Más allá de los pacientes Covid-19: los otros excluidos del voto

Rocío Repetto Sanhueza
11 Sep 2020

Las últimas semanas han dejado de manifiesto la improvisación de las instituciones y el gobierno en materia electoral. Recién a 50 días del plebiscito, el Servel anunció las directrices para la jornada, pero ninguna medida apuntaba a garantizar el derecho a sufragio de los contagios activos por Covid-19. Ellos no podrán votar. Y no son los únicos: si el plebiscito fuera hoy, cerca de 97.000 personas habilitadas legal y constitucionalmente para participar podrían no hacerlo porque el Estado no ha generado las condiciones para ello. A los pacientes con coronavirus y sus contactos estrechos, se suman personas privadas de libertad, adultos mayores en residencias y otros. Estos son los excluidos del ejercicio democrático.

El cargado calendario electoral que enfrentará prontamente el país abrió un nuevo debate para este inusual escenario de pandemia: cómo asegurar el voto de aquellas personas contagiadas con Covid-19. Distintas propuestas se han presentado desde diversas organizaciones civiles, muchas opiniones se han emitido, pero las vías para asegurar su participación en el plebiscito del 25 de octubre están cerradas. Por el riesgo sanitario que ello implica, no podrán asistir a los locales de votación. 

El 28 de agosto, en una visita a Tarapacá y en medio de una conferencia de prensa -con un solo periodista realizando las preguntas-, el Presidente Sebastián Piñera fue explícito al señalar que, a juicio del gobierno, el derecho a la salud antecede al derecho a sufragar: 

“Aquí tenemos dos valores que se contraponen. Por una parte, la Constitución establece un derecho que es el derecho a votar, pero también el derecho a la salud y, en este caso, esos dos valores entran en confrontación. Por eso, el gobierno ha dicho de que lo primero es la salud y que las medidas sanitarias están para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, evitando que se expongan ellos mismos o que arriesguen la vida o salud de los demás. Desde ese punto, vamos a trabajar y modificar nuestro sistema electoral para que permita que casos como los que estamos enfrentando hoy día, como el Covid, encuentren un camino de participación”. 

Luego agregó algo que resultó ser falso: que a menos de 60 días del plebiscito, tanto el acuerdo de noviembre como la reforma constitucional que dieron forma y curso al proceso constituyente, no permitirían nuevas modificaciones a la Carta Magna durante este período. “Y, por tanto, la intención está, estamos trabajando; yo me reuní con el Servel para explorar este punto”, concluyó.


Desmarcándose de esta línea, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), dijo en Mesa Central que “si hay voluntad, hay tiempo". Pero ese mismo día, en El Mercurio, el consejero del mismo organismo, Andrés Tagle, afirmaba que ”establecer nuevos procedimientos de votación 60 días antes de una elección trae muchas posibilidades de error”

Finalmente, el 31 de agosto, el Servel terminó por descartar definitivamente el voto para las personas contagiadas con Covid-19 y que estén en cuarentena. La puerta que durante meses distintas organizaciones intentaron abrir, se cerraba, y La Moneda anunciaba el envío de un proyecto de ley que, a esta altura, para el plebiscito, ya resulta tardío, aunque podría resolver el tema de cara al resto de las elecciones programadas para 2021. 

Pero no sólo se trata de los contagiados con coronavirus. 

Existen otros sectores que, estando habilitados legal y constitucionalmente a sufragar, no podrán hacerlo. No por la pandemia, sino porque el sistema no los ha considerado para entregarles facilidades que les garanticen el ejercicio de su derecho al voto. 

Cerca de 13 mil personas privadas de libertad que no están acusadas ni condenadas a penas aflictivas y, por ende, no se encuentran inhabilitadas para participar en elecciones. Más de 24 mil adultos mayores que se encuentran en residencias. Otros miles de ciudadanos que por motivos de salud o discapacidad, podrían estar en condiciones de votar, pero que presentan problemas para acudir presencialmente a los locales de votación por sus propios medios. Todos ellos se suman a los más de 15.700 contagios activos de Covid-19 que hay a la fecha y que, además, no están solos en la prohibición de sufragar, pues la restricción se extiende también a su red de contactos estrechos, lo que podría cuadruplicar la cifra. 

