Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto

El pasado lunes 11 de abril, el Pleno de la Convención aprobó el artículo en donde se reconoce a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, lo que responde a la definición de Chile como un Estado plurinacional. De esta manera, de aprobarse la nueva Constitución, nuestro país se uniría a la tendencia que han marcado Estados Unidos, Canadá, Bolivia o Ecuador, al aceptar formas para resolver conflictos propias de las naciones que conviven en Chile.

“Plurinacional”. Es el concepto que se repite en al menos siete artículos del borrador (ver aquí) –en diferentes formatos– y que se ha aprobado, en diferentes Plenos, desde marzo. Sin embargo, estos días, por su incorporación a la definición de Estado entregada por Principios Constitucionales, ha resonado en la opinión pública. 

En este artículo se reconoce que: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”. Pero como se mencionó antes, la plurinacionalidad, ya había sido incluida en el borrador constitucional en el artículo 4 de Sistema Político y en el artículo 1 de Forma de Estado. 

Además, el 2 de marzo también se incluyó el concepto de pluralismo jurídico, norma que reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, coexistiendo “coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”.

¿Qué significa la plurinacionalidad y pluralismo jurídico? Te lo explicamos a continuación.

Plurinacionalidad

Primero tenemos que ir al artículo 1 de Principios Constitucionales. 

Definir al país como Plurinacional, quiere decir que en Chile existen distintas naciones dentro de un mismo pueblo. ¿Qué son estas naciones? En simple, una nación se conforma de personas que comparten ciertas costumbres, códigos culturales o un idioma, religión, cosmovisión, etc. Y que se reúnen en un espacio territorial determinado

En el artículo 4 de Sistema Político, se “reconoce la coexistencia de estas diversas naciones en el marco de la unidad del Estado”, como la nación Mapuche, Aymara, Diaguita, entre otras. 

¿Significa que estas actúan como países por separado? La respuesta es no.

La razón la encontramos en el artículo 3 de Principios Constitucionales, el cual indica que “la soberanía reside en el Pueblo de Chile” el cual “está conformado por diversas naciones”, o sea, la unidad está en el Pueblo (y no los pueblos) de Chile.

Para Christian Viera, el coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, doctor en Derecho de la Universidad de Deusto, docente la Universidad de Valparaíso, el pluralismo jurídico es la consecuencia orgánica del reconocimiento de que Chile es un Estado plurinacional: “Si nos tomamos en serio la plurinacionalidad y establecemos que hay naciones dentro del Pueblo de Chile, tenemos que reconocer que pueden haber usos y costumbres para resolver los conflictos que son diferentes”.

Plurinacionalidad en el ejercicio jurídico

Durante el debate sobre el pluralismo jurídico las mayores diferencias se vieron en dos artículos que fueron rechazados y que discutían atribuciones de los tribunales indígenas. 

Primero, el artículo 24, que establecía que “los sistemas de justicia indígenas sólo conocerán conflictos entre miembros de un mismo pueblo originario”. El descarte de esta norma llamó la atención tanto dentro como fuera de la Convención ante la posibilidad de que esto genere que cualquier persona pueda ser sometida a la ley indígena, independiente de si es parte de la nación involucrada o no. 

¿Cuáles fueron las razones para rechazarla? Viera, explica que la clave está en que esto es una regla de competencia.

Las reglas de competencia, son normas que establece la legislación y que se orientan a determinar cuál será el tribunal competente para conocer de un asunto determinado. Por ejemplo, un conflicto por pensión alimenticia lo resolverá un juzgado de familia, o en este caso, un conflicto entre indígenas lo resuelva un tribunal indígena. 

¿Por qué no incluirlo en la Constitución? El abogado afirma que las reglas de competencia deben ser materia de ley (revisa aquí nuestra nota al respecto a este tema). Es decir, que debe quedar en manos del Poder Legislativo establecer cuáles serán los límites y la jurisdicción de los tribunales indígenas y así, darle más detalle a las reglas y regulaciones de competencia.

Esto quedó expresado en el artículo 2, que dice que “la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”, De esta manera se establecerá que se resolverá en un tribunal indígena y que no.

Unidad Jurisdiccional

El artículo 15 del primer informe de Justicia, además del 1 y el 26 del segundo informe son clave para entender el funcionamiento y los límites del pluralismo jurídico: 

Artículo 15.- Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.

 Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte.

Artículo 1.- Principio de unidad jurisdiccional. Los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento, estando sujetos al mismo estatuto jurídico y principios.

Artículo 26.- Impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena. La Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena”. 

Los dos primeros artículos  dictan que los tribunales –del tipo que sean–, estarán sujetos a los mismos estatutos y principios, debiendo así respetar las bases que siente la ley sobre su funcionamiento y los tratados internacionales de derechos humanos a los que Chile está adscrito. 

En tanto el artículo 26, hace es el que hace que no se rompa la unidad jurisdiccional, estableciendo que la Corte Suprema es el máximo tribunal del país, estando por sobre los otros y teniendo la decisión final sobre las contiendas que, de tratarse de casos de la jurisdicción indígena, será “asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio”.