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Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

– En el debate del informe de reemplazo de Derechos Fundamentales, el constituyente Javier Fuchslocher señaló que “la Convención Americana de Derechos Humanos señala expresamente: ninguna persona puede ser privada de su propiedad”.

– Lo señalado por el representante de Independientes por una nueva Constitución es VERDADERO. 

– El artículo 21 de la Convención, también conocida como Pacto de San José, y que Chile ratificó en 1991, se refiere al derecho a la propiedad privada, incluyendo que “ninguna persona puede ser privada de sus bienes”.

– La reforma constitucional que permitió el proceso constituyente indica que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar (…)  los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

– Es decir, cualquier norma que se apruebe no puede contraponerse a lo dictado en los tratados que Chile ha ratificado, incluyendo el derecho de propiedad.

El derecho a la propiedad ha sido uno de los temas más abordados por la ciudadanía, expertos y constituyentes e incluso antes que comenzara el trabajo de la Convención. Y ahora llegó el turno de su discusión en el Pleno.

El miércoles se votó la propuesta elaborada por la Comisión de Derechos Fundamentales y se aprobó un artículo sobre derecho de propiedad (ver nota). Por lo mismo, gran parte de las intervenciones de los convencionales en el debate se refirieron justamente a esta temática.

Uno de ellos fue Javier Fuchslocher de Independientes por la nueva Constitución, quien señaló que “la Convención Americana de Derechos Humanos señala expresamente: ninguna persona puede ser privada de su propiedad”, lo cual es VERDADERO.

El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (también conocido como Pacto de San José), y que Chile suscribió en 1969 y ratificó  el 5 de enero de 1991 dice lo siguiente:

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

¿En qué radica la relevancia de que el Pacto de San José diga esto?

La reforma constitucional que permitió el proceso constituyente indica que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Es decir, cualquier materia que traten los tratados que Chile ha ratificado, no pueden verse afectados y esto incluye el derecho de propiedad.

En Contexto Factual hemos realizado verificaciones sobre si el derecho de propiedad se va a ver afectado y la conclusión por parte de múltiples expertos es que no.

Revisa: FALSO: Franja del Rechazo señala que una nueva Constitución pone en peligro el derecho de propiedad

El caso Fontaine y los ahorros previsionales

La propiedad, expropiación y titularidad de ciertos bienes ha tomado bastante fuerza debido a las votaciones en el Pleno y votación sobre derechos sociales en la Comisión de Derechos Fundamentales.

Un ejemplo de ello fue la portada de un diario de circulación nacional en la que el constituyente Bernardo Fontaine señaló que “los trabajadores no serán dueños de sus ahorros previsionales” (ver nota), debido a la aprobación de la propuesta de “No + AFP” (que por el momento sólo ha sido aprobada en general en la Comisión.

La norma, efectivamente indica que “la gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”, es decir, modifica la administración de los fondos.

No obstante, se rechazó un artículo transitorio, de la misma iniciativa que señalaba que luego de un año de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, fuera el Estado –a través del Instituto de Previsión Social– “el que asumiera de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones y que además las administradoras debían hacer traspaso de los fondos”.

La agrupación “Con mi plata no”, que también propuso una norma en la materia que ha sido rechazada, ha difundido a través de diferentes plataformas –incluyendo Whatsapp a través de cuentas de empresa–  un mensaje que indica que el rechazo de su propuesta “significa que si la Constitución se aprueba, tal y como está, tus ahorros dejarán de ser tuyos y pasarán a un fondo común en manos del Estado. Ya no tendrás derecho sobre ellos y no serán heredables a tu familia”.

El mismo Fontaine señala en la entrevista que “no se quiere garantizar en la Constitución que los ahorros son de los trabajadores, dejando abierta la posibilidad de estatizarlos y eso es una amenaza real”.

Sin embargo, la norma de seguridad social de la Constitución actual, tampoco lo define:

 18º.- El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. 

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 04 Abr 2022
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