Los pilares de las distintas propuestas constitucionales que se preparan por si gana el Apruebo

Rocío Repetto Sanhueza
28 Ago 2020

Constitución de derechos o liberal, cambios al presidencialismo, equilibrio entre el poder Ejecutivo y Legislativo, consagración de la dignidad humana y la descentralización del país. Todas son parte clave de las definiciones constitucionales que vienen delineando desde hace un tiempo diferentes partidos políticos. Un sector viene generando contenido desde que se inició el proceso constituyente con la ex Presidenta Michelle Bachelet, otros se han sumado a la carrera constitucional a partir del movimiento social que se inició en octubre. Aunque todo está en proceso de formación, quedan apenas dos meses para el plebiscito, y en un eventual triunfo del Apruebo, estas son las estrategias constitucionales y las cartas que los partidos proponen poner sobre la mesa.

No ha dicho si va por el Apruebo o el Rechazo, pero el Presidente Sebastián Piñera pareciera tener claro qué le gustaría que incluyera una nueva Constitución. Lo señaló en la última entrevista que dio a La Tercera. Mencionó el resguardo de derechos fundamentales como la familia, la libertad, la igualdad de oportunidades, el emprendimiento, la propiedad y el rol preferente de los padres en la educación de sus hijos, “y que reconozca desde el primer minuto que el Estado está al servicio del bien común y de las personas, y no al revés”. Que sea clara en cuanto a la separación y autonomía de los poderes y otros organismos del Estado, que se comprometa con la descentralización del país, la protección del medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios, “y con una responsabilidad fiscal y macroeconómica para enfrentar estas olas de demagogia y populismo que están asolando al mundo entero”.

Para él, independiente de la vía que se elija en el plebiscito del 25 de octubre -cambiar o no completamente la Carta Fundamental-, ese debiera ser “el puerto de destino”.

“Me parece sorprendente que, estando en pleno proceso, después de llevar más de 10 años discutiendo la Constitución, toda la atención se concentre en el camino y que haya poca discusión en el puerto de destino, la Constitución que queremos. Me gustaría que, igual como yo soy explícito al decir qué me gustaría que estuviera en la Constitución, ojalá otros sectores hagan lo mismo. En esa materia se ha escuchado muy poco”, aseguró.

Quizás sí, se ha escuchado poco, pero hay mucho que contar. Durante los últimos meses, diversos grupos de expertos y expertas se han agrupado para dar forma a las distintas propuestas que, en caso de ganar el Apruebo, podrían modelar un nuevo texto constitucional. Sin mucha publicidad, los partidos políticos comenzaron ese trabajo programático hace ya algún tiempo, algunos incluso antes de que el “estallido social” acelerara la discusión. Otros, se vienen recién sumando al debate y se encuentran estudiando el contenido que saldrán a defender si la ciudadanía elige dar curso al proceso constituyente. 
   
Según la definición de la Guía de Formación Cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional, la Constitución determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos. También los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, además de los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma parcial o total de la Constitución. En definitiva, las reglas del juego, y son esas reglas las que se están empezando a delinear.

Contexto Factual conversó con diferentes expertas y expertos de distintos partidos que conforman los grandes comandos que ya están en campaña, para saber cuáles son los principales lineamientos que desean ver reflejados en una eventual nueva Carta Fundamental y conocer cómo avanza su trabajo programático. 

Del comando “Convergencia Progresista”, está el PPD; del conglomerado “Que Chile decida” -que agrupa los partidos del Frente Amplio- conversamos con Convergencia Social; de “Apruebo Chile Digno” hablamos con el Partido Comunista; y con partidos individuales, obtuvimos respuesta de la Democracia Cristiana (DC), Evópoli y la facción por el Rechazo de Renovación Nacional (RN). A pesar de los intentos, entre los partidos consultados, sólo la UDI y el sector de RN que va por el Apruebo no dieron respuesta a nuestras preguntas. 

Lo que sigue son algunas de las reflexiones, ideas y definiciones constituyentes que cada sector defenderá en sus campañas y en una posible convención que redacte una nueva Constitución. 

Estado social democrático y de derecho: las  ideas centrales del PPD 

El exdiputado y exministro de la Segpres, Jorge Insunza, asumió tiempo atrás un cargo clave para los intereses constitucionales del Partido por la Democracia (PPD): hoy es su coordinador para el proceso constituyente. Pero no está solo. Junto a la académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, se han encargado de reunir a un grupo de expertos con el objetivo de dotar de contenido a la manera con la que el PPD entendería una nueva Constitución. El partido se encuentra en proceso de discusión y, si bien no existen definiciones ya tomadas, hay un diálogo interno activo sobre el escenario constituyente. 

