TPP-11: El proyecto con urgencia presidencial que piden volver a congelar hasta votar una nueva Constitución

Valentina Matus
12 Ene 2021

Tras más de un año de paralización en el Senado, el gobierno puso discusión inmediata a la votación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, lo que causó un amplio rechazo desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque creen que, tras la resolución de redactar una nueva Constitución, debe ser el órgano constituyente electo el que ponga las nuevas reglas del juego y luego determinar si efectivamente debe firmarse el acuerdo, dado que de hacerlo antes del funcionamiento de la Convención, al ser un tratado internacional, deberá respetarse de forma íntegra. La mesa del Senado desestimó que se discuta el proyecto en la brevedad e hizo un llamado a la Presidencia a aclarar las dudas sobre la iniciativa.

19 de noviembre de 2019. Ese fue el día en que la Comisión de Constitución del Senado dio cuenta de su informe respecto a un tratado internacional que durante todos los años que duró su negociación levantó polémica y rechazo en distintos sectores, primero por el secretismo que envolvió al proceso y, luego, por sus alcances: el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico de Chile con Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Quizás ese nombre no le sea familiar, pero sí sus siglas: TPP-11

También fue ese martes el último día que hubo conversación alguna sobre el proyecto en el Senado. Desde entonces, había quedado ahí, paralizado hasta que el jueves pasado, tras casi 14 meses de silencio, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera le puso discusión inmediata al proyecto, lo que significaba que la Cámara Alta debía discutirlo y despacharlo en un plazo máximo de seis días desde la fecha de urgencia. 

Este tratado de libre comercio es considerado el más grande en la historia del país y uno de los mayores del mundo, juntando a más de 500 millones de habitantes entre sus 11 países miembros, cuya característica común es que todos tienen salida al océano Pacífico -en un principio también involucraba a Estados Unidos, pero una de las primeras medidas de Donald Trump al asumir en la Casa Blanca fue estarse de las tratativas-. ¿En qué consiste? Aunque es bastante más complejo que eso, en un resumen muy simple, rebajar y/o eliminar los aranceles al comercio entre aquellos países.

Sin embargo, la presentación de la urgencia por parte del Ejecutivo no fue bien recibida por quienes se oponen a que Chile se haga parte del tratado, señalando que, tras la aprobación de la redacción de una nueva Constitución, la discusión sobre si debe o no firmarse debiera darse después de que se haya votado en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar un nuevo pacto social.





Como se diseñó el proceso constituyente, el trabajo de la Convención Constitucional tiene sólo unas pocas limitantes sobre qué no puede cambiar en su propuesta de Carta Magna: debe respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por el país y que se encuentren vigentes.

Es en esa última categoría que entraría el TPP-11 y, en caso de aprobarse ahora, todo lo que allí se establezca no podría ser modificado por la Convención. 

Al parecer, el Senado comparte la misma opinión de quienes no están a favor de discutir ahora, en la previa a un proceso constituyente, la resolución del tratado: a pesar de la urgencia del gobierno, la mesa decidió no poner en tabla el proyecto. Ante la falta de claridad de cómo afectaría el acuerdo al país, el vicepresidente de la Cámara Alta, el senador Rabindranath Quinteros (PS), señaló que notificarán “al gobierno que no pondremos en discusión el proyecto hasta que clarifique todas las dudas que hay respecto a la iniciativa”.

¿Boicot al proceso constituyente?

“El hecho de que estemos en pleno proceso constituyente, es otra jugada del gobierno en términos de profundizar el modelo neoliberal, de buscar condicionar el mantenimiento de este modelo. Según mi opinión, este tratado es una camisa de fuerza y eso genera una tensión, un conflicto”, dijo en entrevista con Radio Universidad de Chile el senador Juan Ignacio Latorre (RD), un histórico opositor a la aprobación dell acuerdo.  

¿Cuál es la piedra de tope? Que, según indican sus detractores, al firmar el acuerdo habrían diferentes decisiones constitucionales que no se podrán tomar, ya que quedarían limitadas por el tratado. 