¿Cuántos son exactamente? Difícil saberlo. Sobre los contactos estrechos, por ejemplo, el mismo ministro de Salud, Enrique Paris, ha señalado que “a veces ni la misma persona sabe quiénes fueron, por eso mismo la trazabilidad es tan difícil de llevar a cabo". Pero sí hay antecedentes que permiten hacer una aproximación.

¿Cómo se garantiza el derecho a voto a todas las personas que están habilitadas para dicho ejercicio? ¿Se han tomado las medidas necesarias para que puedan ejercer este derecho de manera efectiva?

Contexto Factual trazó a los potenciales afectados que no podrán sufragar para el plebiscito del 25 de octubre y conversó con distintos organismos para ver cómo se trabaja el tema y las gestiones pendientes. Tomando los datos disponibles respecto a los grupos ya mencionados, al día de hoy serían cerca de 97.000 los ciudadanos y ciudadanas que podrían estar excluidos de participar en la elección que varios expertos han identificado como la más importante en la historia del país. 

Encerrados sin condena ni acusación

Según el padrón electoral del Servel, hay 14.796.197 personas habilitadas para sufragar y 250.639 inhabilitadas. Los primeros, en teoría, podrían votar; los segundos no. Y en el sistema penitenciario hay varios miles de uno y otro grupo, y aunque legalmente estén habilitados para acudir a las urnas, el encierro se los impide. 

La Constitución define claramente en su artículo 16 las condiciones por las que alguien podría perder su derecho al voto. En el caso de la población penitenciaria, no basta con estar en la cárcel: hay que estar acusado o condenado por delitos que merezcan pena aflictiva (más de tres años) o que sean de carácter terrorista. Y no todos están en esa situación.   

A julio de 2020, de acuerdo con las últimas estadísticas de Gendarmería, el sistema está compuesto por 122.612 hombres y mujeres en régimen cerrado, abierto y postpenitenciario. Hay entre ellos condenados, procesados, detenidos e imputados. Los últimos dos suman poco más de 13.300 personas que, si bien enfrentan la justicia por haber cometido o participado en un supuesto delito, están en prisión preventiva y todavía no son condenados -y muchos podrían terminar absueltos-, por lo que sus derechos políticos no se encuentran suspendidos, a menos que ya cuenten con una acusación formal por pena aflictiva de parte del Ministerio Público. Representan el 10,8% de la población penal total y poco más de un tercio de aquellos que están efectivamente recluidos en un recinto penitenciario.

En la ONG Leasur, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los y las privadas de libertad, calculan que entre las personas recluidas las 24 horas hay unos 12.444 reos y reas que legalmente podrían ejercer su derecho a voto, pero que están imposibilitados de hacerlo por el encierro. 

Aunque los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile obligan al Estado a garantizar a la población privada de libertad sus derechos económicos, sociales y culturales, lo cierto es que nunca se han establecido mecanismos para que puedan ejercer su derecho ciudadano a sufragar. 

El tema no es nuevo. En 2016, previo a las elecciones municipales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso ocho recursos de protección en distintas Cortes de Apelaciones para exigirles al Servel y Gendarmería que tomen las medidas necesarias para que esa población pudiera votar. La mitad fue acogida por los tribunales.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH, señala que la acción se basó en que “ambas instituciones incurrieron en omisiones ilegales y arbitrarias, al no disponer medidas que permitan ejercer el derecho al sufragio para las personas privadas de libertad teniendo las facultades legales para hacerlo”. 

El fallo favorable de la Corte Suprema estipula que las instituciones en cuestión efectivamente han incurrido en una ilegalidad, pues están obligadas a velar por el oportuno y adecuado ejercicio del derecho a sufragio de las personas en prisión. Dice además que el Servel estaría facultado a “instalar locales de votación en recintos penitenciarios”. Pero no lo ha hecho, según señaló a Contexto Factual el presidente de su Consejo Directivo, Patricio Santamaría, porque para ello se requieren reformas legales. 

