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Todos quieren comentar acerca de los contenidos de la nueva Constitución y Evópoli se hizo cargo del asunto elaborando un documento de 17 páginas con el detalle de las bases constitucionales que consideran que debe incluir la propuesta de Carta Magna. El foco principal está en la refundación del Estado y su sistema político, pasando a uno semipresidencialista con la presencia de un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno. Asimismo, hace una revisión de derechos, libertades económicas, las instituciones autónomas del Estado y una nueva lectura del Poder Judicial, entre otros. Revisa las propuestas elaboradas por el exministro del Interior, Gonzalo Blumel y el expresidente de la colectividad, Hernán Larraín Matte a continuación.

Las bases constitucionales de Evópoli: Una nueva Constitución y un nuevo Estado para Chile”. Ese es el encabezado que lleva en la portada el documento que prepararon el exministro del Interior, Gonzalo Blumel -hoy candidato a convencional constituyente por el distrito 10-, y el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte -también candidato, pero por el distrito 11-, desde el centro de estudios Horizontal, el think tank vinculado al conglomerado liberal que forma parte de Chile Vamos.
Según indica la colectividad, fue un esfuerzo que recogió el aporte de las directivas regionales del partido para elaborar un texto que representara los principios y propuestas que guiarán a los futuros constituyentes del partido en la Convención Constitucional. Actualmente, Evópoli tiene a 19 candidatos y candidatas de sus filas compitiendo por cupos en 14 distritos distintos, bajo el pacto que agrupa a los partidos de gobierno junto al Partido Republicano, Vamos por Chile.
“Chile necesita un nuevo pacto social sobre una hoja en blanco con tinta de 200 años, que encauce con sensatez y realismo la aspiración de construir una sociedad más justa y próspera, en que todos y todas cuenten con una igualdad de oportunidades efectiva y con acceso a condiciones materiales mínimas, derivadas de una concepción exigente de la igual dignidad humana”, señala la propuesta.
No es el primer documento que elaboran desde Evópoli con el objetivo de anticiparse y poner sobre la mesa elementos que puedan servir como insumo para el trabajo de la Convención. Ya lo hicieron hace un tiempo con una propuesta para el reglamento del órgano constituyente (ver artículo).
A modo general, el nuevo documento señala que en el proceso constituyente se deben revalidar los aspectos esenciales de lo mejor de la tradición constitucional, específicamente las grandes reformas de 1989 y 2005. Pone énfasis en que se debe mantener el Estado democrático de derecho, y al mismo tiempo avanzar en diferentes temáticas como derechos sociales, equilibrio entre poderes del Estado, descentralización y en la flexibilización de quórums de votación de leyes “excesivamente exigentes que obstruyen la adaptación de la Carta Fundamental a los cambios de la sociedad”.
“Sin un nuevo Estado, los mínimos sociales exigentes garantizados por la nueva Constitución serán sólo una ilusión (…) así creemos que debe sentar las bases para el establecimiento de un Estado moderno que ejerza sus potestades públicas en base a estándares exigentes de eficiencia, eficacia, coordinación, meritocracia, oportunidad, buen trato, probidad y transparencia, como condición del ‘derecho a la buena administración pública’”, argumentan Larraín y Blumel, poniendo además énfasis en la pluralidad política, representatividad y participación ciudadana.
¿Cuáles son los contenidos fundamentales propuestos por Evópoli para la nueva Constitución? Revísalo a continuación.
Dignidad humana como fundamento
Evópoli plantea que todas las disposiciones constitucionales deben ser una manifestación de idéntica dignidad para todos y todas como valor inviolable, cuyo resguardo es deber del Estado. Por ello, piden que se incluya explícitamente que “el Estado reconoce y ampara, con igual consideración y respeto, los más diversos proyectos de vida personales, familiares y asociativos”.
Igual ciudadanía
“La Constitución debe contener disposiciones que orienten al resto del ordenamiento, para asegurar una igualdad de oportunidades efectiva y la promoción de acciones para eliminar inequidades y desigualdades injustificables fuertemente enraizadas en nuestra cultura, como es el caso de las diferencias entre mujeres y hombres”, señala el texto.
