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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Con el objetivo de promover una Constitución con más democracia; un futuro verde; convivencia libre, diversa y segura; y perspectiva de género, Revolución Democrática elaboró un programa para impulsar en la Convención Constitucional una vez que comience a operar a fines de mayo. El documento de 21 páginas hace un repaso por diferentes instituciones del Estado con respectivas propuestas para mejorar su funcionamiento, además de poner principal énfasis en la protección y garantía de derechos sociales y políticos. Revisa a continuación las sugerencias del partido del Frente Amplio para la propuesta de Carta Magna.
“Queremos que la Convención no solo sea el lugar en que las personas electas discutamos nuestras visiones sobre la Constitución que aspiramos a construir, sino también el lugar donde el pueblo pueda ser escuchado, ocupando un rol protagónico en el proceso. Por ello, impulsaremos el establecimiento de un reglamento de la Convención que contemple mecanismos de participación popular incidentes, inclusivos, con perspectiva de género, con pertinencia cultural, que permitan la participación de una sociedad diversa, plural y desigual”. 
Así comienza el escrito constitucional de Revolución Democrática (RD), un documento de 21 páginas que contiene los ejes, principios y propuestas que el partido señala que defenderá en la Convención Constitucional. En su introducción hace énfasis en la transparencia y probidad del proceso –que debe estar incluída en el reglamento del órgano redactor–, el criterio de paridad como una regla fundamental en su funcionamiento y la descentralización como motor de su postura.
La Constitución que promueve el partido frenteamplista tiene cuatro pilares fundamentales: más democracia; un futuro verde; convivencia libre, diversa y segura; y la perspectiva de género.
Sobre el primer eje, y como forma de asegurar la voluntad del pueblo, señalan que la ciudadanía debe actuar conjuntamente en el diseño, implementación y evaluación de las reformas legales y políticas públicas, implementando mecanismos de democracia participativa y directa. A esto se suma que las instituciones democráticas deben asegurar la descentralización y desconcentración del poder, dando mayor poder a las comunidades y otorgando mayores atribuciones a las autoridades locales, además de redefinir el equilibrio de poderes, disminuyendo el del ejecutivo y aumentando el del legislativo.
En segundo lugar, buscan plasmar una Constitución que construya modelos socioeconómicos orientados a la prosperidad, el cuidado del medioambiente, el buen vivir y la justicia social en sus diversas expresiones. “Para ello se debe asegurar un manejo del territorio y los bienes comunes que permita adaptarnos a la crisis climática y reconocer la capacidad emprendedora, redistributiva y de orientación estratégica del Estado, con una mirada puesta en los fenómenos que hoy están cambiando la economía y la sociedad”, indican.
Su tercer pilar exige que la Carta Fundamental asegure el libre desarrollo de cada persona, reconociendo la diversidad individual y colectiva, la diversidad de formas de vida y de culturas, construyendo un país en que no haya espacio para abusos y discriminaciones de cualquier tipo. ¿Cómo? A través de la determinación de un país plurinacional, garantía de derechos, mecanismos de protección e instituciones de defensa de derechos.
Por último, la colectividad plantea que se debe ejercer una “imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades, ya sea con un trato igualitario o diferenciado en la Constitución pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios y las obligaciones”. Para esto proponen que haya un enfoque feminista en la discusión de la Convención y que se plasme en todas las instituciones del país, garantizando una democracia paritaria.
¿Cómo buscan lograr la representación de aquellos cuatro pilares? Te contamos las propuestas a continuación.

