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Tras dos jornadas de votación de más de 12 horas cada una, Derechos Fundamentales despachó los 26 artículos que deberá revisar el Plenario de la Convención Constitucional como segundo informe de la Comisión . Derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, derecho a la salud y  derecho humano al agua y al saneamiento fueron algunas de las normas aprobadas. Revisa el detalle a continuación.

Más de 550 indicaciones fueron las revisadas por la Comisión de Derechos Fundamentales para evacuar su segundo informe que presentará ante el Pleno, con varias sesiones que acapararon la atención de las personas tanto dentro como fuera de la Convención.

¿Por qué? Porque la discusión y votación versó sobre los renombrados derechos sociales. A través de 26 artículos, la Comisión entregó las definiciones sobre derecho a la educación, derecho a salud, derecho a la seguridad social y otros.

Los primeros tres artículos refieren a víctimas de violaciones a los derechos humanos con su reparación integral, derecho al esclarecimiento de la verdad y derecho a la memoria. 

Derecho a la vivenda es una de las nuevas incorporaciones respecto a la Constitución vigente: “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.

Además, señala que el Estado debe “tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”, además de participar, entre otras, en la distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos.

Función social y ecológica de la propiedad del suelo, Producción Social del Hábitat y Derecho a la ciudad y al territorio se suman a la lista. Esta última señala que “todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna”.

Protección del trabajo y derecho al trabajo decente es uno de los artículos que ha llamado la atención en la ciudadanía.

“Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado garantiza la protección del trabajo decente. Este comprende, entre otros, el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital, la garantía de indemnidad”, señala el primer inciso del artículo.

También habla de las condiciones de un trabajo decente, el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, la corresponsabilidad social de los cuidados y restricciones a la subcontratación y uso de contrato a honorarios.

El informe incluye la participación de trabajadores y trabajadoras, además del derecho a la libertad sindical. 

Se establece también el Derecho al cuidado, donde el “Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”, mediante un Sistema Integral de Cuidados y el Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Derecho a la seguridad social también es parte del informe:  La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.

Este se establece a través de un Sistema de Seguridad Social público, con responsabilidad del Estado de definir la política de seguridad social. Además, el Sistema garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido.

El Derecho a la salud establecido contempla que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, a través de un Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado.

Dentro de las prestaciones se incluye el acceso a métodos de reproducción asistida, acompañamiento y reparación de las afectaciones que aquejan a las personas como consecuencia de una intervención o procedimiento médico, así como, el tratamiento integral frente al consumo de drogas.

Además, se señala que podrán existir seguros privados voluntarios – que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado– y que los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro.

Sobre Derecho a la educación se señala que es una función primordial e ineludible del Estado, que educación será integral y de excelencia, que la educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

Además, crea un un Sistema Nacional de Educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes; reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

Asimismo determina que el Estado garantizará su formación, con carácter gratuito; la actualización continua de sus conocimientos; su ejercicio reflexivo y colaborativo; otorgará estabilidad en el ejercicio de sus funciones; asegurará condiciones laborales óptimas y resguardará su autonomía profesional.

Junto a estas normas se aprobó el Derecho a la alimentación adecuada, que comprende la seguridad e inocuidad alimentaria, el acceso a una alimentación de calidad, culturalmente adecuada, así como el derecho a conocer la composición, origen y trazabilidad de los alimentos, especialmente en sectores aislados geográficamente.

Derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales también está en la propuesta donde el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento.

El Derecho a la igualdad y no discriminación busca resguardar contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, entre otros.

También se reconoció que toda persona y pueblo tiene el derecho a comunicarse en su propia lengua en todo espacio público o privado, físico o digital; el Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas; el derecho humano al agua y al saneamiento; y derecho a la autodeterminación informativa y protección de datos personales. 

Recordatorio Contexto Factual: Estas normas deberán votarse en general y particular en el Pleno. Si tienen 103 votos o más, pasan al borrador constitucional. Si tienen la mayoría de los votos de los presentes en la sala, pero no alcanzan los 103, vuelven para una nueva formulación. Si obtienen menos de la mayoría quedan definitivamente descartados. 

Revisa el contenido completo en el siguiente documento:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 09 Abr 2022
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