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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Los enfrentamientos en la Región de La Araucanía tras la toma de diversos municipios por parte de personas mapuche y el fin de la huelga de hambre del machi Celestino Córdova y otros comuneros nuevamente ponen sobre la mesa el resguardo y protección de los derechos y cultura indígenas en Chile. Si bien hay acuerdos internacionales que velan por ellos, la Carta Fundamental no incluye nada respecto de quienes hoy conforman más del 10% de la población del país. Ahora, la eventual elaboración de un nuevo texto constitucional abre la oportunidad a materializar su historia en un documento que siempre los ha pasado por alto.

“Creo que todos los chilenos y chilenas tienen el derecho de vivir en paz y esa es una tarea primordial del gobierno. La Araucanía está viviendo problemas extraordinariamente serios, problemas de violencia”.
Las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, en entrevista con 24Horas, se dieron solo días después de lo que pasó apenas partía agosto en las comunas de Curacautín, Victoria, Collipulli, Ercilla y Traiguén. Varios días llevaban esos municipios en toma por parte de grupos de personas que protestaban en apoyo a la huelga de hambre de varios reos mapuche, entre ellos, el machi Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Civiles, varios de ellos armados, llegaron a sacarlos y, luego, Carabineros los desalojó, dejando un saldo de más de 30 detenidos.
El ministro condenó las tomas señalando que ese tipo de acciones imposibilitan el funcionamiento del Estado y, a su vez, resaltó que la gran mayoría de las comunidades de origen mapuche son pacíficas y que los problemas de violencia se reducen a una minoría.
Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo un grupo de personas llegó hasta una de las municipalidades en toma, la de Curacautín, y en medio de gritos racistas, exigían el abandono de los ocupantes. “¡El que no salta es mapuche!”, se oía. Esto generó una oleada de críticas desde diversos sectores, incluyendo una carta firmada por un grupo de diputados y senadores de oposición –que integran las comisiones de derechos humanos–  rechazando los hechos de violencia y aludiendo a los derechos que diferentes pactos internacionales le conceden a los pueblos indígenas.
Los comportamientos vistos frente a esas municipalidades contrastan con datos como los que arrojó la encuesta “Chilenas y chilenos hoy”, realizada por Espacio Público e Ipsos. El sondeo dio por resultado que el 81% de las personas consultadas considera que el pueblo mapuche realiza un aporte al país, y el 66% está en desacuerdo con que sean personas violentas. También con los presentado en la encuesta Plaza Pública de Cadem, que señala que un 93% de los encuestados indican que la etnia mapuche debe ser reconocida en la constitución y un 73% considera que son discriminados por la sociedad chilena.

Las reacciones volvieron a poner sobre la mesa algo que ha estado ahí ya en repetidas oportunidades, y que aun así, sigue sin una clara resolución: la situación de los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento en la legislación nacional. A partir de ese último episodio, diversas autoridades han planteado que el plebiscito del próximo 25 de octubre, podrá ser una oportunidad para materializar propuestas y aspectos que llevan años en la discusión pública y que, a la fecha, no se han concretado.

Tuit Walker

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La elaboración de una nueva Constitución podría incorporar la protección de la cultura indígena que representa a más del 10% del país, proceso que incluso podría incluir escaños reservados para garantizar su participación. De concretarse, según Hernando Silva, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano, esto aportaría a partir de una “vinculación histórica, arraigos históricos comunes, pero al mismo tiempo diferencias que enriquecen a nuestro país”.

Reconocimiento indígena

El 12,8% de las personas que vive en Chile se considera perteneciente a un pueblo originario. Al menos eso respondieron cuando se les consultó durante el Censo 2017. Es decir, una de cada 10 personas pertenecería a una etnia indígena. Sin embargo, ningún capítulo o artículo de la Carta Fundamental hace alusión al reconocimiento de estos pueblos, su cultura, derechos o protección. Y no es algo de esta Constitución en particular: ninguno de los texto constitucionales elaborados desde la independencia de Chile hace alusión a ellos, a excepción de la Constitución de 1822, donde se establecía que era el Congreso quien debía “cuidar de la civilización de los indios del territorio”.
Arnoldo Ñanculef, vocero del Parlamento Autónomo Mapuche, señala que “el reconocimiento constitucional es el primer paso, porque eso nos podría permitir abrirnos a una serie de otras puertas y derechos que podrían estar garantizados, por ejemplo, la representación parlamentaria que es una de las demandas que hemos tenido durante años”
“Una deuda que tiene el Estado de Chile desde su conformación como tal, es el reconocimiento de los diversos pueblos que vivimos en el territorio y, desde esa perspectiva, es súper necesario que nos replanteemos el enfoque de Estado que tenemos. Pasar de uno uninacional, que es el que ha sido consagrado en las distintas constituciones de nuestro país, a uno con un enfoque plurinacional que reconozca la diversidad de distintos colectivos de derechos que habitamos dentro de este territorio”, agrega Silva.
A esto se suma el alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), Juan Carlos Reinao Marilao: “A lo largo de la historia la clase política de este país se ha encargado de excluir de los espacios de toma de decisiones a los pueblos originarios, por tanto, el proceso constituyente es la oportunidad para construir un Chile Plurinacional e Intercultural que refleje la diversidad de nuestra sociedad, donde el mundo indígena debe estar presente, pues el movimiento mapuche no responde a lógicas y estructuras partidarias”.
Etnias pueblos originarios

