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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Tal como indica la ley, 90 días antes de cada elección el Servel debe publicar el padrón electoral auditado y la nómina de personas inhabilitadas para votar. En total, para la elección del 11 de abril serán 237.888 personas las que verán suspendido su derecho constitucional a votar, ya sea por interdicción, por estar acusado o condenado a pena aflictiva -más de tres años- o por sanción del Tribunal Constitucional. Esta vez, políticos como Pablo Longueira, Jaime Orpis, Marco Enríquez-Ominami y otros figuran en esa lista, producto de los procesos judiciales que enfrentan -algunos abiertos, otros ya cerrados-, principalmente por casos vinculados al financiamiento ilegal de la política. Por otro lado, casi 15 millones de personas sí podrán votar y, por primera vez, se identifica al electorado indígena que elegirá a los representantes de los escaños reservados en la Convención Constitucional.

Esta semana partió movida en el Servicio Electoral (Servel). A 90 días de las elecciones del 11 de abril, esa jornada vencían dos plazos. Por una parte, a la medianoche debían quedar inscritas todas las candidaturas de quienes buscan postularse en las papeletas electorales para ser convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por la otra, debía darse a conocer el padrón electoral definitivo y auditado con el listado de quiénes podrán votar y quiénes no podrán hacerlo por estar inhabilitados, de acuerdo a la Ley 18.556. Eso incluía también, por primera vez, la construcción de un padrón especial que identifique a los electores indígenas y al pueblo al que pertenecen, quienes podrán sufragar para elegir a los representantes de pueblos originarios que ocuparán los 17 escaños reservados en la Convención Constitucional.
En total, las personas habilitadas para participar mediante su voto son 14.900.089 en todo el territorio nacional, apenas 1,4% más que para el plebiscito del 25 de octubre.
Cabe recordar que a diferencia de entonces, y a raíz del rechazo en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de reforma constitucional que buscaba incluir a la comunidad chilena que reside en el extranjero en el proceso mediante la inclusión de un distrito especial para ellos con representación en la Convención (ver artículo), en estas elecciones, esas personas -que el año pasado integraban un padrón cercano a los 160 mil electores- no contarán con derecho a sufragio.
Puedes revisar si estás o no habilitado para votar en el sitio web del Servel.
Entre quienes sí podrán votar el 11 de abril, un poco más de la mitad (7.642.418, representando el 51%) son mujeres. Mientras que a nivel geográfico, son cinco las comunas que superan los 300.000 electores: Puente Alto (399.734), Maipú (389.731), Santiago (340.267), La Florida (307.413) y Viña de Mar (301.363).
Otro dato relevante que destaca el Servel son las nacionalidades de los extranjeros residentes en el país habilitados para votar. Peruanos, colombianos y bolivianos son quienes presentan más electores con 149.312, 49.745 y 47.926 personas con derecho a sufragio, respectivamente.

Los inhabilitados

Junto con el Padrón Electoral Auditado, el Servel publicó también la nómina de personas inhabilitadas, es decir, aquellas que no podrán votar por interdicción en caso de demencia, por acusación de un delito que merezca pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista, o por sanción del Tribunal Constitucional (TC). El documento recoge la información de las 237.888 personas que han visto suspendido su derecho a sufragio por alguno de esos tres motivos.
A diferencia del padrón que se implementó para el plebiscito, en esta oportunidad sí aparece como inhabilitado el exsenador y exministro de Economía, Pablo Longueira, quien el año pasado irrumpió en la escena pública tras siete años retirado de la política, anunciando que iría por un cupo en la Convención y por la presidencia de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI). Su caso había levantado polémica, pues ya entonces se encontraba acusado por el Ministerio Público por supuesto cohecho en el marco del Caso SQM, lo que, en rigor, lo debiera haber imposibilitado de participar en la consulta de octubre de 2020 sobre una nueva Constitución.
Finalmente, y ante la confirmación de que aparecería en esta lista del Servel, declinó primero a postular a la dirección de la UDI -otorgando su cupo al exministro del Interior, Víctor Pérez- y luego a la carrera para ser parte del órgano que redactará una nueva Carta Fundamental. Eso último se selló el sábado 10 de enero, cuando desde su partido optaron por no incluirlo en su lista de candidatos, lo que derivó en que también renunciara -por segunda vez en 37 años- a su militancia.
“Después de 7 años de estar alejado de la política, creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país. Hoy tengo claro que ustedes no piensan lo mismo”, escribió en su carta de renuncia.
Junto a él, finalmente se ha confirmado que otros políticos vinculados -acusados o ya condenados- a distintos casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política tampoco podrán votar en las elecciones de abril. Son los casos del exdiputado y tres veces candidato presidencial, Marco-Enriquez Ominami (PRO) y su exasesor Cristián Warner, quienes están a la espera del juicio oral por los casos OAS y SQM.
También figura esta vez en la lista el exsenador Jaime Orpis (UDI), quien por un error judicial, no había sido incluido en la nómina previa al plebiscito del 25 de octubre. Ahora que ya fue condenado por cohecho y fraude al Fisco en el proceso judicial conocido como Caso Corpesca, al igual que la exdiputada Marta Isasi, ambos se encuentran inhabilitados de postular a algún cargo público o incluso participar como votantes en las elecciones que se lleven a cabo mientras dure su condena, la cual se sabrá después de las elecciones, el 16 de abril, fecha determinada por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para dar lectura a la sentencia. Para él, la Fiscalía solicitó una pena de 21 años; para ella, de cuatro.
Quien ya había sido incluida en 2020 fue la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Por entonces, enfrentaba una acusación por fraude al fisco y negociación incompatible en el marco del denominado Caso Main. A fines de 2020 fue condenada y la próxima semana se dará a conocer su sentencia.
El nuevo electorado indígena
Como se mencionó anteriormente, además del padrón electoral general y la nómina de inhabilitados, en esta ocasión, la ley de escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional exige que también se identifique a los electores indígenas y al pueblo al que pertenecen. Fue la misma ley que establece que los partidos y listas deberían presentar una cuota de al menos un 5% de candidaturas de personas en situación de discapacidad.
En virtud de ese marco legal, el Servel publicó además cómo se distribuye la presencia de los pueblos indígenas en las distintas regiones, siendo el pueblo originario más numeroso el pueblo Mapuche con 1.058.767 de votantes y alzándose la Región Metropolitana como la región que concentra un mayor número de electores indígenas. En cuanto a los demás pueblos indígenas, sus electores se distribuyen de la siguiente manera: 75.805 del pueblo Aimara, 9.125 del Colla, 53.024 del Diaguita, 509 del Kawashkar, 22.487 del Lican Antay o Atacameño, 7.556 del Quechua, 3.825 del Rapa Nui y 178 votantes del pueblo Yagán o Yamana.
La publicación de todas estas listas por parte del Servel tiene por objetivo último que las personas que consideren que injustificadamente fueron omitidas o incluidas en estos listados puedan presentar sus reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, el cual se puede encontrar en el listado publicado en el sitio web del Servel.
También pueden hacerlo aquellas personas naturales, partidos políticos o candidatos que consideren que algún elector haya sido omitido sin fundamento o indexado con datos erróneos, o que figure en alguna de las listas contraviniendo la ley. Para lo que tienen de plazo hasta el 21 de enero, publicándose las resoluciones que aceptan o rechazan las candidaturas el día 23 de enero.