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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto
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Promover un nuevo Chile con lineamientos sustentables y cuidado del medioambiente es uno de los objetivos principales de la plataforma Recicla la Política, que nace como iniciativa de académicos y exautoridades relacionadas al tema. El grupo busca replantear la forma actual que se entiende la vida socioeconómica e implementar un modelo de desarrollo con soluciones tecnológicas para la mitigación y la adaptación a los efectos de las mutaciones climáticas. Además, proponen diez ejes para incluir en la nueva Constitución, con consideraciones sostenibles e inclusivas.

¿Sabías que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático determinó que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático debido a su geografía de áreas áridas, semiáridas y de bosques, susceptibilidad a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación y zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, entre otras?
Además, el país es muy dependiente en términos socioeconómicos a su clima y recursos naturales. Ya en 2014 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que aquel modelo estaba llegando a su límite.
El calentamiento global y cuidado del medio ambiente ha sido uno de los focos del desarrollo, tanto nacional como internacional, y su implementación requiere más que sólo ciencia y tecnología: “Si no hay mecanismos para la toma de decisiones adecuadas, los avances serán parciales y desarticulados. La gobernanza urbana incluye formas de participación en la formulación de decisiones e implementación de acciones, y la coordinación entre sociedad civil, sector privado y Estado en forma horizontal y vertical. La prioridad en Chile, en el contexto de cambio climático urbano, es asegurar que estos mecanismos sean claros, que las responsabilidades y competencias estén claramente definidas y que existan líneas de financiamiento para su implementación”, señala un documento elaborado en 2019 por el Comité Científico para la COP 25.
Ante la necesidad de voluntad e intervención política, la nueva Constitución aparece como una posibilidad de consolidar mandatos fundamentados en la sustentabilidad y cuidado del entorno, además de repensar los modelos. Al menos, ese es el objetivo que tiene la plataforma Recicla la Política, que nace a partir de conversatorios con autoridades, dirigentes sociales, abogados ambientales y la participación de más de 60 mil personas de forma remota.
La iniciativa –promovida por académicos y exautoridades relacionadas al tema– por un lado, busca alcanzar un Pacto Verde social y, por otro, ser partícipe de la discusión constituyente con candidatos a la Convención y la promoción de un decálogo con propuestas que -pretenden- sean consideradas en la redacción de la Carta Fundamental. ¿En qué consisten? Te lo contamos a continuación.

Pacto verde: cómo enfrentar la crisis socioecológica climática y sanitaria

“Propendemos a que de este gran encuentro democrático entre chilenos y chilenas, desde las más diversas posiciones y modos de vida, emerja una Constitución que, a diferencia de la actual que se organiza esencialmente en torno a la libertad de empresa y al derecho de propiedad, instituya principios que articulen la relación con el entorno, mediante un uso ético, responsable, equilibrado y sostenible de los elementos de la naturaleza, en beneficio de la comunidad toda, sin exclusiones y sin transgresiones de derechos de las personas, e inspirada en la justicia distributiva y ecológica”, señala la plataforma respecto a buscar medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la oportunidad constitucional.
Para esto establecieron ocho principios que apuntan a generar un modelo de desarrollo que aspire a la sustentabilidad a través de eventuales soluciones tecnológicas para la mitigación y la adaptación a los efectos de las mutaciones climáticas:
  1. Repensar la economía extractivista y explotadora de recursos naturales del país;
  2. Reconocer la naturaleza más allá de su capacidad de entregar riqueza económica;
  3. No tener zonas de sacrificio;
  4. Transversalizar la participación ciudadana en toda la política pública promoviendo una sustentabilidad desde las comunidades y los territorios;
  5. Integrar diferentes disciplinas al diálogo sustentable;
  6. Incorpora principios de justicia ambiental y de Derechos Humanos;
  7. Pensar “afuera de la caja”; y
  8. Desarrollar soluciones e intervenciones que prioricen el bien común por sobre soluciones centradas en lo individual.
Además, proponen una serie de medidas para acelerar la instalación del pacto, dentro de las que destacan inversión en calefacción sustentable, reconversión del sistema de transporte público a buses eléctricos, generación de un fondo para la protección y restauración de suelos, humedales y océanos, crear una AFP estatal cuya finalidad sea implementar proyectos de inversión en infraestructura sustentable y resiliente, entre otros. Todo esto se financiaría gracias al desarrollo de un paquete de estímulo fiscal compuesto por impuestos verdes y deuda soberana, mediante bonos verdes.

