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Ministerio Público, Banco Central, Corte Constitucional, Contraloría General de la República, Defensoría Penal Pública y otros órganos quedaron listos en su incorporación en el borrador. Quedó fuera de la propuesta Servicios Notariales y también Consejo de Defensa del Estado. Con esto, 119 artículos de la Comisión se plasman en la propuesta constitucional, siendo la que más aportó según número de normas.

Fue el penúltimo Pleno de votación de normas. En la sesión nº102 se revisaron los últimos artículos de Sistemas de Justicia, de los cuales se aprobaron 42 de 66 propuestos, 27 nuevos y 15 complementos.

Lo primero en pasar con luz verde fue complementar el artículo de Tribunales Ambientales –donde tendrá que haber al menos uno por región– y el Ministerio Público –sobre su capacidad de investigar en casos de probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos–.

Sobre este último organismo también se definió que su dirección nacional reside en el o la Fiscal Nacional, elegido por el Poder Legislativo tras la presentación de una terna por parte de Presidencia y las tareas que le corresponderá hacer. Para ser elegido como aquella autoridad se debe tener a lo menos 15 años de título de abogado, ciudadanía con derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo.

Dentro de aquellas tareas están dirigir las sesiones del Comité del Ministerio Público, impulsar la ejecución de la política de persecusión penal, designar a los fiscales regionales –a partir de una terna propuesta por la Asamblea Regional– y fiscales adjuntos –a partir de las propuestas del Comité–, entre otras.

Asimismo se definieron las atribuciones del Comité del Ministerio Público que incluyen asesorar al Fiscal Nacional en la dirección del organismo, evaluar y calificar el desempeño de los funcionarios, proponer ternas para fiscales adjuntos, entre otros.

Se determinó que la función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos, que su dirección la ejercerá el Defensor o Defensora Nacional, que durará seis años en el cargo con posibilidad de reelección, nombrado por los cuerpos del Poder Legislativo, también de una terna entregada por Presidencia.

También se complementaron artículos sobre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y su organización, a cargo del Defensor o Defensora del Pueblo, elegido por la mayoría de los votos de los cuerpos legislativas a partir de una terna propuesta por organizaciones sociales y de derechos humanos.

De las atribuciones de la Defensoría de la Naturaleza se estableció que pueda fiscalizar a órganos del Estado en el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos ambientales y de la naturaleza, hacer recomendaciones, deducir acciones constitucionales y legales, entre otros. La elección del Defensor de la Naturaleza también será por los cuerpos legislativos a partir de una terna presentada por organizaciones ambientales de la sociedad civil.

De la Agencia Nacional del Agua se determinaron sus funciones, que incluyen velar por el cumplimiento de la Política Hídrica Nacional, revisar autorizaciones administrativas sobre las aguas; implementar y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental de ellas, entre otros.

Pasando al Banco Central se aprobó su objeto: “velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”, en la que deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que se puedan establecer en la ley.

Respecto a sus atribuciones delimita la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales y dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. También fijó sus limitaciones.

El Consejo del Banco Central estará integrado por siete consejeras y consejeros –designados por Presidencia con ratificación del Poder Legislativo–, que estarán diez años no renovables en el cargo, con comprobada idoneidad y trayectoria. La Presidencia del Banco estará cinco años en el cargo y podrá ser reelecta. También se definieron los motivos de remoción e incompatibilidades del cargo.

Sobre Contraloría General de la República se complementó la designación del Contralor/a General de la República.

Servicio Electoral tuvo que ser revisado completo debido a su rechazo en el informe anterior. Se definieron sus funciones, su dirección superior correspondiente a un Consejo Directivo –de cinco consejeros con duración de ocho años en el cargo sin reelección– y las condiciones de su remoción.

De aquel apartado se rechazaron las normas relativas a organizaciones políticas, correspondientes a incisos que fueron rechazados en el informe de Sistema Político y que fueron revividos con la finalidad de pasar al borrador constitucional, pero por tercera vez no obtuvieron los votos.

Sobre Tribunal Calificador de Elecciones se determinó sus atribuciones –que incluyen conocer el escrutinio general de elecciones y resolver  inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de diputados y representante regionales– y composición –cinco jueces con duración de cinco años en el cargo–. Además, se definió la labor de los tribunales electorales regionales.

También se definió la creación de un órgano de protección de consumidores (actual Servicio Nacional del Consumidor) como un cuerpo encargado de la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios, el cual contará con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley.

La integración de la Corte Constitucional quedó definida con cuatro integrantes elegidos por el Poder Legislativo, tres por la Presidencia de la República y cuatro por el Consejo de Justicia. Será esta corte la que resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, o entre estos cuerpos y la Presidencia.

Se incluyeron ocho atribuciones de la Corte Constitucional, incluyendo resolver sobre la inconstitucionalidad de preceptos, reclamaciones de cuando la Presidencia no promulgue una ley, resolver sobre la constitucionalidad de de los reglamentos y decretos de la Presidencia sobre materias que no son parte de sus atribuciones, resolver conflictos de competencia de diferentes cuerpos, entre otros, con la respectiva explicación de cuándo se puede solicitar aplicar la atribución (el detalle en el documento de normas aprobadas).

Dentro de aquellas explicaciones se había propuesto que, si no había acuerdo en la Comisión Mixta de la Cámara y el Congreso al revisar un proyecto de acuerdo regional, el Congreso podría insistir en las enmiendas con el voto favorable de cuatro séptimas partes de sus integrantes, una norma que fue rechazada por no alcanzar el quórum necesario en la votación de Sistema Político. En esta votación, también fue rechazada.

Sobre reforma constitucional se definió que pueden iniciarse por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales o por iniciativa popular. Sin embargo, se rechazó que el quórum de las reformas fuera 4/7, por lo que se deberán aprobar con mayoría simple de los presentes.

Habrá referéndum ratificatorio para proyectos que que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución, siempre y cuando no obtenga ⅔ de los votos del Congreso.

En tanto para el reemplazo de la Constitución se establece que puede ser convocada a través de iniciativa popular –con el 25% de las firmas del padrón electoral–. La Presidencia lo convoca y ⅗ del Poder Legislativo lo debe aprobar y convocar.

La Asamblea Constituyente será paritaria, con equidad territorial, participación en igualdad de condiciones entre independientes y militantes de partidos y tendrá escaños reservados para pueblos originarios. Su integración, sistema de elección, procedimiento de consulta indígena y duración lo definirá la ley, pero sobre esta última, no podrá ser menor a 18 meses.

En materia de derechos, se estableció que el Estado deberá asegurar un trato digno y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus visitas. Además, se estableció el derecho de petición –para hacer peticiones a la autoridad penitenciaria– y el derecho a la inserción e integración social de las personas privadas de libertad.

Dentro de las normas rechazadas destaca el Consejo y Agencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado –que seguirá existiendo pero sin rango constitucional– y los Servicios Notariales y Registrales, que buscaba cambiar la norma en la que funcionan actualmente las notarías mediante un nombramiento por el Consejo de Justicia.

Revisa el detalle de todas las normas aprobadas en el siguiente documento:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 13 May 2022
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