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La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico sufre un duro revés en el Pleno de la Convención Constitucional, con la aprobación de solo 6 de los 40 artículos propuestos en su primer informe. Si bien en la previa de la instancia se sabía que esta propuesta no contaría con el apoyo de la mayoría de los bloques -menos de los autodenominados eco constituyentes- la coordinación no hizo autocríticas al contenido del informe, sino que responsabilizó al poco diálogo entre colectivos, además del “asedio mediático y empresarial” sobre la comisión. 

En la jornada con más artículos rechazados a un informe proveniente de una comisión de la Convención Constitucional, los ánimos quedaron crispados luego que solo 6 de los 40 artículos que formaban parte del primer informe de la comisión de Medio Ambiente, fueran rechazados por una amplia mayoría en el Pleno. 

Los artículos aprobados abordan materias relativas a la crisis climática, los deberes del Estado con la Naturaleza y la contaminación, los derechos de los animales e información ambiental. La coordinación de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico celebró la aprobación de los seis artículos, reconociendo falta de diálogo, pero sin hacer autocríticas respecto al contenido: “Faltó el diálogo entre los distintos miembros de los colectivos al interior de la comisión y sus respectivos colectivos, que pudieron participar mucho más, por ejemplo el Frente Amplio no participa directamente, pero los invitamos y se logró dilucidar su aporte”.

Tras duras críticas de distintos sectores de la Convención Constitucional que aseguraban graves faltas en los contenidos que forman parte del informe de la comisión de Medio Ambiente: “Me parece que este es un buen resultado para Chile ya que muchas de estas normas habrían producido problemas jurídicos relevantes”, aseguró el convencional Rodrigo Álvarez, opinión que fuera de micrófonos era compartida por el Colectivo Socialista, parte del Frente Amplio, Colectivo del Apruebo, entre otres. 

Además, Camila Zárate coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, responsabilizó a los medios de comunicación: “También hay que decirlo, hemos tenido un asedio mediático importante, hemos tenido las empresas haciendo una y otra nota sobre lo que pasa o no pasa en esta comisión, porque vemos el modelo económico asociado a la protección ambiental  y sabíamos que sería una aprobación bastante apretada”, aseveró, a pesar de que el Pleno rechazó el 85% del articulado. 

Juan José Martín, también coordinador, quiso recalcar su aporte al proceso: “Somos la primera generación de activistas ambientales y socioambientales que llega a un espacio de toma decisiones tan importante como estos”. 

Así quedó el articulado aprobado: 

Artículo 1. Crisis climática y ecológica.

El Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana. Es deber del Estado desarrollar acciones y adoptar medidas en todos los niveles para la gestión de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica, en función de los principios de acción climática justa, progresividad y no regresión, justicia intergeneracional, los derechos de los pueblos indígenas y la Naturaleza, y los principios establecidos por la Constitución y las Leyes. La ley establecerá los deberes del Estado y de las personas para enfrentar la crisis climática y ecológica.

El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza.

110 a favor, 26 en contra, 13 abstenciones. 

​​Artículo 5. Deberes del Estado con la Naturaleza.

Es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental. La restauración de la naturaleza comprende adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana. La ley establecerá las instituciones y normativas necesarias para resguardar estos derechos, asegurar la participación ciudadana y la consulta indígena.

108 a favor, 43 en contra, 0 abstenciones.

Artículo 23. Derechos de los animales.

El Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato.

La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles.

103 a favor, 28 en contra, 20 abstenciones. 

Artículo 25.

El Estado fomentará una educación basada en la empatía hacia los animales y propenderá, a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal.

103 a favor, 16 en contra, 34 abstenciones. 

Artículo 32.

El Estado deberá diseñar e implementar planes y medidas correctivas de los pasivos ambientales y/o de restauración de zonas históricamente afectadas por contaminación, destrucción o agotamiento de los bienes comunes naturales. El cumplimiento de este deber en ningún caso excluye la obligación de perseguir la responsabilidad que corresponda a las personas naturales o jurídicas que contribuyeron a ellas. Estos planes y medidas deberán considerar la participación de la sociedad civil y las comunidades locales de dichas zonas.

103 a favor, 34 en contra, 16 abstenciones. 

Artículo 37. Derecho de acceso a la información ambiental.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental pública, que conste en poder o custodia del Estado, y de las empresas, instituciones y organismos que presten servicio al Estado. La ley promoverá la generación, recopilación, preservación y difusión de la información ambiental para cumplir con los derechos establecidos en este párrafo.

106 a favor, 33 en contra, 14 abstenciones. 

Por Daniela Yáñez
Fecha 04 Mar 2022
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