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– Tras una conversación con un usuario de Twitter, el senador del PPD, Felipe Harboe, señaló respecto a incentivos tributarios en regiones que “lamentablemente, ese tipo de proyectos, según la Constitución, sólo puede presentarlos el gobierno”.

– Lo dicho por Harboe es VERDADERO.

– El artículo 65 de la Constitución indica que una de las materias de ley de atribución exclusiva del Presidente de la República es “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”.

– Este tipo de proyecto debe tener origen en la Cámara de Diputados, es decir, que comience su tramitación legislativa ahí.

– La única forma que una iniciativa de ese tipo pueda ser propuesta como una moción parlamentaria es que se presente no como proyecto de ley, sino como reforma constitucional, donde el Presidente, diputados y senadores tienen las mismas atribuciones legislativas. Sin embargo, el experto en derecho tributario, Francisco Saffie, señala que es poco probable que ocurra, dado que “nunca se ha aplicado esa excepcionalidad a materias de ley que tengan que ver con tributos”.

Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla anunció que se mudaría desde la capital tecnológica en Silicon Valley, California, Estados Unidos, al estado de Texas. Un cambio que el senador Felipe Harboe (PPD) resaltó a través de redes sociales. Tuiteó: “Se imagina ud. que en Chile pudiéramos tener incentivos tributarios en regiones para atraer inversiones que hoy están en Santiago? Ese será uno de los temas que deberá enfrentar la Convención Constituyente”.
Al poco rato, un usuario le consultó si un proyecto como ese, que ayude a descentralizar, que detenga la migración de regiones a Santiago y que ayude a generar desarrollo y disminuir la pobreza, no pudiera ser una iniciativa que surgiera del Senado, a lo que el parlamentario respondió que “lamentablemente, ese tipo de proyectos, según la Constitución, sólo puede presentarlos el gobierno”.

Lo dicho por el senador Harboe es VERDADERO. Efectivamente, la Constitución señala en su artículo 65 que las materias de ley relativas a impuestos, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República:
Artículo 65.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros.
 Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.
Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;
Es importante destacar que el mismo artículo señala que las leyes sobre tributos, de la naturaleza que sean, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Que su tramitación debe comenzar en aquella Cámara.
Tal como señala el senador, las diferentes formas de descentralización son un tema que expertos esperan que se toque en la Convención Constitucional, pero previamente se debe decidir cuál es el camino a seguir, como señaló la directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, a Contexto Factual en el reportaje “El camino constitucional a un Chile descentralizado”:
“No nos hemos puesto de acuerdo o quizás nadie tiene muy claro cuál es el proceso de descentralización que se quiere llevar. Algunos hablan de ir hacia un país regionalista, que sería más cercano a uno federal. Otros plantean un país descentralizado más a la nórdica, que es con dos niveles de gobierno, donde los gobiernos regionales coexisten con los locales, pero no son dependientes, sino que regulan ámbitos distintos. Yo siento que no está claro por dónde se quiere avanzar, no veo un proyecto en común. Entonces, que lo diga la Constitución al final del día va a valer poco si el resto de nuestra estructura administrativa y política no conversa con eso”.
No obstante, el panorama actual, no es amigable. “No hay incentivos, salvo zonas muy extremas o provincias que están muy aisladas, no existe el otorgar beneficios económicos o sociales por estar en ellas. Hay una arquitectura que es una mezcla de neoliberalismo con una distorsión de una idea de la rentabilidad social de los proyectos, entonces si es por rentabilidad, vamos concentrando toda la población no sólo en Santiago, pues ahora está el problema del centralismo regional, donde hay muchas ciudades intermedias con malos equipamientos y que van empobreciéndose más”, señaló el director de CreaSur de la Universidad de Concepción, Esteban Valenzuela.
Sin embargo, tal como ocurrió con otros proyectos, como los retiros del 10% de los fondos de pensiones -pues las normas sobre seguridad social o que incidan en ella también son de atribución exclusiva del Presidente-, podría existir una vía para que iniciativas como esa puedan surgir desde los legisladores: que no sea un proyecto de ley, sino una reforma constitucional.
En ese caso, el artículo 127 de la Carta Fundamental señala que tanto el Presidente como diputados y senadores pueden ingresarlas a tramitación, sin restricciones de atribuciones, pero con el requerimiento de quórums más altos para ser aprobados. Aún así, son altas las posibilidades de que el Ejecutivo impugne ideas de ese tipo ante el Tribunal Constitucional (TC) por infringir el mandato de la Carta Magna.
Respecto a esa opción, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, dice: “Por supuesto que si se ingresa como reforma constitucional va a quedar a juicio del TC y ellos van a meterse al tema de ver si hay reformas constitucionales que son inconstitucionales. En otras palabras, la iniciativa exclusiva está en veremos cuando hay reforma constitucional, pero si hoy día el TC declara, a propósito del segundo retiro del 10%, que corre igual, sería un obstáculo. Aunque sea un retiro del 10%, si no la declaran inconstitucional, es muy probable que tampoco declaren inconstitucional una de exención tributaria, si es que es por reforma constitucional”.
Por otro lado, el doctor en derecho y experto en derecho tributario, Francisco Saffie, aclara que, la posibilidad existe pero, sería muy raro que ocurriera: “Yo creo que lo que mostró el caso de las AFP en realidad es cómo la necesidad individual permite saltarte las reglas constitucionales para efectos de resolver un problema de urgencia económica que el gobierno no estaba resolviendo, pero en temas de distribución de competencia impositiva me parece difícil que se logre el apoyo político para una reforma constitucional que te permita llevar adelante una especie de asignación o recaudación regional de recursos. Esa es una alteración mayor al orden económico constitucional del país”.
El también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, agrega que en la jurisprudencia “nunca se ha dado un caso así. El caso de las pensiones es excepcional, pero nunca se ha aplicado esa excepcionalidad a materias de ley que tengan que ver con tributos”
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 22 Dic 2020