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– La polémica que se generó la semana pasada por una gráfica de campaña de la candidata a convencional, Constanza Hube, tenía un antecedente: un documento que Libertad y Desarrollo (LyD) publicó en enero con sus propuestas para la nueva Constitución, donde se asegura que en materia de libertad económica “se propone eliminar las limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional, como lo hacía la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet

– Es VERDADERO que la propuesta de la ex Mandataria tenía una propuesta que iba en la misma línea.

– Durante su segundo gobierno se llevó a cabo el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía, que resultó en la presentación de una reforma estructural a la Constitución de 1980. Entre los derechos propuestos en su artículo 19, el inciso 28 establecía: “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, respetando las normas legales que la regulen”.

– Así, la nueva redacción del artículo eliminaba las limitantes basadas en la moral, el orden público o la seguridad nacional que aparecen enunciadas en la Constitución vigente, pero mantuvo el respeto a las normas legales en el inciso.

– Tomás Jordán, quien coordinó ese proceso constituyente, explica que “la Constitución del ‘80 pretendió establecer algunos límites internos que tuvo por finalidad controlar el ejercicio de la actividad y radicar en los jueces el control de esos derechos fundamentales porque, en el fondo, el juez interpreta qué es la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. En cambio, en la propuesta que presentamos, quién debe regular esas actividades es el legislador, entonces, regulada por el legislador, los jueces interpretan qué se entiende por la libertad económica

El miércoles pasado, sí hubo una candidatura constituyente que hizo ruido, esa fue la de la abogada constitucionalista y postulante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por un cupo del distrito 11 en la Convención Constitucional, Constanza Hube. 

Todo partió con una gráfica de campaña que publicó en su cuenta de Instagram, en la que proponía “incluir en la Constitución el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, sin limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional”.

Las redes sociales explotaron con críticas y mensajes irónicos, acusando a Hube de supuestamente querer eliminar todo límite ético y legal de la actividad económica, legitimando actividades incluso ilegales. 

Si bien la candidata declaró esa misma jornada a El Desconcierto que se trató de “un error humano de tipeo” y terminó cambiando las gráficas por unas corregidas, lo cierto es que no era la primera vez que lo proponía. De hecho, esa misma idea aparece en un documento que el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) publicó en enero y que lleva por título Con control de cambios: construyendo propuestas constitucionales desde la perspectiva de una sociedad libre, del cual Hube fue coordinadora junto a la también candidata a convencional constituyente y directora de LyD, Marcela Cubillos, y la abogada Natalia González, directora jurídica del think tank ligado a la UDI y actual consejera del Consejo para la Transparencia. 

En ese texto, en el apartado sobre derechos y libertades económicas, la segunda de las principales propuestas en esa materia, dice: 

Libre iniciativa en materia económica. Se propone eliminar las limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional, como lo hacía la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet. En lo demás, se mantiene el texto actual”.

¿Qué tan cierto es que esa misma propuesta estaba incluida en el proyecto de reforma constitucional que la ex Presidenta Michelle Bachelet presentó al término de su segundo mandato? Contexto Factual comparó ambos documentos y conversó con quien coordinó el proceso constituyente durante ese gobierno y determinó que lo sostenido por el centro de estudios de derecha es VERDADERO.

Para comprenderlo, hay que recordar que el gobierno de Bachelet realizó el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía durante 2015 y parte de 2016, que contaba de tres partes y que culminó con un proyecto de reforma constitucional presentado en marzo de 2018 en el Congreso, tan sólo una semana antes de acabar su período. Aunque todo ese esfuerzo quedó en nada y nunca se tramitó en el Parlamento, el texto de 113 páginas consideraba un nuevo capítulo de derechos fundamentales, garantías y deberes constitucionales, dentro del cual se encontraba un nuevo inciso dedicado a la libertad económica.

El inciso 28 del artículo 19 indicaba: “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, respetando las normas legales que la regulen”. Con ello, se buscaba modificar el inciso 21 de la Constitución vigente, donde se garantiza ese mismo derecho a desarrollar cualquier actividad económica siempre y cuando “no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional”. 

Entonces, es efectivo que el proyecto de Bachelet pretendía eliminar esas limitantes del texto constitucional, tal como hoy lo proponen desde LyD

De acuerdo con el abogado constitucionalista Tomás Jordán, quien fue en esos años asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para la reforma política y la Nueva Constitución, este cambio se realizó ya que, “en general, los límites internos no son muy propios de las constituciones democráticas, más bien se deriva al legislador su regulación”.

“La Constitución de 1980 pretendió establecer algunos límites internos que tuvo por finalidad controlar el ejercicio de la actividad, radicar a los jueces que controlaran esos derechos fundamentales a través de cláusulas que se llaman abiertas porque, en el fondo, el juez interpreta qué son la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. En cambio, en la propuesta que presentamos, quién debe regular esas actividades es el legislador, entonces, regulada por el legislador, los jueces interpretan qué se entiende por la libertad económica. Lo que hace el proyecto de Bachelet es reconocer el derecho, la libertad de empresas o la facultad que tienen las personas a emprender, pero de acuerdo a las normas legales que regulen esa actividad y, por lo tanto, el legislador deberá señalar cuáles son esos límites, cualquiera que estos sean”, explica. 

En ese aspecto, resulta clave mantener en el enunciado la exigencia del respeto a las normas legales que regulan la actividad económica, pues así se delega en el legislador la responsabilidad de elaborar leyes claras que no queden al arbitrio ni discrecionalidad de jueces respecto a conceptos tan amplios como los que hoy considera la Constitución. Eso sí aparece en las propuestas de Bachelet y LyD, pero no estaba especificado en la gráfica de Constanza Hube, y fue esa ausencia, en definitiva, lo que generó la polémica.  

Aunque el proyecto que impulsó Bachelet quedó congelado y sin avances desde su ingreso al Senado, en el último tiempo se ha convertido un referente para la creación de propuestas para la nueva Constitución, siendo el centro del debate constitucional en más de una ocasión.

Por Magdalena Advis
Fecha 01 Mar 2021
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