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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral elaboró un documento con ideas a incluir en el reglamento de la Convención Constitucional, basado en las propuestas comentadas en un seminario online con el Observatorio para la Nueva Constitución, Centro Democracia y Comunidad, Chile 21, Horizontal, Instituto Libertad y Rumbo Colectivo. Revisa cuáles son a continuación. 

“Cuando los países se embarcan en un proceso constituyente deben enfrentar diversos desafíos. En el caso de Chile, además, la Convención Constitucional dispondrá de un plazo acotado para cumplir con su función, por lo que puede ser de utilidad revisar experiencias comparadas y considerar sus éxitos y dificultades, a fin de adoptar buenas decisiones y dedicar la mayor parte del tiempo disponible a la deliberación y la aprobación del texto de la nueva Constitución”. 

Es el comienzo del documento “Los Reglamentos en Órganos Constituyentes desde una Perspectiva Comparada: Recomendaciones y lecciones aprendidas” del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA International).

IDEA International hizo una revisión de reglamentos de diferentes países que tuvieron procesos constituyentes y recopilaron los que podrían ser útiles para la experiencia chilena, considerando los plazos, cantidad de integrantes, reglas de votación, entre otros.

Plazo de funcionamiento

Al tener un plazo máximo de 12 meses, se deben delimitar bien los tiempos. A diferencia del caso de Ecuador o Colombia, en donde se establecieron plazos de 7 y 10 días respectivamente para escribir el reglamento, en Chile no hay una fecha estimada.

Por esto, recomiendan que se debe avanzar rápido en aquella redacción y para eso se podría formar un comité, con amplia representación política, en el que se haga una propuesta de reglamento que posteriormente sea votada por el pleno de la Convención Constitucional.

Además, sugieren tomar ciertas normas del Congreso, como el Código de Ética, y adaptarlas al funcionamiento de la Convención o bien, si se elaboran documentos propios, si hay situaciones que no son consideradas, aplicar esas reglas ante eventuales vacíos, como se hizo en Sudáfrica y Colombia.

Secretaría Técnica y personal de la Convención

Debido a que las operaciones de la asamblea deben comenzar rápidamente, la recomendación apunta a apoyarse altamente en el personal de la Convención y la Secretaría Técnica. De todas formas, deben ser personas de comprobada idoneidad para el cargo, por lo que una forma de contratación –y la más eficiente para su selección según plantea IDEA– es mediante concursos públicos y transparentes.

Además, propone que el trabajo relacionado a generar insumos, levantar actas o elaborar documentos las realice la Biblioteca del Congreso Nacional a través de un convenio establecido con la Convención.

Quórum, votación y resolución de conflictos

El texto señala que, si bien la Constitución vigente indica que es el reglamento el que se debe aprobar por ⅔ de los votos de los convencionales, no especifica si es que eso también aplicará para normas y artículos, por lo que las reglas deberán determinarlo.

“Lo anterior puede tener consecuencias, ya que, si se determina que tanto cada artículo como el texto final de la nueva Constitución deben ser aprobados por una mayoría cualificada de dos tercios, podría ocurrir que ciertas fuerzas políticas aprueben los artículos individuales, pero bloqueen la aprobación del texto final de la Constitución.

Por otro lado, si se decidiera que únicamente los artículos —cada uno de ellos— requieren la aprobación de una mayoría cualificada de dos tercios, podría ocurrir que, al final del proceso constituyente, el conjunto de los artículos aprobados diera lugar a un texto constitucional incompleto o incluso contradictorio”, argumenta.

Además, señala que se debe especificar un número o porcentaje de asistencia para poder sesionar, ya sea en el pleno o en las eventuales comisiones. Asimismo, se tendrá que evaluar si aquel quórum considerará o no a quienes se inhabiliten por conflictos de interés.

En el caso que se produzcan conflictos o desacuerdos, se proponen los siguientes mecanismos de resolución:

  1. Los temas procedimentales pueden ser analizados por la Corte Suprema, mientras que los temas sustantivos pueden verse a través de negociaciones o con invitación a expertos y expertas sobre las temáticas a tratar.
  2. Tener comisiones o paneles de resolución de conflictos, con una respectiva instrucción sobre su integración política.
  3. Establecer diferentes números de mayorías cualificadas en las votaciones.
  4. Recurrir a plebiscitos ciudadanos.
  5. Dar espacio a resolución por parte del Congreso Nacional o establecer cláusulas temporales o artículos transitorios.
  6. Una eventual pero indispensable enmienda para ampliar los plazos de funcionamiento de la Convención.

Organización interna, transparencia y participación ciudadana

La experiencia comparada sugiere que haya una organización mediante comisiones o subcomisiones cuenten con procedimientos y mandatos bien definidos. Asimismo, se debe lograr armonizar los textos propuestos, por lo que también puede haber un comité de coordinación para aquella tarea.

La transparencia del proceso y la rendición de cuentas también son asuntos que deberán especificarse en el reglamento. Asimismo, si es que todos los documentos y sesiones serán públicas o habrán instancias reservadas con su debida justificación.

La recomendación es que sean instancias lo más transparentes posibles, dado que si hay espacios reservados, debido al ambiente político y sensación de la población respecto a sus autoridades, “podría contribuir a la deslegitimación del proceso frente a la mirada de una ciudadanía que ya de por sí desconfía de sus representantes”.

Respecto a la posibilidad de tener instancias de participación ciudadana, el reglamento deberá definir cómo sería, cómo se implementaría y a cargo de quién estaría.

Dentro de las ideas se incluyen foros integrados por sorteos, comisiones que organicen debates, audiencias con expertos y expertas, convenios o alianzas con universidades, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Revisa el documento completo en el siguiente link.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 07 Jun 2021