 

Desde 1991 se han ingresado al Congreso 99 proyectos relativos al desarrollo, derechos, reconocimientos, aportes y otras temáticas asociadas a los pueblos indígenas u originarios. De ellos, sólo 13 se han convertido en ley, 34 fueron archivados, tres retirados, uno rechazado y 50 se encuentran en tramitación, aunque muchos congelados sin ningún avance. De todos esos proyectos, 21 corresponden a reformas constitucionales, y de esas, ninguna ha sido aprobada.
Las temáticas principales que mueven los proyectos se relacionan con su reconocimiento, derechos, representación política, promover la cultura étnica, su aporte a la conformación de la nación, el manejo de tierras, idioma, entre otros.
Nube de Palabras pueblos originariosInfogram

Si bien la carta fundamental no hace una alusión explícita a los pueblos originarios y la cantidad de proyectos aprobados para legislar al respecto es baja, Chile está adscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Convenio N° 169 de la OIT y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, acuerdos que obligan a los Estados a reconocer sus derechos, protección, tradiciones y cultura:

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile en febrero de 1972
El artículo nº2 del pacto obliga a que los Estados partes respeten y garanticen los derechos reconocidos en él, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificado por Chile en octubre de 1971
La convención obliga a que los Estados partes adopten medidas especiales y concretas para asegurar la protección de ciertos grupos raciales garantizando la igualdad de sus derechos y libertades fundamentales, sin distinguir ni excluir por  motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Esto debe aplicarse en relación al ámbito legal, laboral, propagandístico, político, social, cultural, educacional, económico, entre otros.
  • Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en septiembre de 2008
El convenio considera que se deberán adoptar medidas especiales para los pueblos indígenas de los países que adscriben a él, en la búsqueda de salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de ellos, que implica la prohibición de formas de fuerza o de coerción que atenten contra los derechos resguardados en el texto. Esto incluye el resguardo de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales;  adoptar disposiciones para preservar las lenguas indígenas y promover el desarrollo y la práctica de las mismas; reconocerse el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; tomar en consideración sus costumbres al momento de aplicarles la legislatura nacional, entre otros.
Ñanculef argumenta que “el convenio 169 nadie lo hace efectivo en Chile, entonces uno podría pensar que fue un gesto para quedar bien a nivel internacional. Pero a nivel interno, ese convenio hoy día pesa poco, no ha tenido mayor impacto porque los tribunales de justicia lo pasan a llevar, las municipalidades, no consideran la consulta en materia de inversión, de desarrollo y eso tiene que ver directamente con la participación”.

Llamado al diálogo

La campaña de chilenización a la población aymara, los montajes de la llamada Operación Huracán, la muerte del comunero Camilo Catrillanca y la falta de promoción en la participación de los grupos indígenas atacameños o Lickantay, son solo algunos de los ejemplos para cuestionar si se han respetado los pactos ratificados por Chile y si, por ende, no se han violado los derechos de las comunidades.
Sin embargo, diversos gobiernos han señalado que la inclusión y respeto por los pueblos indígenas eran ejes fundamentales de su administración. El programa de gobierno 2014-2018 de la ex Presidenta Bachelet contemplaba un capítulo entero sobre pueblos originarios con propuestas de reformas, políticas y diálogo que promovieran un compromiso con ellos. El presidente Piñera prometió durante su campaña su reconocimiento institucional y un plan de desarrollo y paz específicamente en La Araucanía.
Si bien se han propuesto instancias, Reinao argumenta que aquellas “mesas de diálogo quedan en nada porque existen nulos gestos políticos. También, hay una evidente debilidad en el reconocimiento del Estado a través de los distintos gobiernos. Se ha ofrecido reconocimiento constitucional, se ha ofrecido devolución de tierras, se ha ofrecido acercamiento con las comunidades, mejora de conectividad, de infraestructura, alumbrado y nada de eso se ha cumplido, por tanto, no hay forma de creer en los gobiernos de turno”.
Arnoldo Ñancluef agrega que los esfuerzos que podrían haber conducido a una mejora no han sido suficientes: “El ministro Alfredo Moreno se la había jugado de verdad en buscar un camino, pero después nunca más se acordaron del tema, Ojalá la autoridad política genere una mesa lo antes posible para que nos sentemos a conversar sobre los temas que nos han afectado sobre los últimos 30 años. Es algo de todos los gobiernos, no tiene color ideológico.”
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció respecto a los enfrentamientos ocurridos en La Araucanía señalando que se debe fortalecer el diálogo e investigar el uso excesivo de fuerza policial y las expresiones de carácter racista abordándo la “problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad”.
“Se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”, indicó el representante regional del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 27 Ago 2020