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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Algunos de los lemas de la campaña por el Apruebo han sido que la Constitución no sea escrita por “los mismos de siempre”, que sea “representativa para todos y todas”, que sea redactada “por la mano del pueblo”. Pero para que eso sea efectivo, los comandos y organizaciones tienen que pasar la primera prueba: la presentación de los candidatos y candidatas a convencionales constituyentes. ¿Cuáles son los requisitos y cómo funciona el proceso? Se lo contamos a continuación.

El próximo 25 de octubre se decidirá si la ciudadanía aprueba o rechaza redactar una nueva Constitución, pero también, qué tipo de órgano lo hará: si una Convención Mixta, compuesta por mitad parlamentarios y mitad personas electas por votación popular, o una Convención Constitucional compuesta 100% por personas elegidas en elecciones populares.
Las diferencias entre una y otra ya están claras: la cantidad de integrantes que las conformarían, cómo se eligen sus miembros, la dieta que recibirán, las posteriores inhabilidades y las funciones que pueden tener.
Ahora, si cualquier persona quisiera ser convencional constituyente, ¿cuáles son las condiciones que tendría que cumplir y en qué consiste la labor que tendría que hacer? A continuación especificamos todos los detalles.

La postulación

Si en el plebiscito se opta por una nueva Constitución, los y las delegadas a la Convención deberán elegirse el 11 de abril de 2021 a través de elecciones populares. Sin embargo, para llegar a la papeleta se deben cumplir ciertas condiciones:
  • – Tener la calidad de ciudadano, es decir:
    • – Tener 18 años o más.
    • – No haber sido condenado o condenada a penas aflictivas.
Esos son los requisitos base, pero también hay otra serie de reglas que deben estar presentes, tal como indica el artículo 132, inciso cuarto de la Constitución, donde se establecen ciertas inhabilidades.
Si el futuro candidato o candidata es ministro/a, intendente/a, gobernador/a, alcalde/sa, consejero/a regional, concejal/a, subsecretario/a, Seremi, jefe/a de servicio, integrante del Consejo del Banco Central, integrante del Consejo del Servicio Electoral (Servel), funcionario/a de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; consejero/a del Consejo para la Transparencia, o integrante de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; al momento de presentar su candidatura, cesará automáticamente de su cargo. Es decir, debe elegir: o lo uno o lo otro, pero no los dos cargos pues son incompatibles.
Lo mismo pasa si tiene un cargo gremial o vecinal: debe suspender esas funciones desde el minuto en que inscriba su candidatura.
A los candidatos y candidatas se les aplicarán las disposiciones pertinentes a la elección de diputados y diputadas: si la persona va afiliada a un partido político, no requiere presentar firmas para inscribir su candidatura; dos o más partidos pueden acordar un pacto electoral y además asociarse con candidatos independientes –que tampoco necesitarán patrocinio–; sólo pueden presentarse por partidos que se encuentren legalmente constituidos en la región a la que postularán; y ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo.
En el caso de los independientes que no realicen pactos, para inscribir su candidatura necesitan la firma de al menos el 0,5% de la cantidad de personas que votaron en el distrito al que postulan en las últimas elecciones, que además deben presentarse de forma presencial en una notaría. Agrupaciones de personas no militantes en partidos políticos han criticado el acuerdo y actualmente hay una serie de proyectos que podrían modificar esas condiciones.
Además, ningún candidato o candidata independiente puede haber estado afiliado a un partido hace menos de nueve meses.
En caso que gane la Convención Mixta, los 86 parlamentarios que integren la instancia serán elegidos por el Congreso Pleno (todos los senadores y diputados en ejercicio). ¿Qué significa esto? Que serán ellos mismos los que decidan quiénes van a redactar la nueva Constitución, a través de una votación por listas.

El financiamiento

Todas las personas naturales –a excepción de los consejeros y consejeros del Servicio Electoral (Servel) y sus funcionarios directivos, y las personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y residan en el extranjero– pueden aportar a la campaña de convencionales constituyentes. Las empresas no podrán hacer donaciones.
Ninguna persona podrá aportar en una misma elección y a un mismo candidato más de 315 UF (alrededor de 9 millones de pesos). Además, los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus propias campañas no podrán ser superiores al 25% del gasto electoral permitido.
En términos de gasto, tanto los representantes de partidos como los independientes no podrán gastar más de 700 UF, más aquella cifra que resulte de multiplicar el número de electores de cada distrito por 0,015 UF, montos definidos en la siguiente publicación en el Diario Oficial.
Todos los aportes consignarán el nombre completo y número de cédula de identidad del aportante y sólo se podrán hacer a través del sistema de recepción de aportes del Servel. Será esta institución la que posteriormente publique los aportes a las candidaturas. Dependiendo del monto que se done, será un aporte con o sin publicidad: si se aporta más de 20 UF (alrededor de $570.000) se conocerá el nombre de quién donó el dinero.
 

El trabajo

En el caso de quienes sean electos por votación popular, tendrán dedicación exclusiva a la redacción de la nueva Constitución. Recibirán una dieta de 50 unidades tributarias mensuales (alrededor de $2,5 millones) y no podrán ser candidatos a otros cargos de elección popular mientras ejerzan sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos.
En el caso de los parlamentarios que integren la Convención Mixta, además de redactar la nueva Constitución, tendrán que continuar con sus labores en el Congreso, pero “quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional se encuentre en funcionamiento”. Además, mantendrán su dieta parlamentaria y no serán objeto de inhabilidades para la postulación a cargos de elección popular.
La Convención tendrá un plazo de 9 meses para redactar el nuevo texto fundamental con una prorrogación de 3 meses.