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Un tenso debate entre la directora de Libertad y Desarrollo, Natalia González y el constituyente de la Lista del Apruebo, Ricardo Montero durante el programa Estado Nacional de TVN, volvió a abrir la pregunta sobre la unificación del Sistema Nacional de Justicia, luego de la inclusión del pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos coexistentes en el borrador constitucional. Aquí te contamos el funcionamiento del Sistema, que tiene como eje rector que todos los tribunales de justicia –incluidos los indígenas– están sujetos al mismo estatuto jurídico y principios.

El pasado domingo 8 de mayo, en el programa Estado Nacional de TVN, la panelista del espacio y directora del área constitucional del centro de investigación Libertad y Desarrollo, Natalia González, argumentó que el pluralismo jurídico podía ser una posible dificultad para fijar el “justo precio” de los bienes expropiados, ya que, si se aprueba la nueva Constitución, iban a existir “múltiples sistemas de justicia”, e interpeló a Montero afirmando que él y su colectivo, “votaron por un Sistema Nacional de Justicia y prácticamente por 11 sistemas de justicia indígena”.

Este argumento abrió inmediatamente el debate sobre la unidad del Sistema Nacional de Justicia, que por lo aprobado en el Pleno sobre el pluralismo jurídico, habrán sistemas de justicia indígenas coexistiendo. ¿Esto quiere decir que funcionan por separado? ¿Se unifican? Vamos por parte.

Primero se establece el pluralismo jurídico. En el artículo 2 del bloque de Sistemas de Justicia, se indica que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.

Dentro del mismo inciso encontramos el primer indicio de unificación jurisdiccional. El texto establece que los sistemas jurídicos indígenas deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución”, como por ejemplo, el derecho de propiedad (artículo 18 de Derecho Fundamentales) y además deberá apegarse a los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”.

La última parte de este párrafo hace referencia a las reglas de competencia de estos sistemas coexistentes, indicando que “la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”. De esta manera, será la ley la que determinará cuál será la competencia de los tribunales indígenas, tal cómo se hace con los demás tribunales (pincha acá para ver nuestra nota que profundiza esto).

Además de esto, hay dos artículos que abordan directamente la unidad del Sistema Nacional de Justicia. El primero se encuentra en el artículo 1 del epígrafe sobre tribunales, que habla sobre el principio de unidad jurisdiccional.

En este se dicta que “los tribunales de justicia –incluidos los indígenas– se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento, estando sujetos al mismo estatuto jurídico y principios”.

Christian Viera, coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, explica que la unidad jurisdiccional “es un principio básico del derecho, que supone que a la cabeza de todos los tribunales de justicia del país hay una última palabra que definde todo”.

Y en este caso, ¿quien está a la cabeza?

Eso lo encontramos en el artículo 26 sobre “impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena”. 

Esta norma, la cual fue la utilizada por el convencional Montero en el programa de TVN,  dice que “la Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena”. Esto establece que, tal como sucede ahora, la Corte Suprema será la que tendrá la decisión final sobre todos los conflictos jurídicos y de tratarse de casos de la jurisdicción indígena, será “asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio”.

De esta manera, en el caso de la expropiación y de cualquier decisión tomada por la jurisdicción indígena, serán los jueces de la Corte Suprema –y no la legislación o un tribunal indígena– quienes tendrán la última palabra.

 

Por Jorge Morales
Fecha 10 May 2022
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