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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Ya habiendo decidido acerca de la redacción de una nueva Constitución y qué tipo de órgano será el encargado de esta tarea, todavía quedan discusiones por cerrar y detalles por afinar antes de la siguiente etapa: la inscripción de candidaturas de los convencionales. Qué pasará con los escaños reservados y la postulación de independientes todavía está en duda. También queda por resolverse una de las grandes fallas del plebiscito de entrada: cómo se garantizará y facilitará el voto a las personas contagiadas de Covid-19, sus contactos estrechos y otros grupos imposibilitados de desplazarse físicamente el día de la elección.

Con el primer paso ya avanzado, el proceso constituyente no para. En poco más de dos meses deberán presentarse las candidaturas para la Convención Constitucional ante el Servicio Electoral (Servel). Una vez inscritas, el 11 de enero, transcurrirán tres meses para su elección y, posterior a eso, habrá 60 días para preparar la instalación del órgano encargado de redactar una nueva Constitución. Su primera sesión será entre finales de mayo y comienzos de junio de 2021.
Si bien todo esto ocurrirá el próximo año, el tiempo pasa rápido y la experiencia fallida de garantizar el voto a las personas contagiadas de Covid-19 es un ejemplo de que si las cosas no se hacen con premura, no funcionan. Y son varios los cabos que aún están sueltos y que deben quedar atados previo a la declaración de candidaturas.
Todavía queda pendiente definir cuántos integrantes tendrá finalmente la Convención, pues aún se resuelve si habrá o no escaños reservados para pueblos indígenas. Por lo tanto, podrían ser más de 155 los convencionales que participarán en el proceso. ¿Cuántos más? ¿Cómo serán elegidos? Eso sigue abierto. Tampoco se ha definido cuál será el camino para las candidaturas independientes de los partidos políticos ni si habrá en esa oportunidad algún mecanismo especial para permitir que las personas con coronavirus y sus contactos estrechos u otros grupos imposibilitados de votar presencialmente puedan ejercer su derecho ciudadano.
Son sólo algunos de los aspectos que el gobierno y el Congreso deberán afinar y resolver a tiempo para las siguientes etapas del proceso constitucional. El tiempo para hacerlo ya está corriendo. ¿Cuánto han avanzado y en qué estado están? Contexto Factual te lo detalla a continuación.

Escaños reservados para pueblos indígenas

Un mes luego de haber firmado el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” se ingresó el proyecto que asegura escaños reservados para pueblos indígenas, para así garantizar la representación activa de esas comunidades, que según el Censo 2017 representan a un 12,8% de la población, en la instancia constituyente. La propuesta apunta a que haya un número extra de representantes en proporción directa al número de personas inscritas en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI.
Durante diciembre de 2019, la Cámara de Diputados trabajó expeditamente en su tramitación, pero salió de ahí sin nada claro respecto a cómo se implementaría, y desde entonces, ya en el Senado, poco a poco se fue estancando. La última vez que hubo un movimiento del proyecto en el Congreso fue el 14 de agosto, fecha en la que se presentaron 16 indicaciones a la iniciativa por parte de senadores del oficialismo y la oposición, aunque sí ha habido discusiones posteriores, sin que se defina aún cuál sería el mecanismo para su eventual puesta en marcha (ver artículo).
Hay distintas propuestas sobre la mesa. Una de ellas contempla sumar 24 cupos extra a la Convención, los que se repartirían proporcionalmente entre las distintas etnias reconocidas por el Estado, además de la creación de un Padrón Electoral Indígena que incorporaría a todas las personas que han acreditado su pertenencia a esos pueblos de acuerdo con la Ley Indígena, y que sólo ellos podrían votar por sus representantes. Otra propone sumar 23 nuevos asientos -en la misma proporción que el Censo 2017- que operen como un distrito único y que en vez de que el Servel conforme un padrón indígena paralelo, al momento de sufragar sea el elector quien indique si votará por un convencional corriente o uno indígena, “de acuerdo a su auto-identificación”. Y una tercera también plantea la creación de un registro paralelo y un distrito único, pero difiere en cómo definir el número de escaños a agregar. En ese sentido, esa última propuesta, presentada por senadores oficialistas, señala que la cantidad no debe definirse a partir de la proporción respecto a la población, sino a qué porcentaje representa ese padrón alternativo en relación al total nacional de personas habilitadas para votar.
Tras los contundentes resultados del plebiscito, diferentes actores de la sociedad han exigido que la disposición se resuelva lo antes posible, acusando que los pueblos originarios tuvieron que votar en la elección sin ninguna seguridad sobre su rol en el proceso:

Tras posponer la votación en la Comisión de Constitución del Senado por días, el pasado jueves 29 de octubre se aprobó la indicación que propone 23 escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, adicionales a los 155 originales, según la disposición aprobada. La medida obtuvo 3 votos a favor y 2 en contra.
Ahora, la discusión pasará a la sala del Senado.

