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La jornada de este miércoles estuvo marcada por la presentación de propuestas de normas constitucionales, presentadas tanto por la ciudadanía como también por constituyentes. Hasta la fecha, se han presentado 236 iniciativas populares de norma y más de 20 presentadas por convencionales, en temas que van desde derechos fundamentales hasta el derecho de participar en la vida cultural.

El proceso de las iniciativas de normas constitucionales sigue su curso y son cientos las propuestas desde la ciudadanía para la nueva Constitución. Hasta la fecha se han integrado 236 iniciativas (puedes revisarlas acá) que van de los más variados temas y que deben alcanzar 15.000 firmas para lograr ingresar a una comisión permanente de la Convención Constitucional para ser discutidas. 

Este miércoles la jornada estuvo marcada por la presentación de estas propuestas, tanto de la ciudadanía como por parte de las y los convencionales (que también puedes revisar aquí). Aquí les contamos los detalles de algunas de las normas que fueron presentadas el día de ayer. 

Derecho a la Seguridad Social

La Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP ha generado una normativa para plasmar el Derecho a la Seguridad Social como un derecho fundamental en la Nueva Constitución, sentando las bases para un nuevo sistema previsional basado en los principios de la Solidaridad, la Suficiencia, la Universalidad y la Unidad.

La iniciativa fue respaldada por 16 constituyentes y un número similar de adherentes, y será ingresada a la Comisión de Derechos Fundamentales. Esta iniciativa de norma constitucional busca dejar instalada la Seguridad Social como un derecho fundamental de todas las personas en la Nueva Constitución y al Estado como garante en el cumplimiento de este derecho a través de instituciones públicas y sin fines de lucro.

La normativa constitucional establece que “el Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento”. 

Asimismo, la iniciativa establece que “la definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias” y que “la gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”. 

Nacionalización de la Gran Minería del cobre, litio y otros bienes minerales 

Trabajadores de la minería del Cobre, del Colegio de Profesores, de la Confusam y otras organizaciones están detrás de esta iniciativa que busca nacionalizar la gran mayoría y los bienes asociados a la explotación de bienes minerales. Además establece criterios mínimos, como “el estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos. Igualmente, deberá protegerse el derecho de los pueblos indígenas y naciones preexistentes a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”

Además plantea que los pueblos que se vean afectados por la actividad minera, siempre que sea posible, deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir “una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”

“Toda exploración y explotación de bienes minerales se desarrollará considerando su impacto sobre los territorios afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos incidir sobre los criterios y dimensiones de su ejecución, en cumplimiento de los principios preventivo y precautorio en materia ambiental. En el caso de la Gran Minería, será obligación del titular de la exploración o explotación la protección, restauración y recuperación de los territorios y fuentes hídricas afectados por su actividad.”

Defensa a los ciudadanos frente a la Burocracia

La propuesta fue firmada por los convencionales Carol Bown, Claudia Castro, Margarita Letelier, Ruth Hurtado, Pablo Toloza, Martín Arrau, Arturo Zúñiga y Eduardo Cretton, quienes proponen crear un organismo para que los ciudadanos se puedan defender fácilmente y reclamar cuando considere que no se ha dado cumplimiento a lo que la Constitución, una ley o reglamento determine, en cuanto deberes, funciones, procedimientos o servicios que deben proveer los órganos de la Administración Pública.

“Queremos un Estado y funcionarios al servicio de las personas. Esto es parte de la dignidad en el trato que se merece toda persona que solicita una prestación del Estado. El funcionario público no está haciendo un favor al ciudadano y eso se tiene que notar”, dijo Carol Bown.

“Escuchamos permanentemente a personas que se quejan por la demora en recibir el pago de sus licencias, o que llevan años en lista de espera para una cirugía y cuando va a un hospital nadie le explica bien qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que ir para solucionar su problema”, agregó la convencional para ejemplificar la razón de la propuesta.

Derecho a una vida libre de violencia 

Por Daniela Yáñez
Fecha 23 Dic 2021