y se entregan siete propuestas de qué debería considerar la Convención Constitucional para la propuesta a redactar. ¿En qué consisten? Te lo contamos a continuación.
En el capítulo escrito por el también editor del libro, Tomás Jordán, se sostiene que la nueva Constitución debe establecer una nueva forma de relación entre el Estado y las personas, proponiendo una perspectiva social para garantizar tanto los derechos sociales como la redistribución de los recursos. Además, alerta sobre la dificultad que podría tener la Convención Constitucional para encontrar un punto de acuerdo entre mantener un Estado subsidiario y cambiar el modelo.
La editora y politóloga, Pamela Figueroa, cuestiona directamente el régimen presidencialista chileno en el cual el jefe o jefa de Estado concentra poderes como el veto legislativo o atribución exclusiva de ciertas materias legislativas, lo que pone al Ejecutivo por sobre el Poder Legislativo. De esta forma, la autora propone múltiples cambios al sistema político como la formación de un Congreso Unicameral, la posibilidad que éste pueda censurar al Presidente o Presidenta, otorgar la posibilidad que los parlamentarios también puedan ser ministros de Estado, y dotar a la ciudadanía de iniciativas de participación, entre otros.
Los derechos fundamentales que deben ser esgrimidos en la nueva Constitución son el tema que toca el abogado, Matías Silva, quien propone un nuevo parámetro en búsqueda de un Estado social y democrático. El también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, plantea un debate sobre la defensa y resguardo de los derechos fundamentales por parte del Estado. Además, se refirió a la necesidad de estipular los derechos sociales en la nueva Constitución, como la vivienda, la protección a la naturaleza, la igualdad de género, entre otros.
En el cuarto capítulo, firmado por la abogada y experta en Derecho Consuetudinario Indígena, Minda Bustamante, se expone sobre los derechos fundamentales de los pueblos originarios chilenos. La autora plantea la necesidad de reconocer los derechos indígenas y a Chile como un país plurinacional, además de evaluar una serie de conflictos que podrían presentarse en el debate con las diferentes etnias. Bustamante promueve una mayor participación en espacios de representación para las mujeres indígenas tanto en la institucionalidad estatal como en los espacios de decisión, además de la representación política de los pueblos.
La abogada constitucionalista, Carolina Meza, se refiere a la participación ciudadana dentro del proceso constituyente proponiendo la incorporación de instrumentos específicos para garantizarla y la necesidad que también estén incorporados en la nueva Carta Magna. Algunos de los mencionados por la académica de la Universidad Alberto Hurtado son los plebiscitos y la iniciativa popular de ley, señalando que son mecanismos claves en las democracias actuales como forma de legitimar las decisiones de las autoridades y recuperar la confianza en las instituciones democráticas.
¿Es imprescindible el Tribunal Constitucional?
En el capítulo final, el abogado y Director del Área de Derecho Público y Director del programa de Magíster en Derecho Público en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, José Ignacio Núñez, cuestiona el rol del Tribunal Constitucional (TC) en la sociedad actual y el rol determinado en la Constitución actual. El autor invita a repensar el sistema judicial mediante el aumento de atribuciones del Congreso Nacional, como el nombramiento de autoridades del TC. Asimismo, Núñez propone limitar el control que realiza el Tribunal sólo a temas de procedimiento y quórum de las leyes, entre otros.