La configuración del poder

Equilibrio entre poderes ejecutivo y legislativo, y el rol de la ciudadanía

Como se mencionó anteriormente, uno de los focos de Revolución Democrática es reducir la concentración de poder en el Ejecutivo. No proponen una forma de gobierno en particular, pero señalan que en caso de continuar con un sistema presidencial, se hará revisión de la iniciativa exclusiva del Presidente, el control de la agenda legislativa, la duración de los mandatos presidenciales, y las urgencias.
En tanto para el Poder Legislativo, exigen una tramitación más rápida de los proyectos de ley, por lo que, independiente de ser un Congreso unicameral o bicameral, sugieren determinar de mejor forma los roles del parlamento. Asimismo, proponen continuar con sistema proporcional en las elecciones.
En términos de participación ciudadanía, proponen volver al registro automático y voto obligatorio, además de impulsar mecanismos de intervención como referéndum revocatorios de autoridades, iniciativa popular de ley, plebiscitos, entre otros, contemplados tanto a nivel nacional como de gobierno local.

Cambios en la justicia

Como una forma de asegurar la democratización interna del Poder Judicial, RD propone crear una nueva institución que se encargue de la calificación y ascenso dentro de él, eximiendo a la Corte Suprema de aquella labor que, según el partido, “impide la adecuada autonomía de los  jueces al resolver los casos sometidos a su decisión”.
Asimismo, propone terminar con el Tribunal Constitucional y fundar una nueva institución que vele por la adecuada interpretación de la Constitución, compuesto en términos paritarios y basado en los conocimientos y trayectoria de sus integrantes. Su control debe estar limitado a los requisitos formales de la formación de la ley con mecanismos procedimentales que no interfieran en la potestad del Poder Legislativo.
Para profundizar la promoción y protección de derechos fundamentales, propone la creación de un organismo autónomo que se encargue de la defensa de la ciudadanía en contra de acciones del Estado e intervención de causas de interés público, que además pueda promover iniciativas de ley.

Fuerzas Armadas y policiales

Respecto a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Orden, proponen que se establezca constitucionalmente su existencia, misión y subordinación pero que su regulación se desarrolle a través de leyes ordinarias. Aquella instrucción estará determinada en el capítulo referente al Poder Ejecutivo, donde además se señale que son obedientes y no deliberantes.
Asimismo, exige la eliminación del Consejo de Seguridad Nacional y que el uso de la fuerza esté regulado a través de normativas legales, con especial énfasis en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Descentralización política

Con el objetivo de disminuir las brechas territoriales y darle mayor profundidad democrática a las regiones, el partido propone traspasar competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales electos. Además de la elección de autoridades regionales, buscan que la ciudadanía tenga mayores facultades para implementar mecanismos de planificación y toma de decisiones desde una perspectiva local.

Derechos fundamentales

Desde Revolución Democrática ponen el foco principal de su propuesta constitucional en el reconocimiento, defensa y garantía de los derechos en sus diferentes niveles, exigiendo que sea el Estado quien disponga los medios para protegerlos y materializarlos.

Derechos humanos y memoria histórica

Junto al compromiso con los derechos humanos, exigen el reconocimiento de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos junto a los económicos, sociales, culturales y ambientales, junto a garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales que los hagan efectivos.
Asimismo, ponen énfasis en que se investiguen todo tipo de casos de violación a los derechos humanos, ya sean pasados o actuales, con sanciones y reparaciones integrales por parte del Estado, además de “garantías de no repetición, en especial políticas de preservación de la memoria histórica al respecto y la educación en derechos humanos en todos los niveles”.

