Los otros ejes de la polémica propuesta de diputados opositores para cambiar los quórum de la Convención Constitucional

Valentina Matus
17 Nov 2020

La propuesta liderada por la diputada comunista Camila Vallejo, que abre la opción a cambiar el acuerdo de los ⅔ de quórum para la Convención Constitucional, causó amplio revuelo en todo el espectro político. Diferentes personalidades de todos los sectores esgrimieron argumentos a favor y en contra de la iniciativa, que si bien llamó la atención por aquella indicación que modificaría una de las bases del acuerdo político que dio paso al proceso constituyente, también propone otras materias para el debate. Entre ellas, la creación de una Comisión de Reclamación, mecanismos para la participación ciudadana y la inclusión de convencionales que viven en el extranjero. ¿Cuál es el detalle de cada una? Revísalo a continuación.

“Es una reforma constitucional que busca profundizar la participación y el ejercicio soberano de nuestro pueblo en el proceso de cambio de la Constitución, particularmente en la Convención Constitucional, no solamente dándole la facultad y a sus integrantes de fijar sus propios quórum de funcionamiento, sino que obligarlo a tener participación a nivel territorial, en distintos territorios del país. Garantizar que el proceso no esté en las cuatro paredes de la Convención”. 

Esa fue la explicación de la diputada Camila Vallejo (PC) respecto al proyecto de reforma constitucional que ingresó ayer junto a los parlamentarios y parlamentarias de oposición Tomás Hirsch, Hugo Gutiérrez, Maya Fernández -que durante esta jornada retiró su firma-, Alejandra Sepúlveda y Camila Rojas, entre otras, y que tiene como objetivo “crear el quórum democrático; fortalecer la hoja en blanco; garantizar la participación ciudadana; posibilitar elección de delegados del exterior y creación de régimen de transición”.

El eje fuerte de la propuesta es que la Convención Constitucional pueda definir de forma autónoma su propio quórum de votación de los artículos, eventualmente transformando la definición actual de ⅔, lo que los patrocinadores definen como “veto recíproco con el consiguiente efecto de aprobar normas vagas, excesivamente generales y hasta poco coherentes”.

En caso de aprobarse el proyecto, la Convención podría establecer un quórum simple, diferentes tipos de quórum según el tipo de artículo o bien, si desea mantener los ⅔; si se llegase a aprobar el proyecto la definición sería interna al momento de establecer su reglamento, que es precisamente el primer mandato de la Convención una vez que comience a sesionar. No obstante, la indicación no estuvo exenta de críticas: 






Pero el proyecto contempla otros aspectos y no sólo la modificación del quórum.  ¿Cuáles son las otras propuestas incluidas en la moción? Se las contamos a continuación.

No intervención de ningún órgano estatal y el ente reclamador

La intención de perpetuar la Constitución de 1980 y sus reglas o de extender competencias o ejercer atribuciones no otorgadas es nula e ilegítima. De modo que debe existir una abstención prudente, ecuánime y respetuosamente mutua entre poder naciente y poder que desaparece.

En opinión nuestra, la revisión que compete realizar al texto constitucional solo es de forma y podría realizarla desde la secretaría técnica con apoyo de expertos en idiomas e incluso con organismos internacionales, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que han colaborado con anterioridad con nuestro país.

Como una forma de dejar atrás la actual Carta Fundamental, los diputados y diputadas buscan que ninguna institución del Estado (específicamente el Tribunal Constitucional, el TC) pueda intervenir ni ejercer función o atribución alguna en relación a la Convención.

Lo anterior, en todo caso, ya está contemplado en las reglas hoy vigentes, pues el artículo 136 de la Constitución establece que “ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención”, y de hecho varios expertos señalan que el TC ya quedó excluido del proceso constituyente (ver artículo).

En cambio, quienes sí podrán tener un rol en el proceso será un comité de ministros de la Corte Suprema. Sin embargo, la iniciativa de Vallejo y compañía propone que la Corte Suprema tampoco pueda ser un órgano revisor ante eventuales reclamaciones del contenido constitucional (aunque la norma vigente prohíbe que vean cuestiones de contenido, sino que sólo procedimentales). Para esto, proponen crear un Comité de Reclamación cuya composición y procedimiento sería determinado en el reglamento creado por la Convención. 

Régimen de transición 

Que la eventual nueva Constitución entre en vigencia en un régimen presidencialista, con parlamento bicameral, supone, según los diputados firmantes, “una contradicción al valor normativo del trabajo de la Convención, un riesgo que lacera el derecho a la autodeterminación y podría lesionar, en el corto y mediano plazo,el resultado del mandato a los convencionales”.

Para que aquello no ocurra, buscan establecer un “Régimen de transición”, con disposiciones especiales transitorias con atribución de restringir las facultades de los órganos ejecutivos y legislativos antiguos en materia de proyectos de reforma constitucional. 

Estas normas regirían hasta que se elijan las nuevas autoridades determinadas por el texto constitucional.

Derecho a la participación y la transparencia 

La Convención deberá garantizar la participación ciudadana en el proceso de debate constitucional, procurando sistematizar, evaluar, ordenar y administrar la vinculación de la Convención y los convencionales con las personas, y en particular, con organizaciones de la sociedad civil pudiendo incluso organizarse en terreno.

La solicitud apunta a los actores sociales, municipales, gobiernos regionales e incluso la Presidencia, incitando a realizar programas constituyentes que reúnan a la ciudadanía y sus propuestas e intereses para la nueva Carta Magna. 

Por otro lado, los convencionales tendrían la obligación de rendir cuenta administrativa y pública de su gestión de forma periódica, además de establecer criterios de causal de cesación del cargo en caso de cometer faltas éticas graves. 

Asimismo, deben incorporar normas que permitan el acceso público a la información, declaración de intereses y patrimonio, y regular reuniones a través de la Ley de Lobby.

Chilenos en el extranjero

Como una forma de aportar como “una visión país” y enriquecer el debate, la iniciativa sugiere elegir a un ciudadano y una ciudadana chilena, residente en el extranjero. Ellos serían electos por todos quienes tengan derecho a sufragio fuera del país, que conformarían un sólo distrito. 

¿En qué radica aquella importancia? Que si bien viven fuera de Chile, de todas formas están habilitados para -dice la moción- “opinar sobre el Ministerio Público, el derecho a la educación, el modelo de desarrollo, etc. Y podría ser un aporte toda vez que, al residir en otros países, están familiarizados con otros modos, culturas y abordajes”. 

El caso de un plebiscito de salida donde gane el Rechazo

Con la justificación de que el pasado 25 de octubre la ciudadanía chilena aprobó la redacción de una nueva Constitución, en caso que se rechace el texto propuesto, la Convención debería “proseguir con su tarea y retomar la redacción de una nueva Constitución”.

“La interpretación correcta de un resultado adverso en el plebiscito regulado en el artículo 142 no es que el pueblo quiera volver a la Constitución de 1980, sino que no comparte la propuesta que fue puesta en votación en ese plebiscito. Cualquier otra interpretación dista de una lectura lógica y racional de lo que es sometido a votación y, repetimos, desconoce el mandato de crear una nueva Constitución votada con una amplia mayoría el 25 de octubre”, señala el proyecto. 

Por esto, propone que la Convención vuelva a la discusión, prorrogando su funcionamiento por seis meses más, a los que puede sumar otros seis meses. 

Revisa el proyecto completo a continuación:



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