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Integrantes del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Corporación de la Administración del Poder Judicial también fueron invitados a la Comisión para dar sus perspectivas sobre las disposiciones propuestas. Dentro de las alertas, se hizo especial énfasis en que dictaminar plazos de funcionamiento podría ser perjudicial para una correcta instalación de los órganos y sistemas.

La primera visita a Normas Transitorias fue de Gobernadores Regionales y representantes de municipalidades. La segunda, del Contralor General de la República (ver nota) a la que le siguió el Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson.

¿El motivo? La Comisión invitó a diferentes cuerpos del Estado para conocer su perspectiva sobre las medidas necesarias a adoptar para la adecuada implementación de las reformas de su competencia.

Este jueves se invitó a las ministras del Tribunal Constitucional María Pía Silva y Daniela Marzi, al igual que el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, la ministra Ángela Vivanco y el ministro Leopoldo Llanos y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. Además, se contempló a los secretarios del Senado y Cámara, Raúl Guzmán y Miguel Landeros, pero no asistieron a la instancia.

Las preocupaciones del Tribunal Constitucional

Agradeciendo la invitación y la oportunidad de seguir considerando un órgano revisor como la Corte Suprema, la ministra María Pía Silva inmediatamente pasó a enumerar sus reparos con la propuesta. Dentro de ellas destaca vacíos de la propuesta de la Corte, como por ejemplo sus atribuciones.

Además, enfatizó en algunas preocupaciones sobre cómo funcionará el traspaso de cargos de un órgano a otro y la temporalidad de la puesta en marcha de la Corte, que contempla en una de sus propuestas tres meses para empezar su funcionamiento.

“Es muy difícil que se cumpla con el propósito de concretar en un periodo tan breve que la ley esté dictada debido a la complejidad del tema, muchas atribuciones son nuevas y los tiempos que se requieren para que los órganos colegisladores estudien bien esa legislación. Parece muy corto tres meses”. Destaca las propuestas que otorgan más flexibilidad, como las que señalan que una vez que la ley esté lista, funcionará el órgano.

Además, cuestionó cómo se ejercerá el tiempo intermedio entre que deje de funcionar el Tribunal Constitucional y empiece a hacerlo la Corte Constitucional: “Va a haber un tiempo en que no habrá supremacía constitucional, no habrá control de constitucionalidad, así de simple”.

La ministra Daniela Marzi se refirió a dos temas: la preocupación por el trabajo de las y los funcionarios del TC. “Es una norma que deja incertidumbre, con eso me estoy refiriendo a las secretarías, unidad de estudio, a un conjunto de trabajadores, no saber qué va a pasar con su fuente laboral es sumamente crítico y es una experiencia muy difícil y no vemos porqué no podrían tener una certeza mayor”.

También se refirió a la inhabilitación de los actuales ministros del Tribunal Constitucional para ser ministros de la Corte Constitucional, algo que ministros anteriores sí pueden hacer: “Cuesta ver cuál es la razón detrás de establecer una inhabilidad absoluta para llegar a un puesto del futuro orden constitucional”.

“Lo que se ha hecho es impedir el acceso a la función pública y afectar el derecho al trabajo de personas muy concretas, cuestión que pudiera resolver de manera muy sencilla (…) Es una decisión arbitraria”.

Corte Suprema

De forma telemática el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes se dirigió hasta los integrantes de la Comisión con sus observaciones respecto al texto aprobado y las disposiciones que regularán la implementación de él.

A Fuentes se sumó la ministra de la Suprema, Ángela Vivanco y el ministro Leopoldo Llanos, quienes expusieron acerca de las normas.

Respecto a las vacancias de los cargos señalaron que se necesita una disposición transitoria que regule cómo funcionará, porque de no hacerlo, dejarían sus puestos de manera automática 104 cargos del escalafón primario del Poder Judicial.

“La provisión de vacantes sería extraordinariamente compleja y además, porque se exige el ingreso que sean egresados de la Academia Judicial, lo que significaría que no se daría abasto para poder solventar esa problemática”, señaló Vivanco.

La posibilidad de no cumplir con los plazos de adaptación y funcionamiento también fueron parte de la exposición: “No existe una sanción aparejada al no cumplimiento de los plazos por parte del legislador. En consecuencia, si esos plazos no se cumplen, no hay un efecto de cara al parlamento pero sí podría haber un efecto interpretativo que posteriormente redunde o signifique la consideración de que ha caducado la posibilidad de dictar estas normas, lo que sería muy grave”.

Respecto a la coordinación con los sistemas jurídicos indígenas señalaron que “pareciera necesario establecer normas mínimas que regulen la fase de transición en materia de fuentes, procedimientos y sistema recursivo de la justicia indígena”, señaló Llanos.

Desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, destacaron la norma que determina que el personal que trabaje en tribunales, que lleve más de cinco años en el cargo, será traspasado a profesional de planta.

Fecha 20 May 2022
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