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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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El Presidente Sebastián Piñera entregó a su círculo de ministros y ministras un documento con 10 puntos que, a su juicio, debieran estar incluidos en una nueva Constitución, ya sea redactada por un órgano constituyente o modificada por el Congreso. Aunque el mandatario hizo énfasis en “no escribir todas las páginas del futuro”, sus propuestas abarcan la forma en que se debe organizar el Estado, los derechos que se deben garantizar y cómo deben operar ciertas instituciones. Desde la oposición lo criticaron porque “se parece demasiado a la Constitución actual”. ¿Qué tan así es? Contexto Factual revisó en detalle las definiciones del Presidente y, en efecto, mantiene puntos centrales que han existido en los últimos 40 años, sin embargo, hay también temas que van más allá de lo que ya está en el texto constitucional vigente: las minorías sexuales, los pueblos originarios y el medio ambiente.

“Que la Constitución sea un gran marco de unidad y estabilidad de la Nación. Que recoja los valores esenciales de nuestra historia y la tradición democrática del país. Para ello, es fundamental que cuente con un amplio y sólido apoyo, que le otorgue legitimidad y permita su estabilidad hacia el futuro”.
Son las palabras que el Presidente Sebastián Piñera plasmó en un documento que fue entregado a sus ministros, donde plantea 10 puntos esenciales que debieran estar contenidos en una nueva Constitución. Según la información publicada por La Tercera, el texto fue elaborado a modo de reflexión, y aunque ahí mismo intentan dejar en claro que una nueva Carta Magna -o la misma modificada- no resolverá todos los problemas de la sociedad, sí dará un marco institucional para la vida democrática del país.
Tras sus definiciones, diversas voces de la oposición criticaron las propuestas del Presidente por ser “más de lo mismo” y porque “no se diferencian sustancialmente de la actual Constitución”. Pero, ¿qué tan cierto es eso?
Contexto Factual comparó uno a uno los puntos del decálogo de Piñera con lo que señala la Carta Fundamental vigente en esas mismas materias. Si bien es cierto que se agregan o definen de forma más específica algunos temas asociados a derechos o planificación, en general, el documento mantiene varios puntos centrales que han existido en el ordenamiento que ha regido en Chile durante los últimos 40 años. ¿Cuáles? El detalle a continuación.

“Chile debe ser una república democrática y con Estado de derecho, en la cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas. El Estado debe reconocer y amparar a los grupos intermedios, garantizando su adecuada autonomía. Además, debe garantizar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que regulen dicha actividad”.

Piñera puso énfasis en el rol del Estado: que proteja y asegure la convivencia de los diferentes grupos sociales. En ese sentido, lo de república democrática, ya está asegurado, pues quedó explícito en las normas constitucionales de rigen para el proceso constituyente que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. En definitiva, son parámetros que ya están y no se podrán cambiar.
Asimismo, el estado de derecho ya está reconocido en el artículo 4: ser una república democrática. Esto implica que se posee una forma de gobierno representativa basada en valores de dignidad, igualdad y libertad humana. Las otras propuestas también están consagradas en la Constitución actual:
  • Artículo 1, inciso tercero:
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
  • Artículo 19, nº 21:
 El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.
En todo caso, respecto a esa primera definición del mandatario, sí hay algo nuevo que la actual Carta Fundamental no contempla: la idea de la solidaridad estatal.

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos”.

Las ideas relacionadas a la conformación familias y los derechos que ejercen se ven reflejadas de forma textual en dos artículos de la Constitución actual:
  • Artículo 1, inciso segundo:
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
  • Artículo 10, inciso segundo:
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

“Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos. Garantizar la igualdad de todos ante la ley y la protección ante cualquier discriminación o abuso.
Algunos derechos civiles y políticos fundamentales que debe consagrar nuestra Constitución:
– El derecho a la vida y la prohibición de someter a una persona a tortura o tratos degradantes, garantizando siempre su integridad física y psíquica.
– La libertad de expresión, de pensamiento y de religión.
– La libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, lo que permite fundar o ser parte de sindicatos u otras asociaciones.
– La libertad de movimiento, para moverse o permanecer en cualquier lugar del país.
– La presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y a una defensa jurídica.
– El derecho a la propiedad privada, porque nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada y en virtud de una ley”.

Todos los derechos listados por el Presidente ya se encuentran incluidos en la Carta Magna para su reguardo:
  • Artículo 1, inciso primero:
 Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
  • Artículo 5, inciso segundo:
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
  • Artículo 19:
Nº 1: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (…) Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo
Nº 3:  La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. (…)  Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
    La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
Nº 6: La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
Nº 7: El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
Nº 12: La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa.
Nº 13: El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Nº 15:  El derecho de asociarse sin permiso previo.
Nº 19:  El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.
Nº 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

“EDUCACIÓN: Deberá ser obligatoria y financiada por un sistema gratuito, hasta la educación media. Las personas tienen el derecho de abrir establecimientos educacionales y los padres el derecho de escoger el establecimiento para sus hijos.

