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La fundación RED publicó sus propuestas para el reglamento de la Convención Constituyente, a través del cual buscan “fortalecer la legitimidad del órgano constituyente y del proyecto constitucional que se elabore para ser ratificado en el plebiscito acordado”. El documento redactado con otras 14 organizaciones describe la importancia de que se consideren aspectos como la transparencia, la participación ciudadana y la autonomía en el reglamento de la Convención Constituyente.

El documento publicado el 29 de enero de 2021 cuenta con 27 propuestas donde se hace interpretaciones de las normas establecidas en la actual Constitución, además de plantear la importancia de que la Convención Constituyente sea transparente sobre los contenidos que trate, además de resguardar su autonomía, permitir la participación ciudadana dentro del proceso de redacción y la creación de una página web para el organismo. Es una ruta de acción para los grupos de izquierda, como se define la organización en su página web, para que la nueva Constitución no sea saboteada por grupos conservadores.

La Red de Estudios para la Profundización de la Democracia, o RED, es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo “generar las bases ideológicas y político-prácticas que informen un proyecto de desarrollo que permita transformar Chile en una sociedad más justa, igualitaria y democrática”. La organización fue constituida en 2014 y ha contado con el financiamiento de organismos internacionales como Educational Support Program de OSF y la Fundación Ford.

El documento fue firmado por Centro Democracia y Comunidad, Chile 21, Chile Movilizado, también las fundaciones Participa, por la Democracia y la Socialdemócrata. Además de Horizonte Ciudadano, Instituto Igualdad, La Alameda, La Brújula, La Casa Común, Red Liberal y Rumbo Colectivo.

Del reglamento y quórums

El primer punto del texto titulado Propuestas para el reglamento de la Convención Constituyente hace referencia al objetivo del organismo que es redactar un proyecto de nueva constitución. Así, el texto reglamentario “debe estar al servicio de este propósito” y no debe obstaculizar el proceso de redacción del texto.

Entre las propuestas también están las características que debe tener el reglamento que rija la institución, entre esas la extensión del documento y la simpleza de su redacción para evitar errores que se pudieran cometer, además RED indica que estas características deberían mantenerse para el cuerpo de la nueva Constitución, particularmente en aspectos dogmáticos. También se refirieron al cronograma de la Convención y el orden lógico en que se debieran discutir los nuevos artículos.

La propuesta también indica las características que debe tener el reglamento creado, como su extensión y simpleza, así como cambios necesarios para evitar errores que se podrían cometer, particularmente en aspectos dogmáticos. También establece las mismas características para la redacción de la próxima Constitución y sobre el cronograma de la Convención, el punto nueve se refiere al orden en que se deben tocar las temáticas a discutir para el nuevo texto constitucional, de esta forma debería seguir una forma lógica.

El tema más complejo y polémico que ha rodeado la nueva Carta Magna desde el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, firmado en noviembre de 2019, es aquél establecido en el artículo 133 de la Constitución actual, acerca del quórum de los dos tercios establecido para la Convención. La propuesta de Red hace una interpretación de la norma, asegurando que este requisito sería válido para “sólo a las disposiciones individualmente consideradas y al reglamento de votación”, por lo que la Convención podría imponer mayoría simple para las demás materias.

En ese mismo sentido, se entrega una interpretación del mismo artículo, asegurando que el organismo constituyente no requiere someter a votación el texto final que sea propuesto como un todo, sino que este solo debe ser ratificado a través de un plebiscito constituyente considerado en el artículo 142. Esta “ratificación final”, según el documento, podría ser un método utilizado para impedir cambios por parte de los grupos conservadores que intentarán vetar normas a pesar de haber alcanzado los quórums de aprobación. De esta forma el objetivo es resguardar que el texto final “refleje múltiples acuerdos entre distintos sectores respecto de diversas cuestiones”.

Del resguardo de la autonomía

La Red de Estudios para la Democracia se enfoca en la autonomía de la Convención Constitucional y, en ese sentido, hace importantes llamados a evitar la intromisión de poderes públicos, como el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, y también de intereses privados. En ese sentido, hace un llamado a que las voces de sectores empresariales no sean influyentes en el proceso de discusión.

Así, inicialmente hace hincapié en el control de los gastos para publicidad del trabajo de la convención y la importancia de asegurar el correcto gasto del dinero. Esto ya que el presupuesto del 2021 entrega al órgano redactor alrededor de $6.708 millones, que en opinión de la fundación es pobre.

De organismos y procedimientos

El documento propone la creación de un sistema de reclamación que no involucre a la Corte Suprema para apresurar la resolución de conflictos. También, se refiere a la importancia de crear un mecanismo transparente para el nombramiento de las autoridades dentro de la Convención.

En la misma línea, el documento de RED además establece la necesidad de un mecanismo que permita “una ruptura con la práctica política-constitucional originada en la dictadura y abra el horizonte de lo políticamente posible”. Así se hace un llamado a promover la descentralización del país y la equidad territorial en la nueva Constitución, además propone que en el reglamento se estipule “una convención ‘itinerante o descentralizada’”.

Sobre los organismos, la fundación propone “la creación de una Secretaría u Oficina Administrativa, órgano encargado de implementar y prestar soporte en todas las tareas administrativas encomendadas por la Convención”. Esto ya que el texto indica en repetidas ocasiones el poco tiempo con el que contará el organismo para redactar el texto constitucional.

En el mismo sentido, hace un llamado a crear un comité de ética y transparencia que se atenga a la ley N° 20.880 que regula las declaraciones de patrimonios e intereses de los parlamentarios.

De la participación ciudadana y transparencia

Se subraya la necesidad de la participación ciudadana en la Convención Constituyente y, en ese sentido, establecer mecanismos de participación popular a través de foros nacionales, cabildos temáticos, audiencias públicas y el reconocimiento de cabildos autoconvocados, así como de iniciativas ciudadanas para propuestas.

Además, señala la necesidad del derecho de acceso libre acceso a la información, sea considerado dentro de la nueva Constitución. Sin embargo, el acceso debe ser garantizado desde el inicio del proceso constituyente, de acuerdo al texto, “la transparencia y los controles democráticos funcionan juntos para producir la información que la/os ciudadana/os necesitan y, de esta manera, evaluar y validar las acciones de sus representantes” recalca. Además estipula que “el privilegio deliberativo no debe invocarse como causal de secreto o reserva en la Convención”.

Finalmente, se hace referencia a legislar sobre la ley de lobby e incorporar “la obligación de efectuar declaración de intereses y patrimonio a los 30 días de dejado el cargo de convencional”.

Puedes leer el documento completo aquí.

Esta es solo una de las propuestas que se han presentado a medida que se acerca la fecha para las elecciones constituyentes, como la publicada por Revolución Democrática, así mismo el libro publicado por el Observatorio Nueva Constitución y la campaña lanzada por la Fundación Los Ojos de Chile, entre otros.