La idea de la igualdad para la colectividad está en oposición a los privilegios y a las “relaciones opresivas o sectarias”, como motor de la paz social en las sociedades democráticas y abiertas.
Diversidad
En la línea de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, piden que se refuercen estos derechos promoviendo la inclusión, tolerancia y respeto por la diversidad.
El punto fuerte del argumento es el reconocimiento de los pueblos indígenas, con libertad para decidir sus propias reglas de desarrollo social, económico y cultural dentro del marco constitucional. Asimismo, plantean que tengan representación en el Congreso Nacional.
Inclusión y pisos básicos de dignidad
La colectividad sugiere que la Constitución incorpore, como deber estatal específico, brindar un trato preferente a los más vulnerables, especialmente a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Además, señala que “el Estado responsablemente debe asegurar un conjunto de derechos sociales en salud, previsión, educación y vivienda que permita que cada ciudadano y ciudadana, por el hecho de serlo, cuente con las garantías esenciales para alcanzar una vida digna”.
Constitución con perspectiva de género
“Un postulado esencial de Evópoli es agregar en la Constitución como deber del Estado, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso y discriminación”.
Para esto, indican que el Estado debe hacerse cargo de implementar acciones positivas tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres, tomando medidas particulares dependiendo del grupo etario o étnico en el que pueda suceder.
Por otro lado, ponen énfasis en promover la igualdad en el acceso al empleo, salarios y acceso a cargos de alta responsabilidad, además de incorporar directrices que permitan al legislador avanzar en políticas públicas vinculadas al fomento de la corresponsabilidad.
Derechos sociales
El partido indica que se deben incorporar nuevas definiciones como la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, la libertad religiosa, una regla amplia de libertad de expresión y la reserva legal del derecho de reunión, entre otros.
Respecto a los derechos sociales indican que “para asegurarlos, creemos que no basta con inscribir derechos en normas generales, definir buenas políticas públicas para asegurar la disponibilidad de prestaciones concretas y contar con una judicatura imparcial y razonablemente deferente con el legislador. Para que la promesa de los derechos sociales sea una realidad, es esencial contar con una ciudadanía dispuesta a involucrarse activamente en su garantía, asumiendo deberes específicos a partir de una noción compartida de dignidad”.
Por esto piden una revisión de los mínimos sociales para tener una vida digna y una sociedad justa, que deben ser el foco de las acciones y recursos disponibles. Esto debe ser compatible con el punto de encuentro entre el mundo privado y la sociedad civil, “bajo un esquema general de participación ciudadana que sume pragmatismo y promueva la solidaridad”.
Sobre los derechos sociales ya existentes en la Carta Magna actual, plantean la “necesidad de perfeccionar su configuración, estableciendo de manera precisa respecto de cada uno de ellos, su contenido esencial, los supuestos de hecho de procedencia, los deberes del Estado y sus límites, estableciendo un mandato claro para los órganos legisladores en la definición de políticas públicas que sean compatibles con un principio de responsabilidad fiscal, de forma de asegurar su garantía, sostenibilidad y exigibilidad”.
Además, plantea agregar el derecho a la vivienda; que el Estado tenga el deber preferente de resguardar los derechos y libertades fundamentales de niños, niñas y adolescentes; y promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos y libertades fundamentales y una igualdad de oportunidades efectiva para las personas con discapacidad.
Por último, debido al avance de la tecnología y globalización, argumentan que “se consideren actualizaciones acordes a los cambios que estos fenómenos imponen en la vida social de nuestro tiempo, vinculados especialmente a la garantía de inclusión y no discriminación arbitraria y al resguardo de los derechos a la paz, la libertad y la privacidad, incluyendo el derecho a la propia imagen y al tratamiento y protección de los datos personales”.
Libertades económicas
El primer eje de libertad económica está puesto en mantener el derecho a la propiedad, con las limitaciones y obligaciones que determine la ley para cumplir su función social.