El colectivo ya cuenta con un equipo dedicado al aspecto electoral del proceso, que analiza quiénes podrían ser sus candidatos y candidatas para una eventual convención. Este proceso surge a raíz de la iniciativa constitucional de la ex Presidenta Michelle Bachelet -quien a finales de su segundo mandato dejó ingresado un proyecto para una nueva Carta Magna en el Congreso-. Tanto el secretario general del partido, Sebastián Vergara, como Insunza, coinciden en la transversalidad disciplinaria del grupo, donde Figueroa, cientista política de profesión -quien además fue la representante en la Mesa Técnica del 15 de noviembre pasado-, tendría un rol clave. 

En cuanto al aspecto programático, el coordinador señala que existe un consenso medular para el partido: “Recoger las mejores tradiciones constitucionales del país y del mundo”. Para el abogado, la Constitución debiese poder condensar las visiones más clásicas del constitucionalismo democrático progresista. En otras palabras, “el resguardo de un Estado de derecho, de un imperio de la ley y de la justicia, pero también de los derechos sociales como un pilar fundamental para la gobernabilidad,  la estabilidad y la equidad”, dice. 

Otros aspectos relevantes que pretenden promover son la reducción del presidencialismo como sistema de gobierno, el equilibrio de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la incorporación de la ciudadanía con más incidencia y mecanismos de democracia directa. 

En términos de régimen político, el partido aspira a un equilibrio democrático de poderes, lo que podría verse reflejado en alguna variante del sistema semipresidencial: un jefe de Estado y un gobierno que tenga una base mayoritaria en el parlamento, aclara Insunza. La idea, a juicio del encargado, es que los gobiernos busquen una mayoría y se proyecten en coaliciones amplias, y que puedan realizar sus programas, evitando el bloqueo mutuo que se produce entre el Ejecutivo y el Congreso cuando se trata de reformas, especialmente aquellas de índole estructural. 

“Esto puede adquirir las características de un régimen semipresidencial, que también tiene su propio hogar interno: hay algunos que tienen un presidente más fuerte y otros con un parlamento más fuerte”, explica Insunza. A su vez, menciona que el partido está inclinado por un Poder Legislativo unicameral, pues “eso rompe con la noción más aristocrática y, finalmente, oligárquica que tiene el Senado”. Sin embargo, sobre este tema aún habría opiniones divergentes. 

En cuanto al sistema de partidos, no existiría nada resuelto por el momento. Pese a esto, el experto adelanta que lo ideal sería “un cierto mínimo para la existencia de éstos” con el propósito de evitar la dispersión, ya que en su opinión, esto sería una invitación a la división y a la atomización en el sistema, haciendo difícil la gobernabilidad. 

En materia de derechos a consagrar, Figueroa señala que es fundamental que estos “tengan una garantía con una regla fiscal que permita la sustentabilidad económica y un cambio al régimen político que profundice la democracia”.


Las tres D de la Democracia Cristiana

“Si tuviéramos que resumir en una frase la esencia de nuestra propuesta constitucional, diríamos que ella busca que el Pueblo chileno se dote de un sistema institucional eficaz que, respecto de todas y todos los habitantes de nuestra Tierra, garantice y promueva de mejor manera las siguientes tres dimensiones: Dignidad, Democracia y Derecho”.

El párrafo anterior aparece en un documento titulado “Lo que nos une”, donde el Partido Demócrata Cristiano (DC) explica en 29 páginas cuáles debieran ser los principales aspectos a considerar, según su ideario, en un nuevo texto constitucional. Y ahí, la primera de las tres D, la dignidad, será un eje central. 

Patricio Zapata, abogado constitucionalista DC, insiste en esto último: “Vamos por una Constitución que ponga en un primerísimo lugar la idea de dignidad de la persona y sus derechos, un compromiso muy fuerte del Estado chileno con la dignidad de todos los grupos, con los derechos fundamentales y con la profundización de la democracia”. 

En el documento se lee que “el reconocimiento que el ser humano tiene, siempre y en todo contexto, el derecho inviolable a ser tratado con respeto, como un fin y no como un medio, debe ocupar un lugar muy central en la Nueva Constitución”. 

