Animales en la Constitución

Valentina Matus
15 Oct 2020

La posibilidad de redactar una nueva Carta Fundamental que también incluya a los animales ha despertado interés en una serie de agrupaciones animalistas que buscan resguardar su protección y cuidado a nivel constitucional. Actualmente, el resguardo que asegura la legislación actual se limita a ciertos tipos de especies o bien, depende de otras condiciones como la interacción con el humano o el medioambiente. Es por esto que desde la Fundación Derecho y Defensa Animal lanzaron una campaña con propuestas sobre cómo incluir en el debate la protección de los animales, materia que decenas de otros países en el mundo ya han constitucionalizado.

La discusión sobre qué se debe incorporar a una nueva Constitución en caso que se apruebe su redacción el próximo 25 de octubre, se ha centrado en distintos tópicos que para muchos no pueden quedar fuera: derechos de agua, de reproducción, de vivienda o reconocimiento de pueblos originarios, entre otros. Pero no son los únicos, y hay muchos temas que desde distintas veredas están siendo promovidos para ser parte del debate y así consolidar nuevos derechos garantizados constitucionalmente. 

Aprovechando esa oportunidad, la Fundación Derecho y Defensa Animal lanzó una campaña para que los animales no humanos sean considerados en la Constitución y así alcanzar el “grado más alto de protección jurídica que un animal podría tener”, petición que a través de la plataforma Change.org ya ha sumado a casi 12 mil personas y que es apoyada por decenas de agrupaciones animalistas. 

¿Cuál es el reconocimiento que actualmente les otorga la ley chilena a los animales y cuál es la propuesta para incorporarlos a la Carta Fundamental? Contexto Factual se lo detalla a continuación. 

Legislación vigente

Actualmente, el artículo 567 del Código Civil reconoce a los animales como muebles, por ende, no son reconocidos como titulares de derechos, estatus que hoy en día solo pertenece a las personas. En específico indica: 

“Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas”. 

En 2017 se promulgó la Ley N°21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía –también conocida como Ley Cholito–, que nació como una forma de delimitar los derechos, obligaciones y responsabilidades de los dueños y dueñas, además de proteger la salud y bienestar del animal, en conjunto a la salud pública y medioambiente aplicando normativas de control. La legislación aplica solo a animales domésticos: perros, gatos, conejos, roedores u otros. 

Luego, en 2018, con la promulgación de la Ley 20.380, sobre protección de animales, se determina su reconocimiento, protección y respeto como seres vivos y parte de la naturaleza. El fin de la normativa es darles un “trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios”. 

La legislación vigente pone parámetros de cuidado de animales: obliga a lugares como zoológicos o circos, establecimientos de producción animal o veterinarias a “contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud”, además de evitar sufrimientos innecesarios a los animales de laboratorio. 

La visión que las leyes actuales tienen sobre los animales se establecen en relación a su existencia en el medioambiente y no como individuos, reflejado en el artículo 19, nº8, según argumentó el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Jean Menanteau, en un conversatorio sobre el tema: “Dentro de este derecho de vivir un medioambiente libre de contaminación, en el medioambiente podríamos incluir a los animales y, por lo tanto, tendríamos un derecho que incluye a la flora y la fauna. El problema es que incluso si aceptáramos que los animales están dentro del medioambiente, sería una protección en cuanto afecta a éste. Es decir, los animales estarían protegidos no de manera individual, sino en cuanto forman parte de algo más grande que ellos”. 

El proyecto de la Fundación Derecho y Defensa Animal

La iniciativa liderada por la fundación animalista está compuesta de tres ejes cuyo objetivo es determinar consecuencias reales en el ordenamiento jurídico por vulnerar los derechos de los animales y, en específico, establecer la intervención de los órganos públicos en su cuidado. Para ello, lo primero que buscan es que se les reconozca como sujetos de derecho.

Para lograr eso, su primer eje apunta a resguardar la individualidad de los animales, es decir, que no sólo se les identifique como parte de un entorno, el medioambiente o la naturaleza. Sostienen que la mirada hacia la fauna no debe ser un objetivo intermedio o final a un eventual resguardo a alguna esfera del ser humano, si no que su protección debe establecerse de forma separada. 

En segundo lugar, solicitan que se consagre como un deber estatal la obligación de cuidado y protección para con los animales. Esto debe manifestarse en la intervención y adopción de medidas positivas de los órganos públicos y así implementar el principio de protección.

Y el tercer eje de su propuesta tiene que ver con la sintiencia. ¿Qué es eso? La capacidad de sentir de los seres vivos. Desde la Fundación Derecho y Defensa Animal buscan que todos los seres con sintiencia sean incorporados en una eventual nueva Constitución, de forma de suponer “el reconocimiento expreso del valor inherente de los animales no humanos, en tanto son seres vivos dotados de sensibilidad y, por tanto, poseedores de dignidad”.

Experiencia mundial

La protección animal –en diferentes niveles– no es algo ajeno a los textos constitucionales. Hay diversos países en el mundo que incorporan normativas y obligaciones estatales hacia estos seres vivos. Un ejemplo de esto es Alemania, donde el Estado está obligado a proteger los fundamentos naturales de los animales; o Suiza, donde un artículo completo de su Constitución especifica que la Confederación debe legislar sobre la protección animal y establecer regulaciones acerca de su cuidado, comercio y matanza, entre otros. 

En Egipto, el Estado está comprometido a la protección y desarrollo de espacios verdes en áreas urbanas; la protección de plantas, ganado y pesca; la protección de especies en peligro de extinción y la prevención de la crueldad hacia los animales. Situación similar ocurre en Kenya, donde el gobierno nacional está encargado de establecer un sistema de desarrollo duradero y sostenible que incluya la protección de animales y vida silvestre, todo por orden constitucional. 

En tanto, en países asiáticos también hay protección constitucional. La Carta Fundamental de Malasia establece que se deben proteger parques nacionales, animales y aves silvestres; además de resguardar la cría de animales, prevenir la crueldad hacia ellos y ofrecer servicios veterinarios y de cuarentena animal. En Sri Lanka, son las autoridades provinciales las que deben encargarse de la preservación, protección y mejoramiento de ganado y prevención de enfermedades animales, asegurando el cuidado y sanidad animal. 

En América también hay países que otorgan rango constitucional a la protección animal: En Bolivia se obliga a los gobiernos municipales a hacerse cargo de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. En Brasil, es tarea del gobierno proteger la fauna y la flora, prohibiendo las prácticas que pongan en peligro sus funciones ecológicas, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a crueldad.


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