   

“No sólo hemos solicitado los cambios legales, sino que además hemos integrado mesas de trabajo con el Ministerio de Justicia de los últimos gobiernos, llegando a tener un proyecto durante la gestión de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, que al final no llegó a tramitarse en el Congreso. También hemos apoyado las mociones presentadas con esa finalidad, como la del diputado Raúl Saldivar”, explica Santamaría, quien acusa falta de voluntad política. 

En la ONG Leasur estiman que el Servel sí puede crear mesas electorales dentro de los recintos penitenciarios. Agustín Walker, miembro del departamento de políticas públicas de la organización, asegura que “el problema es que ha quedado siempre en mesas de trabajo y discusiones que sin duda son importantes, pero no se ha plasmado en las modificaciones legales que a juicio del Servel y Gendarmería se requieren para llevar a cabo el voto (...) Ellos tienen interés en participar. En un encuentro local autoconvocado que hicimos en 2016 en la cárcel de Colina, nos juntamos con un grupo de 25 privados de libertad y discutimos sobre una nueva Constitución. Lo que surgía eran ideas de tener más participación ciudadana, temas de acceso a la salud y medio ambiente, por ejemplo”, señala Walker.  

Covid-19 activos y sus contactos estrechos

El foco público del último tiempo ha estado fijo sobre la situación de hombres y mujeres con contagios activos por coronavirus, que a la fecha suman 15.770. Aunque la cifra va cambiando a diario y al día del plebiscito podrían ser más o menos, si la consulta ciudadana se realizara hoy, todos ellos quedarían vetados de participar. Aunque, por arrastre, la cantidad de excluidos a causa de la pandemia es mucho mayor: por cada cada contagiado hay que sumar su red de contactos estrechos.

Según el protocolo del Ministerio de Salud (Minsal), un contacto estrecho es alguien que ha brindado atención directa a una persona contagiada sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado, que permanece en su mismo entorno cercano -lugar de trabajo, el aula, hogar y reuniones en ambientes cerrados y a menos de un metro de distancia- o que ha viajado “en estrecha proximidad (a menos de un metro) con un caso confirmado con COVID-19 (sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte”. Quienes cumplan con esas condiciones, deben mantenerse en cuarentena sanitaria por 14 días y, por lo tanto, tampoco pueden ir a votar.   

El último informe de Indicadores, estrategia nacional de testeo, trazabilidad, y aislamiento del Minsal da cuenta de que por cada enfermo de Covid-19 hay en promedio 2,79 contactos estrechos. Lo anterior coincide con lo que señalaba hace un par de semanas la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y se traduce en que a nivel nacional, a los contagiados se sumarían  aproximadamente otras 44.058 personas que eventualmente tampoco podrían acudir a las urnas. El cómputo, en todo caso, no es del todo certero, pues no hay información respecto a cuántos de esos contactos estrechos serían menores de edad.

   
Mapa casos

Para dar solución a su situación, varias organizaciones propusieron diversas medidas. Voto postal, sufragio anticipado o un proceso electoral a realizarse en dos jornadas y no sólo en un día. Ninguna prosperó y para el plebiscito la discusión ya está zanjada, al menos para el gobierno, pues en el Congreso hay quienes aún no han tirado la toalla para asegurar su participación.   

Dos proyectos de reforma constitucional ingresaron el 1 de septiembre al Senado con el objetivo de incorporar a los contagiados y sus contactos al ejercicio democrático del 25 de octubre. Uno es iniciativa de las senadoras y senadores Ximena Rincón (DC), Adriana Muñoz (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Jorge Pizarro (DC), para obligar al Servel a facilitar el voto por correspondencia para aquellos electores afectados por la crisis sanitaria. El otro, donde también está Huenchumilla como autor junto a las senadoras Carmen Gloria Aravena (Evópoli) y Yasna Provoste (DC), y su par masculino Carlos Bianchi (Ind.), apunta a lo mismo, pero se diferencia en que el mecanismo propuesto es el voto electrónico.