Derechos sociales

El principio para RD respecto a los derechos sociales es que se consagre un modelo de Estado social y democrático de derecho que asuma el deber de asegurar el bienestar material de las personas, incorporando los principios de solidaridad, representación, participación y equidad de género como criterios orientadores de la legislación. Para esto, consideran necesario un nuevo pacto fiscal que privilegie grabar el capital frente al trabajo.
Una de las formas de materializar aquello es a través del Ingreso Básico Universal, “una transferencia periódica de dinero que no está supeditada a condiciones o contraprestaciones y cuyos receptores son individuos: todas las personas reciben una parte de la riqueza producida en la sociedad como reconocimiento del carácter colectivo de tal producción”, que debe estar consagrado en la nueva Constitución.
Por otro lado, exige que el derecho a la seguridad social incluya la protección a la vejez, desempleo, invalidez y sobrevivencia, incluyendo otros que puedan agregarse a través de leyes. Asimismo, pone énfasis en la suficiencia de las pensiones, basada en principios de solidaridad intra e intergeneracional, reconociendo el rol del Estado en ella.
Asimismo, pide el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y labores de cuidado como materias de seguridad social, asegurando la remuneración de estas últimas, junto a una distribución recíproca entre el Estado, la ciudadanía y las familias.
Como derecho en el trabajo, pide la garantización del ejercicio efectivo y pleno de los derechos reconocidos en la relación laboral, junto a la sindicalización, huelga y negociación colectiva pero con “una nueva relación entre el trabajo y la democracia, creando condiciones para que las personas trabajadores participen activamente en las decisiones que conciernen el ámbitos de sus labores, incluyendo el tomar parte de distintos niveles de control y dirección de las empresas en las que participan”. Todo esto, con un enfoque feminista que garantice la igualdad de ingresos y distribución equitativa del poder.
Además, proponen que la Constitución reconozca y garantice el tiempo libre como derecho fundamental que “favorece el desarrollo de las personas, su bienestar emocional, las relaciones interpersonales significativas, y que fomenta la inclusión en el propio entorno”.
Respecto a la educación, se pide que el Estado garantice el acceso y provisión de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista e intercultural, en todos los niveles. Además, exigen que se priorice la educación pública por sobre la privada, pero resguardando la posibilidad de que puedan existir proyectos particulares.
En tanto a salud, indican que el Estado debe garantizarla por igual a toda la población, reconociendo la importancia del entorno social en que viven las personas y las desigualdades que determinan los estados de salud, por esto también se debe contemplar el derecho de las personas a habitar un entorno saludable y de acceso al cuidado sanitario.
Asimismo, señalan que se debe reconocer la salud como una responsabilidad colectiva, con la construcción de un sistema asistencial basado en principios de solidaridad y equidad de acceso, dando respuestas a todo tipo de necesidad independiente de su capacidad de pago individual. Aquello debe aplicarse a la dimensión preventiva, de tratamiento, rehabilitación, soberanía sobre el cuerpo y generación de condiciones para una vida saludable.
Por último, pide el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada, en donde la normativa legal y planificación urbana incorpore mecanismos de integración socioterritorial, reversión de segregación y mejora de calidad de vida urbana. Junto a esto, revisa la incidencia del derecho en la protección de la función social y ambiental de la propiedad, indicando que podrían establecerse limitaciones basadas en el bien común colectivo.

Administración de recursos y medioambiente

“Debe existir un cambio radical en la relación de la sociedad, y en especial de la economía, con la naturaleza, estableciéndose a nivel constitucional la sustentabilidad como principio rector de la economía y desarrollando instituciones constitucionales que permitan recobrar un encaje armónico dentro de los ecosistemas”, señalan desde la colectividad dirigida por Catalina Pérez.
Para esto proponen que se reconozca constitucionalmente el principio precautorio, de justicia ambiental y justicia intergeneracional, además de reconocer el estado de crisis climática y ecológica, poniendo en el centro las labores de mitigación y adaptación.
La garantía de vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado es otra prioridad, en donde el Estado tiene la obligación de conservar, restaurar y proteger los diferentes ecosistemas. Junto a esto, reconocer el vínculo de los pueblos originarios con la naturaleza y así trabajar en un modelo que permita coordinar aquellas miradas y resolver tensiones en materia de explotación y gestión de recursos naturales.
Otro foco está en el reconocimiento del acceso al agua como derecho de las personas, por sobre otros derechos de aprovechamiento que puedan existir. La solicitud es que el Estado tome las medidas necesarias para asegurar el acceso a agua para consumo y saneamiento, junto al establecimiento y fiscalización de un sistema de priorización de usos: parte por el consumo humano, seguido por el equilibrio ecológico de los ecosistemas y en último lugar, los fines industriales, mineros y productivos. Además, se debe consagrar el derecho a aguas ancestrales de pueblos originarios.
Respecto a los recursos minerales, Revolución Democrática propone que la nueva Constitución supedite el otorgamiento y ejercicio de los derechos para explotar yacimientos mineros, tanto al desarrollo efectivo de los proyectos como a la existencia de proyectos aprobados ambientalmente. Además, debe establecer las bases que permitan que los particulares que puedan ser afectados por la detentación de derechos mineros, puedan impugnarlos. Asimismo, garantizar el aprovechamiento público de los recursos naturales, pero también su desarrollo y uso responsable.
En la búsqueda de que el derecho de propiedad y las actividades de explotación de recursos respete la función social de la propiedad, sugieren que la nueva Carta mandate a los órganos del estado para que el principio rector de las actividades silvoagropecuarias sea la seguridad y soberanía alimentaria, respeto por los intereses y características culturales de las comunidades del territorio, y ecológicamente resilientes.