También proponen como punto central la necesidad de corregir el hiperpresidencialismo actual, al igual que otros partidos de la ex Nueva Mayoría. Pero no hay consenso aún en el cómo. 

En la interna DC hay dos posturas referentes a lo anterior: por un lado, quienes optan por un sistema presidencial, instaurando el rol de jefe de Estado y el de jefe de gobierno (un primer ministro que ejerza las funciones gubernativas mientras tiene la confianza del Parlamento); por otro, un presidencialismo más equilibrado donde el Congreso esté fortalecido en capacidades. 
“Cuando uno llega al detalle, podría decir que son cuestiones de matiz. Yo creo que es más que eso, pero todos coinciden en darle más atribuciones al Parlamento y suavizar el poder presidencial. Algunos lo llevan hasta el punto del semipresidencialismo y otros no”, agrega Zapata.


El Rechazo de RN 

Estado solidario, unitario, descentralizado y régimen semipresidencial. Son las principales ideas que lanza el diputado Diego Schalper, uno de los encargados del trabajo constitucional de la facción de Renovación Nacional (RN) que promueve el Rechazo como opción para el plebiscito del 25 de octubre. 

No son ideas de último momento. Las propuestas fueron plasmadas en un documento de reforma constitucional que el sector lanzó el 31 de enero, cuando se presentó el comando #RechazarparaReformar. En el escrito, hay 17 puntos y tres grandes áreas: derechos y deberes del Estado, democracia e inclusión. 

Lo más importante para este sector es que no se realicen cambios de carácter refundacional, tal como quedó manifiesto en un proyecto de reforma constitucional que el mismo Schalper ingresó junto a otros diputados oficialistas en enero a tramitación en la Cámara. Lo suyo va en contra de la “hoja en blanco” como punto de partida. “Creo que los países avanzan por la vía de las reformas progresivas y no por las reformas ex novo”, dice el parlamentario. 

Un Estado solidario que se despliegue a través de las políticas públicas. Este es uno de los primeros puntos que menciona el parlamentario: “Avanzar hacia un estado solidario que, en definitiva, tenga articulación entre el principio de solidaridad y subsidiariedad como parte integral de su trabajo”. A este último aspecto, se le sumaría la propuesta de un Estado unitario descentralizado, sin embargo, a juicio del diputado, éste debiese extenderse a “planes y presupuestos de desarrollo, porque la elección de las autoridades no garantiza nada si no generamos una reflexión más profunda”.

Un aspecto en el que habría un acuerdo casi transversal en los diversos sectores políticos, sería en la necesidad de modificar el sistema de gobierno chileno actual por un régimen semipresidencial, algo que ya otros representantes del partido han intentado promover, entre ellos, el senador Francisco Chahuán. “Nos damos cuenta que un sistema presidencial y un Parlamento disperso es algo que no dialoga”, aclara el diputado. 

El documento propone, además, algunas modificaciones al Tribunal Constitucional. Específicamente plantean cambiar el actual sistema de nombramiento, utilizando el que existe hoy para la Corte Suprema -que también ha sido cuestionado-. También plantean incorporar la posibilidad de acusación constitucional para el Fiscal Nacional, tal como propuso en diciembre de 2019 un grupo de senadores UDI, al ingresar a trámite un proyecto de reforma constitucional con el mismo objetivo. 

En materia de garantías constitucionales, e inspirados en constituciones extranjeras, el grupo por el Rechazo de RN propone incorporar el derecho a participar en un desarrollo sustentable, al orden público y la seguridad personal, y a la protección frente al narcotráfico. Sin embargo, el diputado comenta que, tomando en cuenta los últimos casos relacionados a las libertades condicionales, “nos parece que podría ser interesante incorporar como uno de los deberes del Estado, generar un mecanismo de persecución penal que haga seguimiento a las penas alternativas”. 



La Constitución actual, una camisa de fuerza para el PC

Carlos Arrué, abogado coordinador de la bancada de diputados del Partido Comunista (PC), es enfático en señalar que lo que se busca próximamente es que la eventual nueva Constitución sea producto de la deliberación democrática, ya que, a su juicio, es imposible subsanar el problema de legitimidad de origen que supone el texto actual (ver reportaje Cuánto queda de la “Constitución de Pinochet). 

“Es una Constitución absolutamente adscrita al modelo neoliberal donde se consagra el principio del Estado subsidiario, y con eso, en definitiva, se convierte desde una Carta Magna de derechos en una camisa de fuerza de carácter programática que expone y se hace cargo de un problema de desarrollo neoliberal”, dice Arrué. 

