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Con cerca del 21,7% de los votos –equivalentes a poco más de un millón 600 mil sufragios–, el Rechazo fue el perdedor de la jornada luego que la amplia mayoría de la ciudadanía decidiera en las urnas redactar una nueva Constitución. Sin embargo, el proceso constituyente está recién empezando y varios de los partidarios de la opción derrotada ya anunciaron que seguirán trabajando por el país. Si bien no es el resultado que esperaban, su camino no para, y con una serie de propuestas en carpeta, todavía tienen opción para avanzar.

Cerca de las 21:30 del domingo 25 de octubre, y sólo hora y media después de iniciarse el conteo de votos, el Presidente Sebastián Piñera, secundado por todos sus ministros, reconocía ante los medios de comunicación el resultado que ya a esa hora era evidente: que la ciudadanía decidió aprobar por amplia mayoría la redacción de una nueva Constitución, destacándolo como “un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la paz y la democracia”.
Sin embargo, no todos recibían los resultados con el mismo entusiasmo que el mandatario. Desde algunos de sus jefes de cartera, como el ministro del Interior, Víctor Pérez, o el canciller Andrés Allamand, quienes enfáticamente habían mostrado su posición antes de asumir sus cargos en el gobierno; hasta los parlamentarios que integraban el comando de Chile Vamos por el Rechazo, en quienes se notaba visiblemente su decepción cuando apenas había un 20% de las mesas escrutadas.
Crédito: Chile Vamos por el Rechazo
No obstante, la fase del Apruebo y el Rechazo quedó atrás y ahora quienes promovían mantener la Carta Fundamental vigente desde 1980 ya señalaron que, para ellos, lo que viene es una nueva etapa de trabajo:
Además de trabajar en la búsqueda de representantes para la Convención Constituyente, los parlamentarios de Renovación Nacional junto a otros partidarios del Rechazo tenían un plan en caso que ganara su opción –y que era el lema de su campaña–: reformar.
El proceso constituyente durará alrededor de dos años, y durante ese tiempo seguirá rigiendo la Constitución actual. Mientras, el Congreso Nacional continuará en su funcionamiento normal y, por ende, todavía hay posibilidades de presentar reformas que puedan traer soluciones y cambios de forma más expedita a la población, sin tener que esperar a que el debate constituyente termine.
La propuesta constitucional de la campaña “Rechazar para reformar” todavía podría llevarse a cabo, o al menos, plantear algunas modificaciones que puedan ser consideradas más urgentes por los parlamentarios. La iniciativa se enfoca en tres ejes: Derechos y deberes del Estado, Democracia e Inclusión.
Con el primer eje se busca fortalecer la acción estatal en respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Para esto propone que se realicen reformas acerca de una previsión digna, cuyo monto sea al menos igual al de la línea de pobreza ($172.871 a septiembre de 2020); que se entregue una salud integral oportuna –que incluya la mental, dental y rehabilitación de adicciones–, garantizar el derecho al orden público y seguridad personal y protección frente al narcotráfico; a una educación pública de calidad, además de asegurar la libertad de enseñanza; participar en un desarrollo sustentable, con un manejo correcto de los recursos naturales; y entregar el derecho humano al agua, que tendría preferencia sobre los usos industriales, agrícolas y mineros.
El eje enfocado en la democracia busca principalmente diversificar las funciones del Estado: debe promover la solidaridad a través de políticas públicas; establecer un régimen semipresidencial; promover la descentralización; aumentar las exigencias, calificaciones y nombramientos del Tribunal Constitucional; y sancionar los abusos económicos que puedan provenir de acciones desleales que afecten la justa competencia.
Por último, el tercer eje tiene un enfoque social, que busca levantar las necesidades de grupos minoritarios y/o relegados de la población. Asegurar una igualdad real entre hombres y mujeres, además de proteger al sexo femenino de formas de maltrato; reconocer constitucionalmente a los pueblos orginarios, promoviendo su cultura, identidad, lengua y tradiciones; implementar políticas a favor de la infancia y la maternidad; incorporar a las personas mayores a la vida social; e integrar y valorar a las personas en situación de discapacidad, entre otras propuestas.
Son decenas de propuestas que podrían llevarse a cabo durante los siguientes dos años que durará el proceso constitucional. Además, con la derrota de la Convención Mixta, los parlamentarios tendrán agenda completa para enfocarse en aquellos cambios.

¿Funcionará la iniciativa?

Si bien el cambio constitucional es lo que pidió la oposición, desde el oficialismo pueden seguir trabajando para obtener cambios a nivel constitucional. No obstante, ya hay antecedentes que podrían dificultar el proceso.
Un ejemplo de aquello fue la discusión del proyecto de ley de Educación Sexual Integral, que establecía normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género en diferentes niveles educativos. La iniciativa tuvo mayoría, pero no alcanzó los votos necesarios exigidos por el quórum requerido en las normas de Ley Orgánica Constitucional (LOC). La iniciativa fue presentada en su mayoría por diputados y diputadas opositoras, pero también contó con el patrocinio del entonces parlamentario UDI, Jaime Bellolio. Aún así, el sector no apoyó el proyecto.
Tal como ha ocurrido con otras legislaciones que han nacido desde el oficialismo y han sido rechazadas por el sector opositor del Congreso, el antecedente pone en cuestión si efectivamente podrían llevarse a cabo alguna de las reformas que puedan ser propuestas, dado que ambos sectores han demostrado no lograr ponerse de acuerdo.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 28 Oct 2020