Discutible

Costo de una Convención Constitucional: “Entre gastos operacionales, asesores, viáticos y dietas es de, más o menos, en el período de 12 meses, $18 mil millones"

Juan Pablo Figueroa
23 Sep 2020

Si sólo tienes 5 minutos, lee estas claves:

– En la última edición de Estado Nacional, la periodista y asesora comunicacional María José Gómez, partidaria del Rechazo, aseguró respecto al costo que tendría una eventual Convención Constitucional: “He visto algunos números preliminares y el costo que va a tener una convención constituyente, si se da, entre gastos operacionales, asesores, viáticos y dietas es de, más o menos, en el período de 12 meses, $18 mil millones. Incluyendo todos estos costos, $9 millones por convencional al mes, $1.500 millones al mes, $10 mil millones para el próximo año, considerando si esto se instala en junio”.

– Los datos que entregó son DISCUTIBLES.

– Ella dice que la información provendría de un supuesto informe que estaría preparando la Cámara de Diputados previo a la discusión de la Ley de Presupuestos.

– Desde la Secretaría General de la Cámara descartan que estén preparando un informe, pero reconocen que sí hubo una reunión informal con la Segpres donde se les entregó una estimación global en un powerpoint. Los datos ahí expuestos, dados también a conocer por La Tercera PM, se acercan bastante a lo señalado por Gómez en el programa de televisión.

– Sin embargo, la estimación es preliminar y no hay datos oficiales, pues aún falta mucho por definir, como la sede que utilizaría la convención, el número de integrantes que conformarían el comité técnico y los montos de sus remuneraciones, entre otros.

– En rigor, el único costo que ya se encuentra definido está en la Constitución y es la dieta de los convencionales, que consistirá en 50 UTM al mes, que a la fecha equivale a poco más de $2,5 millones. Todo lo demás está sujeto a cambios y dependerá de la toma de diversas decisiones que aún no se han concretado.


Fue el domingo 20 de septiembre, durante la transmisión de Estado Nacional, en TVN. Cuando el programa ya llevaba 36 minutos al aire, una de las panelistas, la periodista y asesora comunicacional María José Gómez, partidaria del Rechazo y exjefa de gabinete de Andrés Chadwick cuando era ministro del Interior, comenzó a hablar de los supuestos costos que tendría una eventual Convención Constitucional. Dijo:

“La Cámara de Diputados tiene que emitir un informe respecto a los costos de esto. Me podrán decir que la democracia no tiene precio, pero creo que es importante que cuando la gente vote, lo haga informada (...) He visto algunos números preliminares y el costo que va a tener una convención constituyente, si se da, entre gastos operacionales, asesores, viáticos y dietas es de, más o menos, en el período de 12 meses, $18 mil millones. Incluyendo todos estos costos, $9 millones por convencional al mes, $1.500 millones al mes, $10 mil millones para el próximo año, considerando si esto se instala en junio”.

Tras consultarle a Gómez por el origen de esos datos y contrastar con diversas fuentes, Contexto Factual calificó su afirmación como DISCUTIBLE. Básicamente porque, si bien se basa en datos que sí existen, se trata de estimaciones preliminares y globales, sin sustento en decisiones ya tomadas, y porque ante la falta de información oficial, es imposible asegurar a esta altura que esos vayan a ser efectivamente los costos asociados a la redacción de una nueva Constitución.

   
  
A la fecha, la única referencia oficial y ya definida respecto a los posibles costos que tendría la implementación de un órgano constituyente está en la Carta Fundamental, en el artículo 134 inciso quinto, donde dice: “Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento”.

Esas 50 unidades tributarias mensuales (UTM) equivalen actualmente a unos $2.516.100, de acuerdo con los valores de referencia del Servicio de Impuestos Internos (SII). Eso implica que sólo considerando sus dietas, en el caso de una Convención Constitucional con 155 integrantes electos en las urnas, el gasto mensual bordearía los $390 millones; unos $2.730 millones durante 2021 -considerando que si gana el Apruebo, se contempla su inicio de funciones a partir de junio-; y unos $4.680 millones al año.    

En el caso de la Convención Mixta, las cifras serían inferiores, pues si bien tendría más integrantes (172 en total), sólo la mitad recibiría esa remuneración, pues el 50% restante estaría conformado por parlamentarios en ejercicio que seguirían percibiendo sus sueldos a cargo del Congreso, con dietas que hoy superan los $7 millones. 

