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“El gobierno está comprometido con impulsar una gran participación de los chilenos y asegurar un plebiscito democrático, limpio y transparente”. Es algo que recurrentemente ha dicho el Presidente Piñera, afirmando su compromiso para que la mayor cantidad de personas sean parte del proceso. Sin embargo, hay un grupo que históricamente se ha visto relegado y que conforma el 16,7% de la población del país: las personas en situación de discapacidad. El proceso constituyente representa una oportunidad para consolidar su inclusión y diferentes organizaciones trabajan para resguardar este derecho.

“La discapacidad debe ser posicionada como un tema político, ya que la inclusión total y plena de estas personas en la sociedad, genera un enriquecimiento positivo en la manera de ejercer y comprender los procesos electorales, legislativos y constitucionales. El proceso constituyente se instala como una oportunidad histórica para que la redacción de un nuevo documento, de verdad signifique no sólo el reconocimiento de las personas con discapacidad (PcD), sino también su integración e inclusión coherente en el país que se espera construir”.
Esas son algunas de las palabras incluidas en la carta que más de 140 representantes de organizaciones relacionadas a la inclusión y discapacidad enviaron a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y al presidente de la Comisión de Constitución del hemiciclo, Alfonso de Uresti. Con ella, buscan presionar para que se garantice que las personas en situación de discapacidad puedan participar de forma efectiva en el proceso constituyente y, en caso que se apruebe la redacción de una nueva Carta Fundamental, se apruebe el proyecto que busca establecer una cuota de un 10% de las candidaturas en listas para ellas, situación que también discuten algunos parlamentarios:

Tuit Yeomans

Tuit Winter
En Chile, dos de cada 10 adultos presentan algún tipo de discapacidad. No son sólo hombres y mujeres en aquella situación, sino que en su mayoría son personas autónomas que realizan actividades de la vida cotidiana y pueden ser parte de eventos sociales. Por esto, las organizaciones solicitan que se asegure de alguna manera su participación en el proceso constituyente. De no hacerlo, señalan, más de dos millones de chilenos y chilenas quedarían fuera de la instancia.
“Poco se ha hablado respecto de qué beneficios traería a las personas con discapacidad una nueva Constitución. ¿Será el hecho de que exista un catálogo de derechos establecidos para las personas con discapacidad la solución a gran parte de los problemas que enfrentan? ¿De exclusión en ámbitos educativos, laborales, culturales, etc.? No lo sabemos, porque no lo hemos discutido. Es importante también que se genere un debate”, señala Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD).
En las elecciones presidenciales de 2013, el 67,1% de las personas en situación de discapacidad inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad participó de la votación, mostrando una convocatoria aún mayor que quienes no tienen discapacidad, que alcanzó el 60,4%. No obstante, es necesario incluirlos en la conversación para motivar su participación.

Poblete advierte que toda preparación y participación en el proceso debe ser desde una mirada inclusiva: “Todavía no creo que existan derechos específicos que se deban garantizar a las personas en situación de discapacidad. Creo que la nueva Constitución debe ser inclusiva de manera transversal y que en cada uno de los puntos que son de interés público deben considerarse los elementos de inclusión, participación y accesibilidad para las personas con discapacidad. No creo que debamos tener un apartado específico dirigido a las personas con discapacidad, porque eso sería segregar dentro de un proceso que queremos hacer inclusivo”.

Integración versus inclusión

Garantía de derechos

En 2017, Soledad Álamos –quien nació con osteogénesis imperfecta– fue candidata a diputada por el distrito 11 representando a Revolución Democrática, obteniendo un 4,38% de los votos, la segunda mayoría tras los parlamentarios que fueron electos. Soledad relató a Contexto Factual que su experiencia fue positiva, sintiendo valoración por parte de los electores de la perspectiva que aportaba al debate social, pero no estuvo exenta de dificultades: “Hay un montón de complicaciones. Yo tuve que arrendar un auto porque tengo una silla con motor y hay muchas partes a las que no podía llegar en metro o transporte público, y eso encarece los gastos también. Sí, es más complicado hacer campaña en situación de discapacidad, eso es una realidad y es así, pero también es igualar la cancha”.
La participación en la esfera política es uno de los aspectos que asegura la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Chile en julio de 2008. Esto obliga a los Estados partes a que adopten todas las medidas viables para facilitar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades públicas y cívicas, como el derecho a votar, a ser elegidas o a participar en organizaciones políticas.
Además, el acuerdo indica que deben establecer una legislación antidiscriminatoria, consultar y colaborar con las personas con discapacidad respecto a nuevos programas y políticas, realizar campañas para combatir los estereotipos y fomentar percepciones positivas, asegurar los accesos físicos y/o tecnológicos en instalaciones o servicios públicos y promover la participación.
Chile también ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y en 2010 promulgó la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta última no cuenta con normas respecto a la participación política de forma específica, sino que contempla el derecho a la igualdad de oportunidades independiente de la discapacidad, velando por la “adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social”
Álamos argumenta que, en caso de aprobarse la redacción de un nuevo documento constitucional, es importante que estén las personas con discapacidad y la diversidad en general para darle legitimidad. “La Constitución debe asegurar que se respete la Convención, y los principios claramente no se han aplicado en su totalidad en nuestro país: accesibilidad universal, igualdad para participar en la vida política y pública, el derecho a la salud y al trabajo en igualdad de condiciones, entre otros. Por otra parte, tiene que asegurar la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad y también una educación realmente inclusiva”, agrega la excandidata.
Poblete señala que en caso de que personas con discapacidad sean electas como convencionales –en el contexto que gane el Apruebo–, “van a tener que existir computadores con software e infraestructura adecuada, intérpretes de lengua de señas quizás, los sistemas de apoyo que se requieran para que estas personas puedan participar en esta discusión y la redacción en la igualdad de oportunidades”.

