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En la jornada de hoy, las y los encargados de asesorar a la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, Rosa Huenchumilla y Benjamín Ilabaca, dieron a conocer la planificación y los costos estimados para el proceso de consulta indígena en nuestro país. Tras darse a conocer su progreso, se inició un debate en relación a la metodología que utilizarán para acercar la iniciativa a todos los territorios.

Este lunes 20 de diciembre se realizó la sesión Nº12 de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, la que contó con la participación de Rosa Huenchumilla y Benjamín Ilabaca, miembros de la secretaría encargada de desarrollar los parámetros bajo los que se realizará la consulta indígena. La comisión, en la que han ocurrido debates y roces anteriormente, se enfocó mayoritariamente en tema presupuestarios y de metodología, dos temas que aún están por decidirse.

La jornada, que comenzó a las 15:20 horas aproximadamente, inició con una presentación a manos de Ilabaca, quien dio a conocer el trabajo realizado por la secretaría desde su constitución hace 14 días, período que calificó como “intenso”.

De acuerdo al expositor, las y los integrantes de la secretaría tuvieron que adaptarse a las circunstancias de comenzar a trabajar sin la documentación necesaria, correos institucionales, contacto con los convencionales de escaños reservados ni un documento base. A pesar de esto, destacó la conformación de comisiones temáticas que comenzarán a trabajar este lunes en materias relacionadas a la consulta. Estas son: la Comisión de Metodología; Presupuesto; Convenios; Difusión; Revisión de Documentos; Coordinación de las Sesiones; y Vocería.

Adicionalmente, dio a conocer cómo tres miembros iniciales de la secretaría se retiraron de sus puestos, por lo que, este próximo miércoles, el pleno aprobará el ingreso de nuevos integrantes quienes se sumarán al trabajo ya realizado.

En relación a cómo se realizará la consulta, Ilabaca señaló que han estado estudiando procesos similares hechos en Perú y México, experiencias en las que también basaron las propuestas preliminares presupuestarias. Las tres estimaciones, cuyos valores variaron en base a la participación esperada (6.000, 8.000 y 11.000 personas), se acercaron, en promedio, a los dos mil millones de pesos.

El expositor definió como la mayor complejidad el tener que enfrentarse a plazos acotados, señalando que “la preocupación es grande”. De hecho, destacó que el periodo normal de consulta dura aproximadamente 6 meses, y que este será un desafío “cuatro veces más grande que cualquier consulta, considerando los plazos”.

Debido al poco tiempo, desde la secretaría establecieron un cronograma que se dividirá en cuatro materias principales: el diseño y la planificación de la plataforma de participación ciudadana, materias relacionadas al documento de metodología y presupuesto, la difusión de la plataforma de participación, y la difusión en terreno del proceso de consulta. Asimismo, se informó que contarán con tres semanas para sintetizar la información recogida, los acuerdos y entregar el informe final a la comisión. Tras esto, las y los convencionales podrán realizar observaciones de vuelta.

Tras la presentación, los y las convencionales tuvieron hasta dos minutos para realizar comentarios y preguntas. Durante este momento se hizo un énfasis en la adecuación de la metodología de la consulta para que cumpliera con las necesidades de cada uno de los pueblos originarios. Rosa Huenchumilla, integrante de la secretaría, destacó como adecuarían el proceso y establecerían un método con formas y principios generales y, luego, aterrizarían el plan para adaptarlo a los pueblos específicos. Esto, mediante la incorporación de facilitadores, traductores e intérpretes.

Por su parte, Eduardo Cretton, convencional del distrito 23, manifestó la necesidad de establecer mecanismos para garantizar la participación de manera virtual, con medios modernos para aumentar la cantidad de personas consultadas. Sin embargo, su propuesta fue desestimada por los convencionales de escaños reservados.

Primero, Elisa Loncon tomó la palabra para recordarle a Cretton que en las zonas con mayor representación indígena usualmente no existen las facultades para acceder a internet, por lo que destacó la necesidad de llamar a personas a autoconvocarse para realizar las consultas.

Wilfredo Bacián, en tanto, determinó que cada pueblo debería ser responsable de determinar su forma de implementar la consulta, tomando en cuenta las características de cada territorio y persona. Asimismo, Rosa Catrileo indicó que era fundamental que las realidades culturales y territoriales de cada pueblo fuesen consideradas, y que proponer una metodología era trabajo de la secretaría y no de las y los convencionales, puesto que los integrantes ya tienen experiencia en consultas indígenas.