Hay otra propuesta que pretende implementar el voto postal, pero circunscrito no sólo a los enfermos de Covid-19 o al plebiscito como horizonte próximo. No, apunta a algo más de fondo y central en las elecciones en Chile, incluso en la era pre-coronavirus: el abstencionismo electoral y sus efectos sobre el sistema democrático.

La iniciativa, al igual que otras, se centra en el voto postal como mecanismo para facilitar el voto, pero se diferencia de las ya señaladas en que abarca un espectro mucho más amplio: adultos y adultas mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, hospitalizados de cualquier edad, gente en cuarentena por motivos de salud, personas que estén en grupo de riesgo y aquellas que se encuentren privadas de libertad. Para todas ellas -propone la moción- “el Servicio Electoral podrá facilitar el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile”.

Los tres proyectos están recién en su fase inicial de tramitación y son pocas las posibilidades de que se sancionen antes del día en que haya elegir por el Apruebo o el Rechazo.

Adultos mayores y personas con discapacidad 

Las personas mayores han sido uno de los grupos más afectados por la emergencia sanitaria de estos últimos meses. Por lo mismo, surgen dudas sobre si este grupo podrá votar o no sin mayor dificultad, considerando que este sector etario, históricamente, es aquel que más vota.  

Según datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) este sector poblacional correspondía, en 2017, al 16,2% de la población nacional. Ahora, si se consideran las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la proporción podría alcanzar al 17,2%. 

Quienes podrían presentar una mayor complicación para sufragar son aquellos adultos mayores que residen en establecimientos de larga estadía (ELEAM): unos 24.214 repartidos en 994 locales en todo el país, ya sea en residencias o centros de apoyo. La cifra sólo considera a quienes se encuentran en lugares oficialmente registrados, pues existen residencias que funcionan de manera ilegal y no cuentan con los permisos sanitarios correspondientes. Lo de esos establecimientos es una cifra negra. 

Desde el Senama, aclaran que como regla general, a las personas en residencias que manifiestan su intención de sufragar se les facilita el desplazamiento, ya sea a través de sus familiares o de las instituciones donde se encuentran. Incluso, en su momento se sondeó la posibilidad de poner a disposición buses, pero fue descartado para evitar críticas o cuestionamientos por un supuesto “acarreo electoral”. 

A contratiempo, el 4 de septiembre se realizó una reunión telemática para abordar las posibles medidas a tomar a favor de los adultos mayores y personas en situación de discapacidad y su participación en el plebiscito. A la cita asistieron la primera dama, Cecilia Morel; el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría; el director nacional del Senama, Octavio Vergara; la ministra de Desarrollo Social (MDS), Karla Rubilar; y la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Ximena Rivas, entre otros. 

En el Senama indican que están trabajando en facilitar comunicacionalmente aspectos como el horario preferencial que ya fijó el Servel para que adultos mayores emitan su voto, que va desde las 14:00 a las 17:00 para las personas con más de 60 años, y que se suma al trato preferente que tendrán durante toda la jornada. 

Por su parte, desde el Senadis indican que la ley 18.700, artículo 67, garantiza, a todos los ciudadanos y ciudadanas que presentan algún tipo de discapacidad, la asistencia a través de otra persona en las urnas. Este beneficio que entró en vigencia para las elecciones de 2017, abarca a un gran número de personas. Aunque es de 2015, el último Estudio Nacional de la Discapacidad arrojó que el 20% de los adultos en Chile tiene algún grado de discapacidad, es decir, más de 2,6 millones de personas. De ellas, unas 216 mil corresponden a discapacidad severa.

Según ese estudio, son un sector de la población con un fuerte compromiso de participación política. Para las presidenciales de 2013, el 67% de las personas en situación de discapacidad fueron a votar.  

Quienes opten por la asistencia en el voto, deberán comunicar al presidente de la mesa verbalmente, por lenguaje de señas o por escrito que otra persona ingresará con ellos a la cámara de sufragio. Asimismo, se establece que nadie podrá obstaculizar o dificultar dicho actuar. 

Ambos servicios declinaron referirse más detalladamente al tema, ya que el MDS está pronto a anunciar más detalles respecto del trabajo que vienen elaborando junto al Servel enfocado en estas poblaciones. 


Palabras clave: