Exagerado

Alcalde de Recoleta asegura que eliminar el Senado le significaría al Estado un ahorro anual de $18.950 millones

Rocío Repetto Sanhueza
21 Ago 2020

Si sólo tienes 5 minutos, lee estas claves:

– En medio de las discusiones sobre reducir la dieta parlamentaria y limitar la reelección de las autoridades, y frente al rechazo del Senado a que esta última sea una medida retroactiva -algo que la Cámara de Diputados luego subsanó al aplicar el principio de “in actum” que los mismos senadores dejaron por error en el proyecto-, resurgió el debate respecto a las implicancias y costos de tener en Chile un Congreso compuesto por dos cámaras legislativas.

– El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), publicó el 12 de mayo en su cuenta de Twitter: “Proponemos eliminar el Senado completo y avanzar hacia un Parlamento unicameral. Esto significaría un ahorro de $18.950.000.000, acortar los tiempos legislativos significativamente y mantener representatividad!”, acompañado de una columna de opinión que el edil había publicado en mayo de 2018 en Cooperativa.cl.

–Respecto al supuesto ahorro, los datos disponibles en el sitio de Transparencia del Senado, en la Biblioteca del Congreso Nacional y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, dan cuenta de que entre dietas, asignaciones parlamentarias y fondos asignados para los comités, la suma da poco más de $16.207 millones, un 14% menos que lo señalado por Jadue.


“Eliminar el Senado completo y avanzar hacia un Parlamento unicameral”. Esa es la propuesta que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), publicó el pasado 12 de mayo en su cuenta de Twitter

No era la primera vez que lo planteaba. Ya en mayo de 2018 desarrolló esa idea a través de una columna de opinión que publicó en Cooperativa.cl, donde afirmaba que suprimir la Cámara Alta implicaría un ahorro al fisco de "$379 millones anuales por cada senador, es decir, $18.950.000.000". También señalaba que "los tiempos legislativos se acortarían significativamente y la representatividad del parlamento sería mucho mayor y más pareja".

Esos mismos datos son los que expuso en su mensaje en redes sociales dos años después, sin especificar el tiempo transcurrido. Sobre la prolongación de los tiempos legislativos y la representatividad  del Congreso, hay distintos factores en juego que hacen muy difícil poder verificar su veracidad, sin embargo, en cuanto al eventual ahorro, hay datos suficientes para corroborar lo señalado por el alcalde. Y en ese sentido, si se calcula el costo económico de la labor legislativa de los 43 senadores en ejercicio y los 12 comités parlamentarios, lo cierto es que la cifra es 14% menos de lo indicado por Jadue. Es por eso que Contexto Factual califica su afirmación como EXAGERADO

Consultado para este artículo, Jadue señaló que la información fue extraída "de lo que está publicado en el Congreso, directo desde la Cámara. Por lo tanto, es probable que hayan tratado de reducir los gastos en el tiempo. Mi columna es de 2018, y por ahí, puede que haya un ajuste a la baja".

¿Qué dicen los datos?

El Informe de Transparencia del Senado para el año 2019 indica que los senadores percibían una dieta mensual equivalente al sueldo de un ministro de Estado. El monto no ha variado desde diciembre de 2017, y a la fecha corresponde a una remuneración bruta mensual de $ 9.349.851. Eso es lo que reciben como remuneración personal, es decir, su sueldo más impuestos y prestaciones de seguridad social (salud y previsión). A eso se suma cada mes un monto bajo el ítem de “asignaciones parlamentarias”, que se compone con los recursos destinados para financiar su labor legislativa, como por ejemplo contratar personal de apoyo y asesores, alquilar oficinas, pagar cuentas de servicios básicos y el contrato de asesorías externas. Y están también los fondos destinados para los comités parlamentarios. 

Según la información disponible en el Senado y aquella entregada por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el conjunto de las asignaciones que recibe un senador en promedio es de $21.239.607 mensuales. Por lo tanto, la suma de dieta más asignaciones para un senador por mes es $30.589.458 

A partir de estos datos, sumando dietas y asignaciones, se puede calcular que cada senador cuesta en promedio unos $367 millones al año. A eso se deben añadir los $35,2 millones que se asigna a cada comité. Es decir, para financiar la labor legislativa de los 43 senadores que conforman el hemiciclo y los 12 comités parlamentarios, se requieren poco más de $16.207 millones anuales. La cifra es $2.743 millones menos que aquella señalada por el alcalde Jadue, es decir, hay una diferencia de un 14%.

Tabla de montos

En todo caso, y en rigor, el funcionamiento del Senado involucra muchos más recursos que aquellos destinados exclusivamente al trabajo legislativo. Existen gastos en personal, prestaciones de seguridad social, mobiliario, equipos informáticos y más. En la Ley de Presupuestos 2020, el monto total asignado para cubrir toda la operatividad de la Cámara Alta bordea los $43.044 millones. Si bien esos costos no estarían contemplados en el cálculo de Jadue, el presupuesto total del Senado como institución es más del doble que la cifra señalada por el alcalde. 