Cultura, conocimiento y ciencia como bien común

RD propone que la creación cultural, intelectual y artística sea considerada un derecho humano, por lo que el Estado debe promover su protección y libre ejercicio. Además, piden incorporar el derecho al patrimonio cultural.
Desde la mirada tecnológica y uso de datos, la propuesta es que el nuevo acuerdo garantice el uso democrático de los datos y la soberanía sobre estos, entendiéndolo también como un bien común que debemos regular y resguardar mediante instituciones especializadas.
Asimismo, considera que se debe garantizar el conocimiento, divulgación, acceso y participación en la ciencia como otro derecho.

Derechos civiles y políticos

Como parte de la reformulación de los derechos civiles y políticos, el primer pilar es reconocer al país como un Estado plurinacional con reconocimiento constitucional de los derechos de diferentes pueblos originarios y tribales del país. Para esto, también suman escaños reservados en el poder legislativo y la aplicación de derechos de instrumentos internacionales.
También proponen que la propuesta de Carta Magna consagre el derecho a la comunicación, junto al de la información y libertad de expresión. Asimismo, suman que haya una norma sobre propiedad de miedos de comunicación y democratización del sistema de medios.
Respecto a grupos de especial protección, ponen énfasis en resguardos y legislaciones específicas para niños, niñas y adolescentes; mujeres; personas de la comunidad LGBT+; migrantes; y personas en situación de discapacidad.

Propiedad y economía “al servicio de la sociedad”

Para que el derecho de propiedad deje de ser una camisa de fuerza para el desarrollo y protección de otros derechos –según lo definen en el documento– desde RD señalan que se debe reformular el concepto de función social de la propiedad, incorporando a las dimensiones jurídicas que tiene el cuidado del medioambiente y los derechos sociales.
Para esto, proponen encontrar un punto en común que permita “el resguardo de la propiedad, expandir la cobertura de derechos y garantías sociales y proteger el medio ambiente, evitando que los dos últimos queden supeditados a los meros intereses de eventuales prestadores privados y dueños de ciertos bienes”.
Respecto a la participación del Estado en la economía del país, propone que la nueva Constitución promueva y lo obligue a desarrollar planes, definiciones y políticas públicas de desarrollo económico sostenible y administración racional, explotación y gestión de recursos naturales.
Indican que la nueva Carta debe establecer límites generales para el ejercicio de la libertad económica por parte de particulares y para la intervención del Estado en la actividad económica nacional. Por último, que exija que el Estado asegure un sano desenvolvimiento de los actores del mercado, evitando conductas abusivas o monopólicas.
“La nueva Constitución debe promover un modelo redistributivo en que la organización de la empresa busque la autogestión, cooperativismo y democratización en las unidades de producción, con la participación vinculante entre personas trabajadoras y comunidades, a fin de generar formas conjuntas de ejercicio de la propiedad del aparato productivo”, culmina el escrito.

Revisa el documento completo en este link.