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En la última votación de la Comisión se aprobaron 12 artículos nuevos y se complementaron dos más. Con esto se pasaron a la propuesta la definición de las Policías, estados de excepción constitucional y limitaciones sobre quiénes pueden postular a cargos públicos o de elección popular.

Sistema Político tuvo su última presentación ante el Pleno: el informe de segunda propuesta de los bloques sobre Fuerzas Armadas y Seguridad, Probidad y Transparencia y Relaciones Internacionales.

“Es un trabajo que costó, devolvimos varias veces las normas. Sin embargo, como es un trabajo serio, nos tomamos en serio las indicaciones que nos hicieron nuestros compañeros y eso también da muestra del éxito que tuvieron los dos informes”, señaló la coordinadora Rosa Catrileo.

De las 15 propuestas entregadas por la Comisión se aprobaron 12 junto a una indicación propuesta por Cristián Monckeberg sobre remuneraciones de autoridades, lo que produjo aplausos en el Pleno por ser una sugerencia proveniente de la derecha.

Aquel artículo señala que una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular y quienes sean de su confianza, cuya integración, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley.

Otro artículo que fue celebrado por los constituyentes fue el que refiere limitaciones para postular a cargos públicos y de elección popular. No podrán hacerlo las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y otros que señale la ley.

Sobre seguridad pública se determinó que el Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, ejercido a través de las instituciones competentes y que ninguna persona podrá tener, poseer o portar armas a excepción de los casos que señale la ley. Quien conduzca la seguridad pública ser la Presidencia a través del ministerio correspondiente.

De las Policías se definió que dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones policiales, no militares y de carácter centralizado, además de ser instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes.

Deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, deberán actuar respetando el principio de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales y sus integrantes estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia.

Es importante destacar que se rechazó la norma que definía que las Policías serían taxativamente la de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Además, se delimitó que corresponde a la Presidencia negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales, junto a toda la normativa correspondiente a este tipo de acuerdos.

Pasando a estados de excepción constitucional se determinó que sólo se podrán ejercer en caso de conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública.

Asimismo, se entregó la definición de estado de asamblea y estado de sitio –en caso de conflicto armado internacional y en caso de conflicto armado interno respectivamente– que deberán ser autorizados por ambos cuerpos del Poder Legislativo.

En el estado de asamblea se podrá restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

En estado de sitio se podrá restringir la libertad de movimiento, la libertad de asociación y suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

En tanto en estado de catástrofe, se podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

“Hoy día estamos con tres estados de excepción constitucional que fueron fruto del debate que tuvimos al interior de la Comisión y se refuerza el control civil a través del Comité de Fiscalización y las autorizaciones escalonadas del Congreso”, señaló al respecto el coordinador Ricardo Montero.

Con esto, se elimina el estado de emergencia tipificado en el artículo 42 de la Constitución vigente. “De malo no hay nada, pero son estados que hemos heredado hace bastante tiempo y hoy día hemos reactualizado el control civil y hemos evaluado cuáles son las circunstancias que ameritan un estado de excepción constitucional. La norma tiene que ser la normalidad constitucional y no podemos seguir acostumbrándonos a que todo es excepción”, sumó Montero.

Finalmente, respecto al Comité de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados para fiscalizar las medidas tomadas bajo el estado de excepción. Esta tendrá composición paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría de los Pueblos.

Revisa el detalle de las normas aprobadas a continuación:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 09 May 2022
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