Además, pone foco en el emprendimiento con reglas claras y justas, argumentando que “se deben mantener una serie de reglas razonables de protección de los derechos de los ciudadanos en materia económica, en particular la legalidad, proporcionalidad y justicia tributarias, la no discriminación arbitraria y la libre iniciativa en materia económica”.
Proponen consagrar la habilitación al Estado empresario, incorporar un principio de responsabilidad fiscal y plasmar directrices claras acerca de prácticas como la colusión, la competencia desleal y el uso de información privilegiada, determinando una mejor regulación para garantizar el libre acceso al mercado y desincentivar, prevenir, investigar, sancionar, orientar e informar acerca de estos abusos.
Acceso a la cultura, las artes y las ciencias; y derecho al deporte y la actividad física
Como parte de avanzar en la construcción de una sociedad libre, cohesionada, respetuosa y solidaria, que abrace los valores de la democracia, la justicia social y el progreso, proponen incorporar en la Carta Fundamental el derecho de acceso a la cultura, las artes y las ciencias, junto a un deber correlativo del Estado de promover la más amplia diversidad y pluralidad de sus expresiones.
Además, piden que la Constitución obligue al Estado y a la sociedad a fomentar la participación de los ciudadanos en la práctica del deporte y la actividad física.
Estado democrático de Derecho
A la situación actual del país, de un régimen republicano con elecciones periódicas, participación y respeto por las leyes, desde Evópoli ven el desafío de incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana a nivel regional y local, que permitan alcanzar una democracia más representativa.
Para esto proponen permitir la propuesta de iniciativas e incorporar procesos de revisión de políticas, para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones más importantes en el nivel subnacional a través de la modificación de la Ley 20.500, potenciando la participación de grupos vulnerables, migrantes y “otros que habitualmente no son considerados por contar con un bajo nivel de organización”.
Nuevo Estado
“Debemos estructurar un Estado moderno con capacidades suficientes para hacerlo efectivo en el aseguramiento de los derechos que la Constitución otorga a los ciudadanos y en el cumplimiento de sus vitales e insustituibles funciones”, argumentan, señalando que consideran fundamental reformar el aparato estatal y los principios que lo ordenan.
Para esto proponen incorporar reglas y estándares de eficiencia, eficacia, coordinación, meritocracia, probidad y transparencia, así como un nuevo derecho a la buena administración, que garantice a los ciudadanos servicios públicos de calidad y en tiempo oportuno.
También sugieren agregar un principio de igualdad y no discriminación de trato entre los trabajadores del sector público y privado, la creación por ley de un nuevo Estatuto del Empleo Público, y una Comisión Asesora Presidencial para la Designación de Altas Autoridades y la Modernización del Estado.
Régimen de Gobierno: Hacia un nuevo equilibrio
“Es urgente mejorar nuestra democracia y construir una institucionalidad más estable y sostenible, a través del establecimiento de un nuevo equilibrio entre poderes del Estado, que limite la discrecionalidad y el obstruccionismo, que reduzca la polarización y que evite una confrontación institucional permanente, aspectos evidenciados en los últimos años por nuestro actual régimen de Gobierno, que dificultan significativamente la capacidad del sistema político de procesar las aspiraciones ciudadanas”.
Con un duro diagnóstico sobre la relación entre el Gobierno y el Congreso Nacional, desde Evópoli plantean establecer un régimen semipresidencialista: separar las funciones de jefe de Estado, quien será electo por sufragio popular, y jefe de Gobierno, quien será propuesto por el Presidente de la República y ratificado por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.
En aquella dinámica, el Presidente tendría atribuciones en Defensa, Relaciones Exteriores, designación de autoridades institucionales, elaboración de iniciativas de reformas constitucionales y legales en ámbitos de su competencia, entre otras.
El jefe de Gobierno, en cambio, ejercería como jefe del gabinete ministerial -salvo Defensa y Relaciones Exteriores- y concentraría atribuciones en materias relacionadas con la administración y marcha del Ejecutivo (financieras, seguridad y orden público, iniciativas de ley general y potestad reglamentaria, entre otras).
