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La inclusión de la pequeña minería e inéditas referencias a la protección y reparación medioambiental son unas de las novedades de la nueva regulación constitucional a la industria minera, la cual no establece mayores cambios en las exigencias regulatorias actuales

El segundo informe de la Comisión de Medioambiente fue el que cerró el debate constitucional en el Pleno de la Convención, siendo sus normas las últimas en ser incluidas en el borrador constitucional. 

En este informe, se encuentra el estatuto constitucional de los minerales, tema que causó alto interés entre los visitantes de ese Pleno: trabajadores de la minería que aplaudían las normas a medidas que se iban aprobando o rechazando. 

La importancia no es menor. La actividad minera, según el último anuario de Sernageomin, concentra más de un 10% de participación en el PIB de Chile.

¿Cuáles son las diferencias entre la propuesta y la normativa constitucional vigente?

El estatuto comienza de manera a lo que hay hoy en día, indicando que el Estado “tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”

El principal cambio se produce porque no hay regulación sobre la participación de los privados en el borrador, norma que actualmente tiene rango constitucional. En el artículo 27 de la Constitución vigente, se establece que las concesiones mineras “se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional”.

Esto no significa que los privados no puedan participar, de hecho, la participación queda igual, pero regulada solamente por lo que se establece en el Código Minero. En su artículo segundo establece que “la concesión minera –de exploración y explotación– es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial”, el cual pertenece al Estado. Así, cualquier cambio en esta ley queda en manos del Poder Legislativo.

Desde el Consejo Minero ven buenos ojos que la norma aprobada no cambie mucho la regulación vigente, aunque sí advierten preocupación por no haber incluido la regulación de las concesiones en el texto. Su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, afirma que les “habría gustado que la actividad minera privada hubiera tenido una densidad constitucional bastante mayor”. 

Según Villarino, “garantizar esta certeza y estabilidad depende que nuestro país pueda captar nuevas y relevantes inversiones mineras” y agrega que confían en que “no cambien las definiciones respecto a las características de las concesiones mineras” a través de normas transitorias.

Pero también hay novedades. 

Una de ellas es que se incluye en la Constitución a la pequeña minería. Esto se establece en el artículo 28 bis, en donde se indica que el Estado “adoptará las medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquineros, las fomentará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad”, siendo estos actores abordados por primera vez en la historia constitucional.

Otro cambio importante tiene que ver con las referencias a la protección del medioambiente

En el borrador se establece que la política minera  “considerará, a lo menos, la protección ambiental y social”. Además, se le otorga rango constitucional a la obligación de quien realice la actividad minera a “destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que ésta se desarrolla, de acuerdo a la ley”, algo que sólo estaba incluido en el Código Minero.

Para Andrea Sanhueza, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica y parte de la asamblea de Sustentabilidad y Recursos Naturales de Espacio Público, “claramente lo que está en el borrador de la nueva Constitución es una buena noticia”, ya que, tal como se dijo en Informe Brundlant en el marco de las Naciones Unidas en 1987,  el “crecimiento económico no puede hacerse a costa del medio ambiente”, que según la experta, “es lo que ha pasado hasta el día de hoy, no sólo en la minería sino en cualquier sector productivo”.

Esto va en línea con la implementación del desarrollo sostenible, es decir, el balance entre los aspectos económicos, sociales y ambientales.

“Es un cambio de paradigma, otra forma de hacer las cosas, ya que el borrador recoge estas otras dimensiones para que conversen de mejor forma con la dimensión económica”, indica Sanhueza.

Por otro lado, la investigadora ve como algo positivo la inclusión de la obligación de reparar los daños causados por la industria minera, ya que afirma que hoy, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental “no es tan efectivo”.

Actualmente, para llevar a cabo un proyecto minero o de cualquier índole, es necesario que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental haga un informe que describa los daños que el proyecto pueda provocar en el entorno y cómo estos se pueden mitigar. 

Una vez hecho, el Servicio de Evaluación Ambiental entrega una Resolución de Calificación Ambiental. Según Sanhueza, existen dos principales problemas, que “no hay nadie que fiscalice que si lo que sale en la resolución de calificación ambiental se está haciendo o no se está haciendo”, producto de la poca capacidad fiscalizadora del Estado. 

 

Por Jorge Morales
Fecha 26 May 2022