“El problema es que, si se ratifica el TPP-11, entonces no se van a poder realizar cambios de una manera expedita. Las AFP son empresas que tienen como dueños a multinacionales; compañías de seguros y las isapres, lo mismo. En ese contexto, cambiar ese negocio puede, en la práctica, afectar a estas empresas y ellos van a poder eventualmente exigir que la Convención Constitucional no haga esos cambios”, ejemplifica en un video que difundió en Twitter el abogado Mauricio Daza.


“Este no es el minuto para discutir ese acuerdo internacional, menos cuando vamos a revisar al menos cuáles son las normativas generales que vamos a adoptar como país en el alero de la nueva Constitución”, argumentó la senadora y precandidata presidencial, Ximena Rincón (DC), quien señaló que si bien no será tarea de la Convención aprobar o rechazar tratados, sí podría establecer nuevas reglas que afecten la institucionalidad. 


Pero, más allá de lo que pueda definir la Convención Constitucional, ¿por qué hay entidades que buscan el rechazo del acuerdo? Las organizaciones y personas naturales que están en contra del TPP-11 señalan que podría dar más garantías a empresas extranjeras, se deberá consultar los proyectos y legislación nacional con entes internacionales para que se adecuen a la firma del tratado, se restringen derechos laborales e incluso se podrían considerar reformas sociales como expropiatorias, entre otros. 

No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores Económicas buscan desmentirlo. 

El contenido del tratado 

Siete países ya han ratificado el acuerdo que contempla extensos capítulos sobre comercio de bienes (acceso a mercado y agricultura), reglas y procedimientos relativos al origen; textiles; administración aduanera y facilitación de comercio; defensa comercial; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; inversiones; comercio transfronterizo de servicios; servicios financieros; entrada temporal de personas de negocios; telecomunicaciones; comercio electrónico; contratación pública; competencia; empresas del Estado y monopolios designados; propiedad intelectual; asuntos laborales; medioambiente; cooperación; competitividad; desarrollo; pymes; coherencia regulatoria; transparencia y anticorrupción; administración y disposiciones institucionales; y solución de diferencias. 

Si bien desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales se han enfocado en indicar lo que el acuerdo no compromete, sí señalan que el TPP-11 abrirá más de 3.000 oportunidades a productos chilenos en sectores agrícola, forestal, pesquero, lácteos y carnes, que ingresarán con arancel cero a mercados tan importantes como Japón, Vietnam o Canadá, beneficiando, especialmente, a las regiones agrícolas, pesqueras y forestales de nuestro país.

Asimismo, aclaran que el acuerdo no restringe la soberanía del país, que no aumentará el precio de los medicamentos, que no afectará la soberanía de las semillas, que no amenaza los derechos humanos y que no limita el acceso a internet, entre muchas otros argumentos que se han presentado en contra. 

“El TPP-11, bajo ninguna circunstancia, obliga a ninguna modificación legal en Chile. Y desde el punto de vista constitucional, lo que se ha levantado es verdaderamente una cortina de humo. Lo que dice el artículo 135 actual de la Constitución, no es sino la reafirmación de un principio de la política exterior chilena que es precisamente el cumplimiento de los tratados válidamente suscritos. Chile, cada vez que suscribe un tratado, se obliga a su cumplimiento y de conformidad con las normas del derecho internacional. Los países no pueden eximirse de ese cumplimiento en virtud de su legislación interna. Tampoco incide en el proceso constitucional”, argumentó el canciller Andrés Allamand en el punto de prensa en que hizo un llamado a aprobar el acuerdo. 

Y si bien se aprobó el tratado con 77 votos en la Cámara de Diputados, recibió 68 negativas y dos abstenciones, y su aprobación en el Senado no es segura, sobre todo ahora que la mesa rechazara poner el proyecto en tabla, por lo que su futuro se mantiene en duda.







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