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La Convención Constitucional ha estado marcada por la particularidad de estar compuesta de manera paritaria, siendo este un caso inédito en el mundo. Con esta base, se ha intentado integrar esta condición en distintos puntos de la construcción de la Carta Magna. Revisa a continuación qué ha sido incluido hasta ahora en el borrador de la nueva Constitución en relación a este tema.

Más de diez artículos que han sido aprobados por el Pleno mencionan la paridad como una norma a seguir en materias que conforman el sistema político, electoral o judicial de Chile. 

Uno de los más importantes se encuentra en el inciso segundo del artículo 1 de Principios Constitucionales en el cual, a propósito del Estado social y democrático de Derecho, se establece que Chile se constituye como una República cuya democracia es paritaria. 

Según explica la profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, la democracia paritaria busca la realización de la igualdad sustantiva de género, lo que supone una redistribución del poder estatal e implica una participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones. 

En normas aprobadas de Sistema Político, se establece que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para impulsar la paridad y con ello se forma la base para que esta sea considerada y consagrada en el resto de las normas que componen la Carta Magna. 

La académica, explica que una forma de hacer efectiva la paridad es, por ejemplo, garantizando que al menos el 50% de los integrantes de un órgano de elección popular, como el futuro Congreso de los Diputados y Diputadas, sean mujeres.

El pasado miércoles 13 de abril, el Pleno devolvió a la Comisión de Sistema Político dos artículos en donde se consagraba la democracia paritaria: el artículo 2 , en el cual se establecía que “todos los órganos del Estado deberán tener una composición paritaria” y el artículo 5, que dictaba que el Congreso de Diputadas y Diputados se instauraba como un órgano paritario.

¿Cuál fue la razón para rechazarlos? Principalmente porque en ambos, además de asegurarse que “al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres”, también se buscaba garantizar la “representación de identidades trans y no binarias”, lo que causó diferencia entre los convencionales e hizo que ambos artículos volvieran a la Comisión para ser revisados y posteriormente votados nuevamente.

Dentro de las normas de Sistema Político, también se define que la Cámara de las Regiones, el organismo que reemplazará al Senado, será paritario. En el artículo 8 también se incluye que deberá haber paridad en los Concejos Municipales. 

Sistema electoral

El artículo 54 de Sistema Electoral, establece que la ley creará un sistema electoral conforme a, entre otros principios, la paridad y alternabilidad de género. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y además “promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales”. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer.

La norma que dicta que se establecerán escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos de representación popular a nivel nacional, regional y local, dice que estos también deberán ser repartidos con paridad.

Sistemas de justicia y perspectiva de género

Otra novedad que se ha incluido en el borrador del nuevo texto constitucional, es que la función jurisdiccional también se regirá por los principios de paridad, por lo que el Estado deberá garantizar que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad, incluyendo la designación de las presidencias. En la creación del Consejo de Justicia, el órgano autónomo que gobernará al Poder Judicial, también deberá haber paridad.

Otro concepto que también regirá la función jurisdiccional es el principio de perspectiva de género. Esta norma ha levantado voces críticas, al establecerse la creencia de que esta exigirá que los jueces interpreten la norma de manera sesgada en favor de las mujeres, afectando su imparcialidad, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. En este contexto, Henríquez afirma que esas interpretaciones son erradas. 

Basándose en el Informe de la Convención de Venecia, la abogada asegura que la perspectiva de género en la función jurisdiccional “puede ser útil para garantizar los derechos humanos y para promover la imparcialidad del juez”

Un ejemplo de esto, agrega, es que “el enfoque de género permite tener en cuenta las situaciones específicas que desfavorecen a las mujeres, con el objetivo de garantizar la imparcialidad evitando sesgos hacia ellas en la adjudicación”, considerándose en ningún caso, que tal perspectiva de género puede suponer una posición privilegiada o predeterminar el resultado.

 

Por Jorge Morales
Fecha 17 Abr 2022