Los otros proyectos para la Convención Constitucional

Valentina Matus
16 Nov 2020

La conversación durante la segunda etapa del proceso constituyente ha estado marcada en gran parte por la asignación de escaños reservados, las candidaturas que empiezan a emerger y la disparidad que hay entre partidos políticos y postulantes independientes para acceder a un puesto en la Convención Constitucional. Sin embargo, tanto parlamentarios como organizaciones sociales han planteado ideas y proyectos que podrían cambiar parte de las reglas que hoy están vigentes para el proceso constituyente. Entre las propuestas hay nuevas inhabilidades para presentar candidaturas, regular los efectos del quórum, incluir la intervención ciudadana en el trabajo de los convencionales y más.

Una vez que ganó el Apruebo, la conversación rápidamente se centró en el hito más próximo del proceso: la elección de los convencionales constituyentes que redactarán la nueva Constitución. El debate, lejos de ser plano, contempla distintas aristas que han marcado la agenda política y las discusiones en torno al tema: el futuro de los escaños reservados, cómo serán las listas de los partidos, si realizarán pactos por coalición y si se establecerá algún tipo de beneficio para los independientes con miras a emparejar la cancha en la carrera por obtener cupos en la Convención Constitucional, entre otros (ver nota aquí)

En paralelo, distintos sectores han levantado nuevas ideas que, de concretarse, podrían implicar cambios en distintos niveles a las reglas que están vigentes para lo que viene. Algunas apuntan a restringir, mediante inhabilidades, el espectro de posibles candidatos o candidatas a convencional; otras, a incidir en cómo se administrará el quórum de ⅔ y está también la que busca fomentar la participación de los jóvenes. Mientras unas son propuestas a trabajar desde la sociedad civil, otras se han materializado como proyectos de ley que se tramitan en el Congreso. ¿Cuáles son y en qué consisten? Te lo contamos a continuación.

Regulación del quórum

A mediados de septiembre, los diputados de Renovación Nacional (RN), Jorge Rathgeb y Miguel Mellado, junto a la diputada Francesca Muñoz, ingresaron un proyecto de ley que busca regular los efectos del quórum no alcanzado en el órgano constituyente.

La legislación, tal cual está hoy, determina que las normas propuestas deberán ser aprobadas por ⅔ de los convencionales en ejercicio para quedar en el texto que se someta a plebiscito ratificatorio. Eso, a juicio de los parlamentarios que patrocinan la iniciativa, “se ha prestado para muchas dudas interpretativas: algunos sostienen que de no alcanzar el quórum de los dos tercios, dicha parte quedaría aprobada como ley simple. Otros sostienen que simplemente no quedaría regulada dicha materia y otros que regirá la actual Constitución”.

Ante este escenario y la exigencia de contar con certeza jurídica, el proyecto plantea que, en caso de no alcanzar el quórum requerido para aprobar las normas constitucionales, continúe rigiendo la Constitución actual en aquella parte, pasando por alto el acuerdo de discutirlo todo a partir de una “hoja en blanco” (ver artículo). 

Desde el ingreso del proyecto, este no ha tenido ningún movimiento y se encuentra en el primer trámite constitucional, a la espera de su revisión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. 

Candidatos inhabilitados

Actualmente, tal como señala la Constitución, cualquier persona mayor de 18 años, con nacionalidad chilena y que no ha sido condenada a pena aflictiva puede ser candidata a la Convención Constituyente. Sin embargo, para un grupo de diputados y diputadas del oficialismo esto no es suficiente, por lo que el 6 de noviembre ingresaron un proyecto para establecer inhabilidades hasta ahora no contempladas en la ley.

Dice la moción presentada: “Aún cuando quiera propiciarse la mayor participación y competencia, los candidatos a convencionales constituyentes deben cumplir con mínimos requisitos morales y éticos que la sociedad hoy exige, a saber: la erradicación de la violencia en las relaciones familiares, especialmente la violencia en contra de la mujer, y la protección de niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, cuestión que se materializa en su forma más simple mediante el pago de la pensión de alimentos”.

En esa línea, el proyecto pretende prohibir la participación como convencionales a todas aquellas personas que tengan condenas por violencia intrafamiliar o que registren deuda en el pago de la pensión de alimentos.

La iniciativa, recientemente ingresada, está a la espera de revisión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional. 

Incentivos para jóvenes

El lunes pasado, los diputados Diego Schalper y Tomás Fuentes, ambos de RN, ingresaron un proyecto de ley para establecer incentivos a la participación juvenil en las candidaturas a convencionales constituyentes.

“Los partidos políticos deben fomentar la participación juvenil en la elección de los nuevos constituyentes. La participación juvenil debiese ser uno de los objetivos prioritarios, no sólo en el marco de la creación de una nueva Constitución, sino en todo comicio que tenga por objeto la provisión de cargos de elección popular”, argumentan los parlamentarios, además de destacar la visión en relación con su participación en la sociedad y cómo conciben el ejercicio de sus derechos y libertades.

Por esto, la iniciativa busca alivianar la carga económica para quienes tengan entre 18 y 35 años y deban financiar su campaña como candidatos o candidatas para ser parte de la Convención. 

Las propuestas son dos. La primera es que los partidos políticos a los que pertenezcan los candidatos jóvenes, tengan derecho a un financiamiento público de 500 UF por cada uno de ellos, lo que hoy equivale a casi $14,5 millones. La idea es que aquellos recursos sean destinados a la implementación de programas y al desarrollo de actividades de fomento a la inclusión y participación de jóvenes en política.

La segunda propuesta del proyecto plantea la disposición de un reembolso adicional de los gastos electorales, de 0,01 UF de cargo fiscal por cada voto obtenido. O sea, $3 por sufragio. Eso sí, esto no se aplicaría a las mujeres, pues ellas ya tienen un beneficio fiscal particular regulado por la ley sobre el gasto electoral. 

Otras ideas en tabla

Para los habitantes de Chiloé, la representación en la Convención Constitucional es de suma importancia, por lo que desde el Movimiento Archipiélago Soberano están solicitando a los diputados de su sector que presenten un proyecto de ley para crear un nuevo distrito para el conjunto de islas. De esa forma, podrían tener convencionales únicos y no tener que competir los cupos con comunas más grandes como Puerto Montt.

Sin embargo, el diputado Gabriel Ascencio (DC), representante de esa zona en la Cámara Baja, indicó que ya es muy tarde para aquella discusión, pero planteó una solución alternativa: “Creo que hay una opción de que seamos considerados de una manera distinta a como somos hoy, será en la discusión de la nueva Constitución. También en esa discusión está la posibilidad de rediscutir los distritos, probablemente se discutirá todo el sistema político (…) Hoy hay mucha fuerza en tener una sola cámara y establecer un régimen semipresencial, que establezca un presidente y un primer ministro, pero donde el gobierno esté en el parlamento fundamentalmente. Esa discusión se va a dar allí y creo que se dará una oportunidad para que Chiloé tenga su propio distrito”, indicó al diario El Insular

Por otro lado, han surgido diferentes iniciativas para que la ciudadanía pueda ser parte del proceso constituyente, con un rol más activo al que solamente ejercer su voto en las elecciones correspondientes (ver nota aquí), con ideas van desde realizar charlas y asambleas hasta crear mecanismos jurídicamente vinculantes que tengan incidencia directa sobre el trabajo del órgano que redactará la propuesta para una nueva Constitución.

Otra idea fue la planteada por la senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, sugirió establecer escaños reservados para la iglesia evangélica. No obstante, la propuesta tuvo poco éxito con los aludidos:



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