El PC concibe un Estado social democrático de derecho, lo que en opinión del abogado, tiene relación con el reconocimiento de una democracia representativa y multipartidista, donde el Estado debiera jugar un rol significativo y “no sólo subsidiario”. Respecto a esto, el experto cita la importancia que se le da al derecho de propiedad en la actual Constitución, “que es por lejos el derecho más importante”. 

A diferencia de la gran mayoría de los partidos que van por el Apruebo, el PC estima que dada la naturaleza de la cultura política chilena, el sistema más ideal para el país sería el presidencial. “Pero lo que no puede ser es hiperpresidencial”, puntualiza Arrué.

El abogado comunista lo grafica señalando cómo desde hace un tiempo ha tomado vuelo el problema de la iniciativa exclusiva del Presidente en ciertos temas, como una de las facultades que le son otorgadas constitucionalmente. “Por ejemplo, la posibilidad de presentar proyectos de ley desde la ciudadanía debiese ser considerada en las próximas discusiones y en el nuevo texto”, dice. 

Otro tópico relevante para el partido y que, a juicio de Arrué, debe estar garantizado, es la descentralización. Dice que los gobiernos regionales y municipales deben ser gobiernos y no simples administraciones. Para ello, señala, es necesario aumentar las atribuciones y que parte de los tributos puedan ser retenidos en las regiones, permitiendo el desarrollo de proyectos locales. 

Evópoli y el minimalismo constitucional

En enero de 2020, Evópoli daba su apoyo a la opción Apruebo. En su sitio web aún es posible encontrar el mensaje “Aprobemos este 26 de abril una Constitución de Tod@s, una casa de tod@s”. Hoy, tras seis meses de pandemia, algunos cambios de gabinete y a dos meses del plebiscito, su postura no es tan clara como se veía entonces. 

Varios de sus integrantes han ido paulatinamente girando hacia el Rechazo. A mediados de agosto, el partido celebró sus comicios internos, donde se impuso la lista encabezada por el diputado Andrés Molina, quien en distintas instancias ha defendido esta opción. Aunque la discusión respecto a qué opción apoyarían durante la campaña marcó las elecciones de su directiva, la definición quedó pendiente, a la espera de que la nueva mesa cite a un consejo general que tome la decisión final. 

A pesar de la indefinición actual, lo cierto es que Evópoli viene trabajando desde hace un par de años sobre la temática constitucional con el centro de estudios Horizontal, institución que además sería el principal proveedor de insumos programáticos para el partido. En la web, es posible encontrar elementos que datan de 2014, y ya entonces aparecía uno de los mensajes más fuertes por los que aboga el partido: una constitución mínima. 

Para Evópoli, el texto fundamental debiese presentar exclusivamente “consensos procedimentales y sustantivos mínimos”, limitándose a fijar las reglas, derechos y libertades básicas, según decía su expresidente, Hernán Larraín Matte, en una columna publicada en El Mostrador en 2014. 

Desde esa época que Horizontal viene trabajando en el tema y ha organizado una serie de charlas sobre tópicos como justicia, igualdad y Constitución, fieles a su postura liberal. Desde el estallido social, en su canal de YouTube se puede ver una serie de reflexiones sobre el proceso constituyente y el tipo de Carta Magna a la que aspiran, poniendo especial atención en la idea planteada por Hernán Larraín Matte de una constitución mínima o, más sencillamente, conocida como “liberal”.

También es posible escuchar en esos conversatorios a Sergio Verdugo; abogado y profesor de derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), y a José Francisco García; profesor de derecho de la Universidad Católica, quienes explican, entre otros temas, en qué consiste la llamada “Constitución Mínima” y cuáles son y no son los debates que debiese zanjar un texto refundacional. 

Según expuso Vergudo en una charla titulada “Una nueva Constitución”, la Carta Magna “no debe zanjar las controversias sociales, sino que entregárselas a la discusión política”, y limitarse a “tener sólo las reglas básicas del juego, estableciéndose los principales derechos sociales y económicos, y las principales instituciones de nuestra democracia. Lo demás es escribir fragmentos que causan mucho daño”. 

Lo anterior, a juicio del experto, evitaría plasmar una inclinación ideológica en particular en el texto, dejando espacio para que los gobiernos puedan llevar a cabo sus programas. En este aspecto, Evópoli se diferenciaría de otros partidos que tienen una mirada más maximalista de la Constitución.