Además, propone eliminar la incompatibilidad entre la figura de ministro y la de parlamentario, revisar mecanismos de responsabilidad política y de superación de crisis de régimen, perfilar de mejor forma las tareas de la Cámara de Diputados y del Senado –manteniendo ambas– y perfeccionar o cambiar el sistema electoral para reducir la excesiva fragmentación de las fuerzas políticas.
Judicatura independiente y justicia constitucional
La gran propuesta en la materia es fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, radicando las funciones del gobierno judicial -actualmente concentradas en la Corte Suprema- en un nuevo Consejo de la Justicia que opere bajo estándares técnicos objetivos e imparciales.
Además, proponen modernizar el sistema de nombramiento de los ministros de las Cortes de Apelaciones, jueces, fiscales judiciales y otros funcionarios que determine la ley. ¿Cómo? Designaciones de la Presidencia a partir de una terna propuesta por el Consejo de la Justicia, previa selección mediante concursos públicos ”en que prime la transparencia, la idoneidad y el mérito y se privilegie la evaluación de estándares técnicos”.
Respecto al Tribunal Constitucional, sugieren el perfeccionamiento de su conformación y funcionamiento, eliminar el control preventivo obligatorio de las leyes, y reemplazar el control preventivo facultativo por un control represivo racionalizado, que permita la enmienda de los proyectos antes de su despacho. Asimismo, proponen aumentar los requisitos para los candidatos y el estándar de escrutinio a los mismos “para garantizar un tribunal técnico, imparcial y no politizado”.
Desarrollo sustentable
Como forma de promover un nuevo equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y equidad social, proponen incorporar en la nueva Constitución un deber estatal de considerar los avances más actualizados de la ciencia y la tecnología en el diseño de las políticas públicas tendientes a proteger el medio ambiente; asegurar la conservación del patrimonio ambiental, en particular la preservación de la flora y fauna locales, los glaciares, ríos, lagos y montaña; y garantizar la conservación de las especies, su función ecológica y la prohibición de todo acto de crueldad en contra de los animales.
Junto a esto proponen que la nueva Constitución tenga deberes ciudadanos que den cuenta de compromisos genuinos y exigentes que permitan abordar la urgente tarea de enfrentar las causas y los efectos de esta grave crisis ambiental.
También instalar una nueva institucionalidad en materia de cambio climático, que aborde la tarea de informar y educar a la ciudadanía sobre sus desafíos, coordinando acciones que los distintos Órganos de la Administración desarrollen al respecto con colaboración de distintos actores de la sociedad civil.
Respecto al agua, sugieren que se reconozca su calidad de bien nacional de uso público a nivel constitucional, pero que sea la ley la que determine cómo se constituirán los derechos de aprovechamiento. Finalmente, proponen incorporar al derecho humano al agua que debe estar garantizado por el Estado.
Descentralización
Para promover la descentralización, el partido sugiere establecer la elección directa de sus principales autoridades y la transferencia de potestades políticas, administrativas y fiscales, junto a la supresión de las gobernaciones provinciales como mecanismo de administración interior del Estado, como contrapartida del fortalecimiento de los gobiernos regionales y comunales.
Órganos constitucionales autónomos
“Planteamos la necesidad de mantener órganos estatales de rango constitucional autónomo, particularmente la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral y el Banco Central”, argumentan, enfatizando en la importancia de la independencia del organismo financiero del país.
Fuerzas armadas, de orden y seguridad pública
Al igual que la Carta Fundamental actual, señalan que se deben abordar las temáticas relativas a las FF.AA., consagrando que dependen del poder civil, siendo esencialmente obedientes y no deliberante; con un carácter profesional, jerarquizado y disciplinado y su obligación de mantener siempre un respeto irrestricto por los derechos humanos.
Sí plantean desconstitucionalizar el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), revisando sus funciones y atribuciones y reforzar las atribuciones del Presidente de la República para remover a las máximas autoridades militares o policiales.
Revisa el documento completo de propuestas constitucionales de Evópoli aquí
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 01 Feb 2021