SALUD: El Estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud. Cada persona debe tener el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.

PENSIONES: El Estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones que les permitan vivir dignamente”.

Las propuestas de Sebastián Piñera en educación y salud son idénticas a las que se indican en el artículo 19, en sus numerales 9, 10 y 11. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre lo que propone para las pensiones con lo que ya está en la Constitución. Actualmente, el numeral 18 del mismo artículo sólo dice: 
“El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
    El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.
Si bien actualmente se obliga a cotizar de forma mensual y se debe proveer prestaciones “básicas uniformes”, el presidente incorpora el concepto de dignidad al debate, lo que podría implicar un cambio respecto a los montos o formas de recaudación de las pensiones.

“Nuestra Constitución debe contemplar mayores mecanismos que permitan una participación ciudadana temprana en algunas decisiones públicas que sean muy relevantes para la Nación.
Además, debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo a las minorías sexuales.
La Constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios, pues es un deber del Estado respetar su identidad, cultura y tradiciones ancestrales.
En Chile no debe haber persona ni grupo privilegiado”.

La propuesta relativa a la conformación social es una de las más novedosas de Piñera, en la que se proponen dos ejes que están completamente excluidos al día de hoy: las minorías sexuales y los pueblos originarios. Las palabras del Presidente abren la puerta a diferentes mecanismos de inclusión, tal como el matrimonio igualitario y un eventual estado plurinacional.
La igualdad de derechos y oportunidades está garantizada en el artículo 1, inciso quinto, y si bien no señala cuáles mecanismos, la participación ciudadana se ve consagrada en el derecho a sufragio, especificado en los artículos 13, 14, 15 y 16.

“El deber del Estado de garantizar el orden público y la seguridad nacional, dando protección a la población y a la familia”.

La seguridad nacional es una de las primeras indicaciones de nuestra carta actual, consagrada en el artículo 1, inciso quinto:  “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
La garantía de orden público es una atribución presidencial, quien tiene la obligación de velar por este:
Artículo 24: El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.
    Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

“El Estado debe resguardar el medioambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. La Constitución debe consagrar el principio del desarrollo sustentable”.

Si bien el artículo 19, número 8 entrega el derecho a vivir libre de contaminación y obliga al Estado a velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, el principio de desarrollo sustentable –incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, agenda a la que Chile suscribió en septiembre de 2015 y pretende cumplir al 2030– no está incluido en la Carta Magna actual, por lo que su incorporación sería un avance a nivel internacional.

“La Constitución debe establecer la separación e independencia de los Poderes del Estado, con mecanismos efectivos de pesos y contrapesos.
El Estado debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Además, tendrá que reconocer la autonomía de órganos fundamentales para la República como Ministerio Público, el Servel, la Contraloría o el Banco Central.
Es necesario perfeccionar y modernizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional”.

La separación de los poderes del Estado está determinada según las funciones exclusivas de cada uno, retratadas en los capítulos IV: Gobierno, V: Congreso Nacional y VI: Poder Judicial. Asimismo, la independencia de las instituciones mencionadas por el mandatario también está asegurada en sus capítulos respectivos:
    Capítulo VII: Ministerio Público
    Capítulo VIII: Tribunal Constitucional
    Capítulo IX: Servicio Electoral y Justicia Electoral
    Capítulo Xlll: Banco Central
Por otro lado, tal como ocurre con el carácter de república democrática, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes deben ser respetados por una nueva Constitución (como ya se especificó en el primer punto).
Las atribuciones del Tribunal Constitucional se plasman en el capítulo VIII, de nombre homónimo, sin embargo, Piñera no detalló sus propuestas de perfeccionamiento y modernización para poder realizar una comparación.

“Los actos de los órganos del Estado deben ser públicos y transparentes, que deben someter su actuar a la Constitución.
La Constitución debe consagrar el estricto cumplimiento al principio de probidad en el ejercicio de la función pública.
Ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
La responsabilidad fiscal y macroeconómica del Estado”.

El artículo 8 de la Constitución detalla dos de los comentarios presidenciales respecto a este punto: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”.
Las atribuciones de autoridades o derechos se ven plasmadas en la separación de los poderes, donde se delimita las funciones de cada institución. Respecto a labores exclusivas, si bien la responsabilidad fiscal y macroeconomía no está detallada en la Constitución, cualquier proyecto de ley que requiera cambios en ella debe hacerlo el presidente.

La descentralización de la administración del Estado. Para ello, los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas.
Es necesario un compromiso decidido en favor del proceso de descentralización, para lo cual debemos consagrar constitucionalmente y en forma mucho más efectiva una real distribución de potestades locales, regionales y nacionales. Decisiones políticas, administrativas y fiscales.

Artículo 3: El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
Es el tercer artículo de la Carta Fundamental, que demuestra la consagración constitucional de la descentralización, como pide el Presidente.