El debate de fondo: una o dos cámaras para el Congreso

La posibilidad de modificar el Congreso y convertirlo en una instancia unicameral ha estado permanentemente en el debate constitucional chileno. El sistema bicameral está establecido en el capítulo V, artículo 46, de la Constitución Política vigente, donde se establece que el Congreso Nacional está compuesto por dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado, siendo ambos cuerpos los que asisten a la creación de leyes. En un eventual proceso constituyente, estará abierta la posibilidad de examinar qué tipo de parlamento será el más apto para Chile. Contexto Factual conversó con distintos expertos para analizar los argumentos de ahorro de tiempo y de recursos económicos y el peso que tendrán a la hora de tomar una decisión.

Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), explica que el debate no debiese tomar en cuenta consideraciones económicas o de rapidez. "La ley debe ser urgente, por supuesto, en algunos casos hay unos remedios que se pueden aplicar. Sin embargo, con una lógica de este tipo uno, podría preguntarse por qué existe el Instituto de Derechos Humanos. Si uno cree que lo mejor para el funcionamiento de la democracia es que haya dos Cámaras, el argumento económico no es suficiente", dice.

Couso estima que las dilaciones en las leyes tienen más bien relación con el sistema presidencial chileno. "Esto es una distorsión en relación con países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde el legislador es el Congreso. No existen leyes de iniciativa exclusiva del presidente en este país. El que lleva la agenda del Congreso es el Congreso. En Chile el que lleva la agenda del Congreso es el Presidente".

En esta misma línea, el cientista político y académico de la Universidad Central, Nicolás Freire, estima que el alcalde comete un error al esgrimir argumentos de índole económicos pues "las razones de costo de la política o las razones de tiempo de legislatura son las últimas razones que uno tomaría en consideración para analizarlo. ¿Por qué? Porque el costo es marginal y no sustenta el hecho que se quiera eliminar, y además es un discurso populista, pues la política evidentemente tiene gastos".

Contrario a sus colegas, Esteban Valenzuela, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), considera que el argumento del ahorro fiscal es de total relevancia, ya que "Chile es un país sobre institucionalizado en algunas áreas y falta Estado en otras. En Chile fuimos separando todo, había ministerios que diseñaban políticas, las ejecutaban y las supervisaban internamente. Por eso los sistema federales obligan a la moderación de los estados y las distintas instituciones nacionales. Tiene que haber gobernanza, autorregulación y distintos niveles de control del gasto".

Asimismo, Valenzuela insiste en un dato no menor respecto del parlamento chileno: "Es el segundo más caro de la OCDE, y eso se puede simplificar, incluso, para una política más transparente".

Una mirada más institucional es la que propone Arturo Fermandois, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Católica, quien hace hincapié en la diferenciación de ambas cámaras y en el derecho constitucional comparado que mostraría que la gran mayoría de países en el mundo cuentan con dos cámaras legislativas. "La Cámara de Diputados, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, la Asamblea Nacional en Francia, todos nombres para la Cámara Baja, tienen por definición un rol de fiscalización política del gobierno. Ese es su rol esencial y, por lo tanto, y así lo quiere la democracia y el Estado de Derecho, se transforman en cámaras donde se concentra el debate político, la fiscalización política y la interacción política con toda su intensidad".

Para Fermandois, por el contrario, la Cámara Alta sería una instancia de apaciguamiento y de acuerdos. "El Senado en Chile se concibe, en primer lugar, como una cámara con menor número de integrantes que la Cámara de Diputados, mayor duración del periodo, mayor edad como requisito, integración por parcialidades. En cambio, la Cámara Baja cambia completamente cada cuatro años. Entonces, todos esos elementos se buscaron para hacer del Senado una cámara más estable, más serena y que permita un enfriamiento político del producto legislativo".

Valenzuela, no obstante, insiste en que la gran mayoría de los senados en el mundo tienen funciones más bien formales. "Recordemos que el Bundesrat, que es el Senado alemán, sólo se juntan en determinadas ocasiones, cuando hay leyes que afectan directamente intereses muy relevantes de los länders; se reúnen ex professo. La Cámara de Los Lores (Reino Unido) y otros senados son bastantes formales".

En Chile, la gran diferencia entre ambas cámaras recae, según el académico de la UAH, en la posibilidad de la acusación constitucional, que es una atribución exclusiva de los diputados. "En el caso norteamericano, el impeachment va por ambas cámaras. En el caso chileno quedó solo en la Cámara de Diputados, de la cámara fiscalizadora, pero eso es lo único distinto relevante. Lo otro es que el Senado co-participa en una serie de nombramientos: fiscal nacional, las ternas, los consejos nacionales de televisión, todo lo que tiene que ver con cargos públicos. Sin embargo, esto ha sido súper criticado”.


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