Decálogo del constituyente verde

Desde Recicla la Política ven la nueva Constitución como una oportunidad para “que favorezca una transición ecológica necesaria para alcanzar un desarrollo sustentable y pleno de sus ciudadanos”. Por esto, buscan que los y las futuros constituyentes se comprometan a que la Carta incorpore la protección del medio ambiente y de la armonía entre la sociedad y la naturaleza, con los siguientes ejes:

1. Derecho a la justicia ambiental

Que los convencionales defiendan principios asociados a la distribución justa de las cargas y beneficios ambientales y de democracia ambiental; de protección ambiental, de progresividad y no regresión de estándares ambientales; de precaución, de responsabilidad, de resiliencia climática y contaminador pagador.

2. Principio de equidad intra e intergeneracional

Que se establezca un modelo de desarrollo sostenible, que incluya una economía distributiva y regenerativa, con un sistema económico basado en una producción y consumos responsables, enmarcada en los límites de la biosfera y su capacidad de sostener nuestro desarrollo como sociedad, centrado en la creación y distribución de bienestar y la prosperidad para todos.
Para esto, se debe promover un uso racional y la distribución equitativa y mantención de los ecosistemas y bienes comunes.

3. Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Asegurar constitucionalmente este derecho fundamental que incluye el aire limpio, amparado por mecanismos efectivos y oportunos de amplio acceso. El estado a través de todas sus instituciones debe velar por el ejercicio de este derecho fundamental, de manera coordinada.

4. Democracia Ambiental

Garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, con un enfoque prioritario en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo la toma de decisiones de todas las partes.

5. Establecer un estado plurinacional

Incorporar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el debido respeto de su patrimonio cultural, histórico y su cosmovisión relacionada con la tierra y el territorio. Promover el derecho de adoptar formas tradicionales de estilo de vida, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.

6. Luchar contra el cambio climático

Que los convencionales se aseguren de incorporar el Cambio Climático y la necesidad de un clima más seguro, considerando las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas, promoviendo la incorporación de deberes de adaptación, mitigación, y transición justa frente al cambio climático, de brindar a los y las ciudadanas los esfuerzos de abogar por un clima más seguro, bajo los resguardos que permitan perpetuar nuestros logros como país, la prevención de desastres y adaptación al cambio climático. Todo esto debe ser un esfuerzo coordinado como un deber del Estado.

7. Una sociedad diversa e inclusiva

Que el modelo de sociedad sea sostenible e inclusivo, con enfoque de género, que permita edificar una “sociedad de cuidados”, una universalización del cuidado para que sea compartido de manera igualitaria entre mujeres y hombres, y un pacto social que supere una sociedad patriarcal y se haga cargo para las desigualdades de género, y que permita una discusión abierta y democrática de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Además, el Estado debe reconocer la diversidad de orientación sexual, y brindar a sus ciudadanos los mismos derechos de contraer matrimonio, y tener una vida familiar plena. Una sociedad que reconozca que la familia se define por las afecciones entre los miembros, y no por estructuras definidas por religiones en particular.

8. El deber del estado y de todas las personas de proteger la biodiversidad

Debatir la opción de situar a la naturaleza, bosques, ríos. ecosistemas y seres sintientes como sujetos de derechos o de particular protección. En concordancia, promover el establecimiento de principios constitucionales que mandaten el uso racional y sostenible de los recursos o elementos naturales que tiene el país, con atención a la capacidad de regeneración de los ecosistemas y en beneficio de las grandes mayorías y para la creación de bienestar en todas sus formas, desde la conservación hasta su conversión en bienes y servicios.
Además, instaurar como el deber que todas las personas, naturales y jurídicas protejan la naturaleza y cuiden el legado natural para las generaciones futuras, que incluye considerar una función ecológica del derecho de propiedad.

9. Descentralización política y tributaria

Que se Incorpore en la discusión constitucional el derecho a la ciudad y a un desarrollo urbano sostenible, como espacio para el progreso de las vidas de las personas, libre de contaminación, dotado de un transporte público justo y limpio, con vías adecuadas y seguras para los peatones y ciclistas, y donde se reconoce la gestión comunitaria de los espacios y bienes comunes de todos sus actores, privilegiando formas sostenibles de transporte como sus peatones y ciclistas.
Además, busca que el derecho a la ciudad, contemple una descentralización efectiva en lo administrativo y presupuestario y la valoración del conocimiento local, permita que gobiernos y consejos locales puedan tomar decisiones sobre lo que ocurre –independientes de las tutelas de representantes regionales de los gobiernos centrales–, permita a los gobiernos locales hacer uso y beneficio de tributos ambientales que se recaudan en sus territorios y ser utilizados para la recuperación ambiental de las zonas impactadas por las actividades contaminantes.

10. Derecho de acceso al agua para consumo humano y para sustentar ecosistemas

Derecho humano al acceso y saneamiento considerando el agua como un bien común constitucional. Priorizar constitucionalmente el consumo humano y el rol como soporte de los ecosistemas, reconociendo la multiplicidad de formas colectivas de gestión y propiedad. Una constitución que proteja los glaciares y su rol en el ciclo hídrico.