Facilidades para candidaturas independientes

Otras de las incertidumbres respecto a las candidaturas a convencionales constituyentes tiene que ver con los independientes.
Durante septiembre ingresaron una serie de proyectos que regulaban la inscripción de candidaturas y formación de pactos para independientes, pero solo uno prosperó.
La iniciativa para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes busca que se baje el porcentaje de firmas para presentar la candidatura de  0,4% de los electores del distrito a un 0,2%. Asimismo, para inscribir una lista bajo la normativa vigente se necesita el 1,5% de firmas de votantes habilitados, y el proyecto pretende disminuir el requisito a 0,5%.
La presentación de firmas –proponen– deberá hacerse a través de una plataforma electrónica del Servel y no presencialmente ante notario como define la ley actual. Todas las indicaciones se presentan como una forma de emparejar las condiciones para competir con los partidos políticos en un sistema en que las reglas jugarían a su favor.
Sin embargo, en la discusión del proyecto también se propuso que los candidatos pudiesen realizar pactos con otras listas independientes o bien con partidos políticos, indicación que fue rechazada con 85 votos en contra, 45 a favor y 18 abstenciones.
¿Qué ocurre ahora? El proyecto pasa a su segundo trámite constitucional, donde debe ser revisado por la Comisión de Constitución del Senado, que podría realizar indicaciones a la iniciativa. Una vez resueltas, la comisión deberá votar a favor o en contra del proyecto y posteriormente pasará a la discusión en sala.

Tanto para las candidaturas de independientes, como los cupos reservados para pueblos originarios, el llamado institucional es claro:

La elección de convencionales constituyentes

“El Presidente se comprometió a que, a partir de las elecciones del 11 de abril, las personas puedan elegir a través del voto anticipado”, señaló el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría a Radio Cooperativa el 26 de octubre, dando luces de uno de los trabajos que tendrá la institución electoral en los próximos meses.
¿Cómo se asegurará el voto para quienes no puedan sufragar presencialmente en los locales? Es algo que todavía se mantiene en suspenso. El voto electrónico ha sido prácticamente descartado y un gran grupo de expertos y expertas se ha manifestado en contra de aquella alternativa.
¿Qué otras opciones hay?
A fines de agosto, el senador Francisco Chahuán (RN) ingresó un proyecto que permite el voto postal en situación de crisis sanitaria de acuerdo a las normas que fije al efecto el Servel, en uso de sus atribuciones.
Por otro lado, un grupo de diputados y diputadas de oposición junto a la parlamentaria oficialista, Ximena Ossandón (RN), presentaron una iniciativa que busca que el Servel facilite el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile, con el objetivo de beneficiar a personas mayores, privados de libertad, contagiados de Covid-19 o internos hospitalarios, entre otros.
Otra propuesta que reúne a diputados del oficialismo y la oposición, plantea establecer mesas receptoras especiales una semana antes del día de la jornada electoral, para el mismo grupo mencionado en la iniciativa postal.
La moción de los senadores Carlos Bianchi, Pedro Araya, Francisco Huenchumilla y la senadora Yasna Provoste buscaba que quienes estuvieran con medidas obligatorias de aislamiento o cuarentena para el plebiscito, pudieran ejercer su derecho a sufragio desde sus respectivos domicilios o lugar de cumplimiento de dichas medidas, mediante un reglamento dictado por el Servel. La iniciativa podría modificarse para ser implementada en la elección de convencionales.
Sin embargo, todos los proyectos mencionados se mantienen en su primer trámite constitucional sin movimiento a la fecha.

Transporte gratis: la reiterada solicitud

Si bien para el plebiscito el gobierno aseguró transporte gratis de algunos servicios en algunas ciudades, la ocasión solo fue determinada para aquella elección.
Sin embargo, hace ya varios años se ha conversado la opción para cada votación nacional o incluso local. Solo este año se han ingresado cuatro proyectos que buscaban establecer la gratuidad de todos los servicios de transporte público ya sea con el motivo del plebiscito, o bien para todos los procesos electorales.
Para la votación del 25 de octubre ni siquiera fue una ley la que determinó que se habilitara la gratuidad del Metro de Santiago, Merval y Biotren, sino que fue una decisión administrativa de último minuto comunicada por la ministra de Transportes, Goria Hutt, después de anunciar que no lo harían por falta de tiempo. Asimismo, múltiples municipios pusieron a disposición buses gratuitos para el traslado de los votantes de la comuna.
Desde 2013, con el primer proyecto ingresado para garantizar la gratuidad del transporte público con motivo de elecciones, ningún proyecto ha tenido movimiento legislativo.