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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Una reforma constitucional, una modificación a la LOC del Congreso y un proyecto de ley. Entre el 22 y 23 de junio, tres mociones fueron ingresadas a la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarios UDI para sancionar e incluso cesar de su cargo a quienes presenten iniciativas que contravengan lo dispuesto en la Constitución. Los proyectos surgen en medio de la tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por las atribuciones que cada uno tiene para impulsar leyes. Aunque no tienen urgencia, los tres fueron acogidos a trámite y pasados a la Comisión de Constitución de la Cámara.

Lo de sancionar a parlamentarios que presenten o promuevan proyectos de ley que resulten inadmisibles por inconstitucionalidad, partió como una idea interna del bloque oficialista. Ante el aumento explosivo en el Congreso de mociones que no han pasado los filtros, principalmente por tratar materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente, los jefes de bancada de los partidos de Chile Vamos plantearon definir un reglamento para investigar y castigar a diputados y senadores de su conglomerado que las apoyaran. ¿El castigo? No proponerlos como candidatos para las próximas elecciones.
Según dijo a Cooperativa el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Rodrigo Galilea, con ello podrían autorregularse “en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos de ley, y que si alguno se somete a este análisis y es declarado inadmisible, que el parlamentario lo corrija o simplemente se abstenga de presentarlo porque no cumple con la legalidad”.
Contexto Factual intentó comunicarse con los jefes de bancada de Chile Vamos para confirmar si ese acuerdo, que a mediados de junio era todavía un borrador, ha avanzado, pero no obtuvimos respuesta.
Sin embargo, lo que partió como una intención de regular y ordenar sus propias filas, en poco tiempo se convirtió en una propuesta formal para reformar la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso, además de establecer por ley sanciones para todos los parlamentarios que presenten este tipo de mociones, independiente de su sector político. De aprobarse, senadores y diputados podrían incluso llegar a perder sus cargos.
Las iniciativas fueron ingresadas a trámite en la Cámara de Diputados entre el 22 y 23 de junio por un grupo de parlamentarios UDI, encabezados por su jefa de bancada, la diputada María José Hoffmann. Fue precisamente en los días en que el Presidente Sebastián Piñera anunció que convocaría a una comisión de expertos que analizara y propusiera modificaciones a los criterios y mecanismos con que el Congreso define la admisibilidad de los proyectos de ley, desatando una pugna entre dos poderes del Estado por el control legislativo y las atribuciones exclusivas que la Constitución le otorga al Ejecutivo y el Parlamento.
Tres mociones para sancionar las inadmisibilidades   
El primero de los proyectos presentados fue una propuesta para reformar la Constitución e incorporar como causal de cesación en el cargo de diputados y senadores, la presentación reiterada de mociones declaradas inadmisibles. Además de Hoffman, la iniciativa la firman los diputados Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Álvaro Cárter, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Javier Macaya, Nicolás Noman, Renzo Trisotti y Osvaldo Urrutia, quienes entre sus argumentos, señalan:
“Hoy, vemos que el Congreso Nacional ha vuelto lentamente a las prácticas parlamentaristas. El constante abuso de facultades de fiscalización, el juicio populista, liviano y sin fundamento a ministros y, por sobre todo, la intromisión en el control económico y financiero del país mediante la presentación de proyectos de ley derechamente inadmisibles, forzando su tramitación legislativa aun cuando se contraviene directamente la Constitución, se han vuelto prácticas comunes”.
Prosiguen diciendo que lo anterior atenta contra la institucionalidad y la responsabilidad, “cuestión que en tiempos de crisis debe ser cuidada celosamente”. Y que por eso es que proponen reformar la Carta Fundamental para que cualquier parlamentario que sea sancionado más de tres veces por presentar mociones que resulten inadmisibles, sea cesado de su cargo.
Esa misma jornada, lunes 22 de junio, los mismos diputados ingresaron una segunda moción, esta vez, para reformar la LOC del Congreso con el fin de elevar el quórum exigido para reconsiderar la declaración de inadmisibilidad de una moción. Bajo los mismos argumentos planteados en el proyecto anterior, propusieron que al momento de que la sala de la Cámara o del Senado reconsideren la resolución de sus respectivas mesas sobre un proyecto inadmisible, se requiera el voto favorable de ⅔ de sus miembros. Actualmente, sólo basta mayoría simple.
Como la normativa vigente no establece penalizaciones, al día siguiente presentaron una tercera iniciativa legal, esta vez, para establecer un procedimiento sancionatorio ante la presentación de mociones que resulten declaradas inadmisibles. Nuevamente utilizaron los mismos argumentos, ahora para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, introduciendo allí también lo del quórum de ⅔ y un proceso para sancionar de oficio a los parlamentarios que ingresen mociones que terminen siendo rechazadas por inconstitucionalidad.
El proceso estaría a cargo de la Comisión de Ética de la Cámara. Los diputados en cuestión tendrían hasta cinco días para enviar sus descargos, frente a lo cual la comisión tendría que “resolver sin más trámite” si aplica o no alguna de las tres sanciones propuestas: amonestación y multa de hasta el 5% de su dieta; llamado al orden y una multa de entre el 5 y 10% de su remuneración mensual; o censura, con una multa de entre el 10 y el 15% de la dieta. Esas serían las sanciones que, al acumularse, podrían hacer que parlamentarios terminen abandonando el Congreso.
Los tres proyectos fueron acogidos a tramitación y pasaron para una primera revisión a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Desde entonces no registran movimiento.
De vuelta al origen
Hace 40 años, cuando se promulgó en dictadura la Constitución que sigue vigente, se establecían sanciones de este tipo.
El artículo 57, entre otras cosas, señalaba que si el presidente de la Cámara o del Senado daba curso a una moción que posteriormente fuera declarada contraria a la Carta Fundamental por parte del Tribunal Constitucional, éste debía cesar de su cargo como parlamentario. Y lo mismo le ocurriría a los autores de la iniciativa.
La normativa, en todo caso, nunca llegó a aplicarse. El inciso fue eliminado en la reforma constitucional de 1989, como parte de las última modificaciones que le hizo el régimen militar previo al retorno de la democracia. Por eso, cuando el Congreso Nacional se reabrió en 1990, esas sanciones ya no eran parte de las normas que lo regulaban.
Por Juan Pablo Figueroa
Fecha 31 Ago 2020