Pero Gómez no sólo se refería a las remuneraciones. Habló también de asignaciones, viáticos y gastos operacionales. Cuando se le consultó por el origen de la información que dio a conocer en televisión, respondió que todos los datos provenían de un informe que estaría preparando la Cámara de Diputados, a solicitud del Ejecutivo, previo a la discusión de la Ley de Presupuestos 2021. Aunque aseguró no tener el documento a mano y que se trataría de cifras preliminares, afirmó que este estaría en poder de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Contexto Factual se comunicó con el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), vicepresidente de la Cámara, quien señaló que “efectivamente se está trabajando en eso, pues hay que ver cómo se va a implementar, y está bien, pero no hay nada oficial todavía”. 

Al consultarle por el preinforme y las cifras específicas, Undurraga respondió: “Yo no lo tengo. Lo está haciendo la parte administrativa de la Cámara. Uno como miembro de la mesa está en conocimiento de ciertas cosas, pero obviamente no tengo el detalle de cuánto cuesta un asesor ni un secretario de comisiones. Y ese trabajo todavía no está presentado”.

Se consultó, entonces, a Miguel Landeros, secretario general de la Cámara, quien descartó de plano la existencia de algún informe, ni terminado ni en etapa preliminar, y aseguró que no se les ha mandatado formalmente para hacer un estudio de costos de la convención, y que ese es un trabajo que depende de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Dirección de Presupuestos (Dipres). De hecho, ratificó que lo único que sí está definido hasta el momento es el pago de las 50 UTM y que sobre todos los otros gastos no hay ninguna claridad.

Landeros explica que por ahora es muy difícil determinar con exactitud los posibles costos de un órgano constituyente mientras no haya definición respecto de varios factores importantes. Por una parte, menciona, “está el comité técnico, del cual aún no se sabe siquiera cuántas personas lo integrarán ni el monto de sus remuneraciones. Tampoco está claro dónde se instalará la convención para desarrollar su trabajo, y eso es clave para determinar los costos de instalación”.

Eso sí, aunque asegura que si bien no hay un informe, sí reconoce que hubo una conversación informal con la Segpres donde se les presentó un documento de powerpoint con cifras preliminares y globales, pero insiste en que no fue una presentación formal ni un estudio acabado, sino apenas una estimación que contemplaría para un año un costo total de entre 14 y 18 mil millones anuales. Si bien Contexto Factual no pudo acceder directamente a ese archivo, distintas fuentes consultadas para este artículo ratificaron que son los mismos datos que se filtraron y publicó el lunes 21 de septiembre La Tercera PM.    

En ese artículo se señala que en la reunión habrían participado los diputados Diego Paulsen (RN) y Francisco Undurraga, presidente y vicepresidente de la Cámara, respectivamente; Miguel Landeros y el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, y que fue ahí que le hicieron entrega de un powerpoint titulado Estimación de costos funcionamiento de la convención constitucional, donde habrían sacado “sus propias cuentas en base a la experiencia de gasto del Parlamento”.

Dice el artículo de La Tercera PM: “Los representantes de la mesa de la Cámara transmitieron que el valor de instalación del proceso constituyente sólo en los siete meses de 2021 que podría funcionar una convención podría alcanzar los $10.270 millones. Ese valor incluye 8 mil millones en dietas y asignaciones, poco más de $1.300 millones en la instalación de equipos técnicos, y está construido en base a la posibilidad de que la sede de la convención fuera el edificio del ex Congreso Nacional que dejó de funcionar para sesiones desde el inicio de la pandemia. Para ello se contemplan más de $900 millones en la habilitación del salón de honor”.  
Según los montos señalados, el desglose global a partir de esos datos estimados para una Convención Constitucional de 155 integrantes, sería el siguiente:



Diversas voces han señalado el último tiempo que una Convención Constitucional será como tener dos Congresos, algo que Contexto Factual ya verificó previamente y calificó como FALSO, PERO… Aun así, hay quienes lo siguen asegurando. De hecho, antes de hablar de las cifras, María José Gómez dijo en el mismo programa que “vamos a tener una segunda Cámara de Diputados”. Y en los últimos días, los montos que ella dio a conocer han sido ampliamente replicados en redes sociales. 

Una de las personas que más eco han hecho del supuesto costo que tendrían los convencionales ha sido la exministra de Educación y actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos. El 22 de septiembre, publicó en su cuenta “que partidarios del #Apruebo apoyan la existencia de 155 ‘diputados-constitucionales’ adicionales, que costarán a todos los chilenos $9.500.000 mensuales”. Si bien la cifra se acerca a la estimación extraoficial, no es comparable con los diputados en términos de costo. De hecho, el presupuesto anual para el funcionamiento de la Cámara supera actualmente los $72.657 millones. En otras palabras, tomando en cuenta esos mismos datos preliminares, una Convención Constitucional costaría al año apenas una cuarta parte de los recursos que requiere la Cámara Baja. Pero, de nuevo, todavía no hay datos oficiales que permitan hacer un cálculo certero y preciso.


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