Preparación ciudadana 

Durante el verano de 2020, el Centro UC Síndrome de Down realizó un taller de educación cívica destinado a personas con discapacidad intelectual, que buscaba informar acerca del plebiscito, la Constitución y la conformación del Estado, en miras de promover la participación en este tipo de instancias.
“En el centro hemos tenido una experiencia bastante positiva, las personas que han participado de estos espacios han ido evolucionando en su interés, su deseo y cómo canalizar esta toma de conciencia sobre lo que está pasando en nuestra ciudadanía. Lo más interesante es que su participación se transversaliza y permite también generar identidad, entonces, ha sido muy bien recibido por las familias y participantes. Es un proceso bien respetuoso, que respalda sus intereses y la respuesta que hemos tenido por parte de ellas es involucrarse mucho más, tener una opinión más clara, aprender a conversar, a debatir, a estar atentas. Es un proceso que obviamente es largo, que todavía requiere de mucha más participación general de la ciudadanía, pero que ha ido evolucionando bastante bien”, relata Paula Cancino, terapeuta ocupacional y subcoordinadora del Programa de Vida Independiente del Centro UC Síndrome de Down.
Es la segunda vez que dictan el curso, luego de una primera experiencia para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, donde enseñaron cómo ejercer su voto de forma independiente. Además, incluyeron la temática en un programa anual y actualmente preparan un taller para fomentar la participación en el plebiscito.
Dice Cancino: “Es su derecho, es fundamental que las personas en situación de discapacidad sean parte de los procesos sociales de participación ciudadana, de la construcción de nuestro país y democracia. Y no solo a través de momentos históricos o situaciones determinantes como el plebiscito o las elecciones, sino que constante e histórica. La construcción de nuestro país no se puede concebir sin ellos. De hecho, ni siquiera deberíamos hablar de inclusión en estos procesos puesto que nunca debiesen ser excluidos en primera instancia. Y ahí está la problemática, porque es efectivo que muchas veces este derecho se ve mermado”.
Por otro lado, la Fundación Chilena para la Discapacidad elaboró una “Guía de buenas prácticas para la participación de personas en situación de discapacidad”, especial para los cabildos y diálogos ciudadanos del proceso constituyente. El objetivo es que en aquellas instancias se pueda generar una agenda social respecto a la población con discapacidad sobre las necesidades que históricamente se ha demostrado que tienen y, así, plasmarse en una agenda concreta.
La guía promueve tomar en consideración la accesibilidad de los espacios, la participación de familiares, cuidadores y cuidadoras y entrega herramientas como uso del lenguaje inclusivo y orientaciones para el diálogo para las personas con diferentes discapacidades.
Contexto Factual intentó comunicarse con el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), pero indicaron que no adelantarían sus planes hasta hacer una presentación formal con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
Para las jornadas de votación, el Servicio Electoral cuenta con el Voto Asistido –en que una persona de confianza del elector o el presidente de mesa lo ayude acompañándolo a la cámara secreta–, plantillas son sistema braille y la ayuda de asistencia de personal encargado de la fuerza de orden público, para desplazarse hasta la mesa de votación en caso de ser necesario.

El “Protocolo Sanitario Plebiscito Más Seguro” elaborado por el Servel hace indicaciones específicas para las personas ciegas, donde cada planilla en braille o con ranuras deberá ser desinfectada luego de cada uso. El documento indica: “Al  respecto  se debe  tener  especial  cuidado  en  asistir  a  las  personas  con  dificultad  visual  o  movilidad  reducida para  ejercer  el  sufragio,  permitiendo  la  asistencia  de  una  persona  de  confianza  del  elector, además  de  poder  contar  con  la  guía  y  apoyo  de  personal  de  Defensa  Civil,  Cruz  Roja  o  las Fuerzas Armadas”. El requerimiento es reforzar las medidas sanitarias de forma estricta.Infórmate acerca de la discapacidad en otras constituciones del mundo, aquí.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 21 Sep 2020