Por su parte, José Francisco García, en la charla ¿Qué es una constitución liberal?, y en la misma línea que Verdugo, insiste en el aspecto escueto que debiese tener la Constitución, ya que frente a una sociedad con distintas posiciones políticas e intelectuales, sería un error tratar de resolver los temas en donde ésta se divide. En su defecto, y basándose en las ideas de la politóloga Hanna Lerner, propone una “aproximación modesta y realista frente al pacto social”, evitando la “aplicación irrestricta del principio democrático básico (la regla de mayoría)”

A pesar del trabajo de tantos años, con los últimos meses de pandemia y las reformulaciones de los partidos de derecha frente al plebiscito, nada estaría aún zanjado para esta agrupación liberal. 

Convergencia Social: más participación ciudadana y enfoque de género 

Es uno de los partidos más jóvenes que van por el Apruebo, pero que cuentan con ideas bastante claras sobre una eventual nueva Constitución. Dentro de sus principales directrices se mantiene el programa de campaña de la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez: derecho garantizado a la educación, la salud, a pensiones dignas e, incluso, se estaría analizando la posibilidad de promover una “Constitución feminista”. 

Cuentan con una comisión constitucional que trabaja para presentar al partido la estructura de gobierno y Estado, la cual está conformada por diversos expertos y expertas, como el abogado Jaime Bassa, asesores legislativos, cientistas políticos y economistas. 

Aunque paradójico, en un partido que lleva la palabra convergencia en su nombre, existen divergencias. Por un lado, algunos estarían decantándose por una Constitución más bien escueta y simple donde esté plasmado el aspecto orgánico, tal como lo ha venido señalando el diputado Gabriel Boric; y por otro lado, están quienes prefieren una Constitución de derechos. Respecto a este punto, el integrante de la comisión constitucional del partido, Manuel Yáñez, aclara que si bien existe un debate interno, insiste en que “la disputa no es cuán extensa o no es una Constitución, sino que ésta debe garantizar los acuerdos políticos que permitan una democracia plena y, por otro lado, reconocer y garantizar los derechos que sean necesarios”. 

Sin embargo, una fuente del partido asegura que hay una corriente que se inclina por una Constitución mínima: destinada a las tareas esenciales del Estado, gobierno y la regulación de los tres poderes, dejando de lado derechos que pueden ser regulados posteriormente por ley. 

En lo que sí existe consenso, y haciendo eco a la idea transversal que existe entre los partidos, es en la eliminación del hiperpresidencialismo. Yáñez explica que lo importante es “abrir un paso hacia un parlamentarismo racionalizado o hacia sistemas políticos que dialoguen de mejor manera entre Parlamento y Ejecutivo”. 

En cuanto a la fiscalización, el asesor explica que el partido contempla la inclusión de mecanismos de control y de participación ciudadana, que a su juicio, hoy “estarían reducidas a las solicitudes de acceso a la información pública”. En este sentido, instrumentos como los referéndum revocatorios y el fortalecimiento de instituciones que tienen un rol de supervisión -Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos de la Niñez y Contraloría General de la República, entre otros-, son parte de la proposición constitucional de la comisión del partido. 

Respecto al Poder Legislativo, Convergencia Social va por el fin al sistema bicameral, por dos razones principales: según Yáñez, porque el Senado no cumple con la representación territorial que debiese tener y funciona como un órgano ralentizador del proceso legislativo. El problema, es que en “Chile históricamente ha existido un bicameralismo simétrico, es decir, (el Senado) es un espejo de la Cámara”. 

Yañez menciona como referencia al congreso unicameral peruano, donde “se crean comisiones especiales integradas por los parlamentarios que llevan más de un periodo en ejercicio. Entonces, estas comisiones especiales dentro de la cámara única dan ese factor de revisión y de “sabiduría” o de experiencia al Parlamento”. 

Un aspecto diferenciador, es que el partido de la convergencia contempla la inclusión de las demandas feministas: garantía constitucional de los derechos sexuales y reproductivos, educación pública, gratuita, de calidad y no sexista, derecho a salud y a seguridad social a través “de prestaciones importantes a nivel constitucional”, agrega Yáñez. 

Para el diseño de sus propuestas, la comisión constitucional del partido ha extraído elementos experiencias constituyentes internacionales a través de asambleas constituyentes, como Ecuador, Colombia, Italia y Sudáfrica. Todas ellas tendrían en común ser “constituciones de derechos”.



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